Falta de acceso a la justicia, violencia perpetrada por colonos, la unión infantil, la pobreza y la misoginia son partes de las violencias que denuncian las mujeres originarias de las comunidades indígenas. Ellas señalan que estas son limitantes para alzar sus voces y salir de los ciclos de violencia.
“En las comunidades indígenas las mujeres vivimos diversas situaciones. Se nos privan nuestros derechos”. “Los hombres golpean a sus esposas”. “Las mujeres son violentadas”, son algunas de las situaciones que denuncian las mujeres indígenas a la organización comunitaria Prilaka Community Foundation.
Una lideresa comunitaria que prefiere no ser citada por temor a su integridad física, señala que los índices de violencia en las comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua contra las mujeres son elevados y no es un tema reciente, sino que llevan años sucediendo sin que las autoridades correspondientes le dé el tratamiento adecuado a esta problemática que no permite el correcto desarrollo de las mujeres y las niñas.
También menciona que al no ser visibilizado el actuar contra las mujeres, se crea una cultura de normalización. “Una de las formas más común en Puerto Cabezas es el acoso callejero, pero no es como en Managua. Acá te tocan y llegó un momento donde en el mercado municipal no podías caminar, incluso a niñas pequeñas, los mismos comerciantes y no hacían nada”.
Uniones infantiles y pobreza
Según el último informe Encuestas de hogares para medir la pobreza en Nicaragua, realizado por la Fundación Internacional para el Desafío Económico en el año 2019, el 59 % de las personas en el Atlántico vivían pobreza, y 8.9 % en extrema pobreza.
La líderesa comunitaria menciona que uno de los principales factores que perpetúa la violencia que sufren las mujeres es la pobreza y la falta de acceso a la educación. “La pobreza en la región, la falta de acceso a la educación en la región hacen que la ignorancia de los padres de familia crean que las niñas o las mujeres son un estorbo y para ‘sacarlas’ de la pobreza las casan con hombres mayores que le doblegan o le triplican la edad”.
Destaca que las uniones infantiles es una práctica muy frecuente en las comunidades indígenas, que se viene realizando desde hace mucho tiempo. Cuando se abusaba sexualmente de una menor, por la integridad la familia del abusador tenía que entregar algún bien material a la familia de la víctima, relata la lideresa.
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Los organismos defensores de los derechos de las mujeres han venido trabajando en la denuncia de estas prácticas que vulneran la integridad física y la salud mental, por lo cual algunas ya se han dejado de realizar, comenta la lideresa.
También se señala que aparte de la carga doméstica y los roles de trabajo socialmente asignados, estas mujeres están obligadas a trabajar el campo, lo que representa otra limitante para ellas. “Piden empleo como agricultoras para poder sobrevivir. Las mujeres queremos trabajar, si hay algún proyecto o alguna oportunidad ayuda mucho a dejar de depender económicamente de sus parejas y salir del ciclo de violencia para criar a sus hijos”, señala una comunitaria.
“Hay muchas mujeres que quieren emprender o ser autosostenible, pero sus parejas no les permiten trabajar o si trabajan les quitan el dinero para consumir droga. Los hombres prefieren que las mujeres se queden en casa teniendo y criando a sus hijos, eso les afecta de manera física y emocional. Prácticamente las obligan a tener hijos, incluso les dicen ‘vos sos mi mujer y me vas a tener, si son 20 pues 20 hijos, vas a seguir pariendo porque como hombre te lo exijo’, pero cuando observas el hogar puedes notar que viven en pobreza, hace falta azúcar, sal, aceite y comida. La mujer se la tiene que ingeniar para sustentar el hogar. Hay mujeres emprendedoras, pero no se les apoya y ellas buscando la manera de comprar un poco de harina, hacen pan. Mara, cocina y vende gallina, pero el hombre siempre está en contra, por eso se necesita capacitación para la comunidad”, expresó otra de las comunitarias a través de la Prilaka.
Falta de acceso a la justicia
La lideresa señala que las invasiones de los colonos afectan gravemente a toda la comunidad, las mujeres sufren mayor vulneración ante los invasores. Por el riesgo que se corre, los hombres se quedan en casa sin la posibilidad de ir a sus territorios o a sus parcelas a trabajar, y esto hace que las mujeres vivan mayor violencia física ejercida por sus parejas al compartir mayor tiempo con el abusador. “Antes era un alivio para ellas que su marido se fuera a trabajar, entonces ahora lo tiene mayor tiempo en casa maltratándola”, afirma.
Además, menciona que se han registrado casos de abusos sexuales por parte de los colonos a mujeres indígenas en las comunidades. Poder acceder a la justicia menciona que es un proceso extenso y complejo porque no en todas las comunidades hay una comisaría, no tienen acceso a energía eléctrica, acceso intermitente a señal telefónica, además el trasladarse de una comunidad a otra para poder interponer la denuncia requiere gastos económicos que las mujeres no pueden costear, teniendo como consecuencia la impunidad de los victimarios y femicidas.
“En nuestra comunidad no hay autoridades como la Policía o el Ejército, entonces cuando ocurre algún caso de violencia recurrimos al juez de la comunidad, pero ellos no siempre abogan por nosotras. Incluso cuando son citados (los victimarios) no llegan, pasa el tiempo y se deja en el olvido”. “Vivo en el territorio de Kipla, por poner un ejemplo, si a alguna mujer la violan, la matan o la machetean, el acceso a la justicia de aquí a Waspam (cabecera municipal) tiene un costo de más de mil córdobas, sumando a esto la comida, estadía, pasaje, ida-retorno y otras condiciones como la pobreza o falta de apoyo, no accedemos a la justicia, preferimos dejarlo así”, afirmaron mujeres originarias de la Costa Caribe.
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