Al confiscar de facto seis universidades privadas y transformarlas en centros «estatales», el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo busca convertir la educación superior de Nicaragua en un «instrumento político» de su Administración, y de esta manera cercenar cualquier posibilidad de «pensamiento crítico» entre los estudiantes, expusieron tres catedráticos, entre ellos uno de la Universidad de Costa Rica.
Durante un foro virtual organizado por la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), el académico Ernesto Medina, exrector de la UAM, de UNAN-León y expresidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), sostuvo que quienes ahora están al frente de la educación superior son «comisarios políticos», obedientes a las órdenes del régimen orteguista, y no gente con la «calificación técnica» requerida para solucionar problemas educativos.
«En este momento quienes tenemos al frente de los diferentes niveles son comisarios políticos y personas que se ocupan de velar porque en todas las etapas del sistema la gente únicamente obedezca las órdenes que vienen de los altos personeros del Gobierno y ninguno está preocupado por el tema pedagógico tan urgente de resolver», lamentó Medina.
El pasado 7 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó con «trámite de urgencia» tres leyes que sustituyen la razón social de las universidades canceladas y ordenó crear tres universidades estatales, las cuales se encargarán de administrar las seis casas de estudios privadas ilegalizadas.
Las normativas aprobadas refieren que la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) pasará a ser la Universidad Nacional Politécnica (UNP), mientras que la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse) ahora pasará a ser Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda.
En tanto, los recintos como la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y la Universidad Paulo Freire (UPF) se fusionarán en una misma como Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.
«Con estas medidas han borrado de un plumazo lo poco que quedaba de autonomía universitaria y se da la señal de que el Gobierno no está interesado en tener universidades como instituciones que tienen como fin la verdad y desarrollo del país, lo que tenemos ahora son centros de entrenamiento para convertir a los jóvenes en personas leales, dóciles y serviles al régimen, y con esto se mata el futuro del país», refutó Medina.
Ante este escenario, el catedrático considera que Nicaragua atraviesa los momentos más oscuros de la historia de la educación «y nos obliga a plantearnos compromisos como nicaragüenses y ponerle fin a esta agresión contra la inteligencia».
Universidades convertidas en una «caricatura»
A criterio del rector de la UPF, Adrián Meza —quien también participó en el foro de la CUDJ— con la estatización de las universidades el régimen deja a la educación superior sin criterios académicos y científicos que permitan que Nicaragua se incorpore a los procesos de acreditación, por lo que deja a las universidades convertidas en una «caricatura» de lo que debe ser una institución de educación superior.
«La calidad de la educación superior está en crisis desde hace varios años y ahora se profundiza porque los criterios con los cuales se conduce no son criterios académicos, científicos ni de desarrollo, son criterios de sujeción política, que pone en riesgo las posibilidades de que Nicaragua se incorpore a los distintos procesos de acreditación y deja prácticamente la universidad convertida en una caricatura», señaló Meza.
Por su parte, el catedrático Alberto Cortés, de la Universidad de Costa Rica (UCR), aportó que cuando un régimen avanza hacia el recorte de la autonomía universitaria, del derecho de libre pensamiento, se hace evidente «que es un régimen de carácter autoritario» que no tolera la crítica, la oposición y mucho menos el cuestionamiento libre por parte de una sociedad.
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«(El régimen) teme a la capacidad de movilización y se desarrolle una arremetida tan violenta (…) no es una reforma ni una lucha que busca desprivatizar el acceso a la educación superior, sino todo lo contrario, están buscando cercenar la posibilidad de que haya un ejercicio de la docencia, de la acción social o de la extensión universitaria que pueda generar pensamiento crítico», consideró Cortés.
Consecuencias de la partidización
Mientras, el académico Medina puntualizó que, en principio hay muchos impactos inmediatos para los universitarios afectados tras la confiscación, ya que hasta ahora no ha habido una postura clara que les dé tranquilidad a los estudiantes. El Consejo Nacional de Universidades (CNU) solo ha garantizado continuidad educativa, pero mantiene hermetismo en cuanto a quiénes serán las nuevas autoridades y todo lo relacionado con el nuevo mecanismo educativo.
«Está otro impacto y es la forma en que todo esto se ha hecho, violentando elementos básicos de legalidad y dan un mensaje a los jóvenes que la ley no importa (…) y eso mina el espíritu de una sociedad porque al final los muchachos deciden que el mejor camino es lo que las autoridades quieren imponer a la fuerza y con eso nos exponemos a poner en peligro a una generación más», alertó Medina.
Por su parte, el catedrático costarricense enfatizó que esto traerá como consecuencia la pérdida de calidad educativa e inseguridad, ya que el régimen apuesta en «aplastar toda forma de posibilidad de pensamiento crítico y de organización cívica y política», sin embargo, Cortés cree que esta capacidad de manipular «tiene un límite».
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«Lo que nos demuestra abril de 2018 es que estos intentos de aplastamiento y adoctrinamiento de la sociedad solo se sostienen por el uso de la fuerza, ya que es una minoría lo que controla el orteguismo, entonces yo veo estas acciones como un acto desesperado por cerrar cualquier espacio de pensamiento libre porque los amenaza muchísimo», señaló Cortés.
Los catedráticos finalizaron con un consejo a los universitarios y recalcaron que para que puedan incidir positivamente en esta situación compleja que atraviesa la educación superior lo primero es buscar la unidad entre las fuerzas estudiantiles.
«Los jóvenes tienen que identificar claramente cuál es su objetivo en la lucha y pienso que lo primero es la democratización de la autonomía y la rendición de cuentas a las autoridades que han sido cómplices de toda la tragedia y pedir cuenta a UNEN y la responsabilidad que tiene en el deterioro de las universidades, en el despojo de la autonomía universitaria y el papel que jugaron en la expulsión de estudiantes», aconsejó Medina.
