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CONTENIDO EXCLUSIVO.La decisión de Daniel Ortega de renunciar a la participación del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), su renuencia de no responder a las solicitudes realizadas por el secretario general del organismo, Luis Almagro, sumado a la agudización de la represión, crisis sociopolítica y de derechos humanos, ha llevado a que ahora surja la propuesta de expulsar al país del organismo. ¿Qué significa para Nicaragua?
LA PRENSA consultó a expertos en Derecho y Relaciones Internacionales quienes responden a las interrogantes y comparten las posibles consecuencias. Después de que el jueves 3 de febrero, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, advirtió en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU., que “Nicaragua está en camino de ser expulsada de la OEA”, en respuesta a “la dirección que está tomando”.
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Cabe destacar que el pasado el 19 de noviembre de 2021, Nicaragua, por decisión del régimen orteguista, oficializó su renuncia a participar en la OEA en respuesta a la resolución “La situación de Nicaragua” que aprobó la Asamblea General de la OEA, en la que declaró ilegítimas las elecciones generales en Nicaragua y mandó a una evaluación por parte del Consejo Permanente de la crisis del país.
¿Puede expulsar la OEA a un Estado?
El nicaragüense Eddy Acevedo, exasesor personal en política exterior de la excongresista Ileana Ros-Lehtinen y actual asesor senior del Presidente del Woodrow Wilson Center (o Centro Nacional para Académicos Woodrow Wilson), explicó que la OEA sí puede expulsar a un Estado.
Y añadió, que a su criterio, sí el organismo quiere mantener credibilidad y defender la Carta Democrática, “no le queda más remedio que expulsar a Ortega-(Rosario) Murillo (vicepresidenta designada y esposa de Daniel Ortega) de la organización. Su reputación está en juego si no pueden lograr esto”, indicó.
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Por su parte, el experto en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo Zamora, considera que el tema de la renuncia y la expulsión de Nicaragua ante la OEA se convirtió en “una competencia diplomática” debido a que “Nicaragua dice ‘me voy, renuncio’, esto no sirve para nada, esto es manipulado, y la OEA, ahora dice ‘no le vamos a dar gusto de que se vaya, lo vamos a echar'”.
No obstante, el desenlace de este vilo, sea la expulsión de Nicaragua, a lectura de Murillo Zamora en términos de la historia y las relaciones diplomáticas del país, “quedaría marcado el haber sido expulsado de una organización porque es distinto como lo que ocurrió Honduras en 2009 cuando fue suspendida, la expulsión que no es muy común, queda ahí registrada como un país que fue expulsado”.
Cuba en 1962 fue expulsada de la OEA, sin embargo, el 3 de junio de 2009, los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas adoptaron una resolución en la cual resuelve que la Resolución de 1962, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la OEA. La resolución de 2009 declara que la participación de la República de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de la República de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA.
Sin embargo, el costarricense Carlos Cascante Segura, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), insiste en señalar que la carta de la OEA “no establece la capacidad de expulsar de un Estado lo que establece es la posibilidad de suspensión de participación de un gobierno que haya llegado al poder violando las normas fundamentales de transición de poder político. Nicaragua está en camino a que la suspendan, y no el Estado, al Gobierno de Nicaragua de participar en las asambleas generales y ordinarias de la representación dentro de la OEA”.
Añade que cuando se suspende un gobierno, a pesar de ello, “la relación mediante el tratado se mantiene vigente y por ende están obligados a cumplir con todas las obligaciones que establece el tratado”.
¿Qué dicen los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana?
El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana señala que “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
Añade que el Consejo Permanente, según la situación, “podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”.
Desde que inició la crisis sociopolítica de Nicaragua en 2018, la OEA ha abordado al menos 10 veces la situación de este país.
Ese artículo también establece que durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
El artículo siguiente, el 21, señala que “cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato”. Es decir, 24 votos, según lo han explicado expertos en la materia.
“El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos. Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado”, concluye el artículo 21.
¿Qué implica para Nicaragua?
Sobre lo que implica para Nicaragua una eventual expulsión o suspensión, los expertos consultados por LA PRENSA plantean distintos opiniones. El politólogo y analista del Diálogo Inter-Americano en Washington, Manuel Orozco, refiere que se debe tener en cuenta que la advertencia de Nichols se entiende en dos momentos.
“Una que Estados Unidos está iniciando la implementación de presiones sobre Nicaragua, que se tenía previsto después de la toma de posesión de (Xiomara) Castro en Honduras”, y por otro lado, el sistema interamericano “se reactivará y aislará a Nicaragua”.
Orozco considera que “Nicaragua intenta tapar el dedo con un sol, con eso de salirse de la OEA, pero la realidad es que el mundo está consciente de que lo que esta haciendo el régimen va en contra de todos los valores del mundo moderno: impunidad, expulsión, exclusión, represión, inseguridad regional, miedo”.
Mientras que, Murillo Zamora indica que el hecho de que ahora expulsen y sancionen a Nicaragua “no termina teniendo mucho sentido para Nicaragua por que ya habría renunciado y solo son los dos años de obligaciones que ya comenzaron a correr, por eso yo creo que es más una cuestión de competencia diplomática y de que no le damos gustos a la contraparte”.
Valora que “para Nicaragua nada, no va a ver ningún cambio, eso es irrelevante sobre todo en la actual coyuntura”.
¿Consecuencias económicas?
Una opinión diferente tiene el experto Cascante Segura expone que en cualquiera de los dos casos tendrá repercusiones o efectos del orden político. ¿Cuáles son?, tienen que ver con medidas de presión diplomáticas y económicas.
“Algunos ya se han venido dando que son las sanciones a miembros particulares del régimen Ortega Murillo, lo otro que puede presentarse son las sanciones de organismos internacionales de financiamientos, organismos internacionales del orden económico, al Estado nicaragüense ahí estamos hablando por ejemplo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tiene una cartera de préstamos blandos muy importantes en Nicaragua, estamos hablando de el financiamiento que brinda el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) lo que seria un elemento bastante fuerte que sería cerrar la llave de la cooperación económica hacia Nicaragua”, advierte.
A la vez, subraya que ante este panorama el gobierno Ortega-Murillo ha intentando diversificar su acercamiento a otras posibles fuentes de financiamientos y menciona precisamente el caso más reciente de China, y señala que “lo que habría que valorar y todavía creo que es temprano para hacerlo porque pese a que ya se ha firmado una serie de convenios con China, y es muy probable que ya haya comprado bonos de la deuda pública de Nicaragua, pues no sabemos si la cooperación china en un mediano plazo puede sustituir toda la cooperación que viene con organismos vinculados con el sistema hemisférico de financiamiento el BID”, concluyó.