La presidenta de la organización en el exilio SOS Nicaragua Madrid, la nicaragüense Arascelly Sauceda, visitó este viernes el Parlamento español para entregar cartas a cinco partidos, en las que pide a sus miembros pronunciarse en contra de los «juicios ilegítimos y arbitrarios» en los que están siendo acusados los presos políticos de Nicaragua.
«Hoy me he presentado al Congreso de los diputados para solicitarles a ellos y demandar que alcen su voz ante las injusticias que se están cometiendo en Nicaragua, con nuestros presos políticos con esos juicios ilegítimos que están viniendo una vez más a destrozar los derechos humanos, los derechos humanos, los derechos que todos tenemos a tener libertad de expresión, a poder alzar nuestra bandera», expresó Sauceda a través de un video grabado frente a la sede del congreso español.
Los partidos a los que se les entregó cartas son los siguientes:
Partido Popular (PP), presidido por Pablo Casado; PSOE (Partido Socialista Obrero Español), liderado por Pedro Sánchez; Ciudadanos, presidido por Inés Arrimadas; VOX (voz en latín), presidido por Santiago Abascal, y Podemos, presidido por Pablo Iglesias.
Luis Blandón, miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes MRS) —organización política que tiene a seis de sus líderes presos por su oposición al régimen de Daniel Ortega—, manifestó que también quieren que el Gobierno español se pronuncie sobre la situación de Nicaragua.
«Los nicaragüenses vamos a seguir alzando la voz, incidiendo en todos los espacios que sea posible, principalmente para que los nicaragüenses no sientan que están solos», agregó el opositor quien vive en Madrid y acompañó la iniciativa de SOS Nicaragua.
A partir de este martes 1 de febrero, el régimen de Daniel Ortega inició los juicios contra los presos políticos para condenarlos por «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua».
La organización SOS Nicaragua nació tras los eventos de represión contra las protestas civiles que surgieron en 2018, en las que murieron más de 300 personas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
