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Desde que las instalaciones de LA PRENSA fueron tomadas y nuestro gerente general, Juan Lorenzo Holmann, fue detenido. ¡LA DICTADURA NO PUEDE OCULTAR LA VERDAD!

(Foto de archivo) Juan Reyna no paró de trabajar -antes de ser detenido tenía dos empleos de carpintero y soldador-, se casó, compró casa y auto. LA PRENSA/AFP

“No soy un criminal”: mexicano indocumentado amenazado con expulsión tras 25 años en EE.UU.

Juan Reyna llegó a Estados Unidos en 1996 cruzando el Río Grande. Fue detenido en enero de 2021 y permanece a la espera de que se resuelva el recurso contra su expulsión del país.

El 14 de enero de 2021 a las 2 de la tarde, la vida le dio un vuelco al mexicano Juan Reyna. Una patrulla policial le dio el alto cuando se dirigía con otros cinco operarios a trabajar, cerca de San Antonio, Texas.

Desde entonces, este mexicano de 48 años, que llegó a Estados Unidos en 1996 cruzando el Río Grande o Río Bravo, está detenido en un centro del servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Pearsall, cerca de Austin (Texas) a la espera de que se resuelva el recurso contra su expulsión del país.

Reyna es uno de los 11 millones de inmigrantes indocumentados a los que el presidente demócrata Joe Biden prometió regularizar durante su campaña electoral, aunque hasta ahora no ha logrado cumplir su promesa.

Aun sin papeles, en los 25 años que lleva en Estados Unidos, Reyna no paró de trabajar -antes de ser detenido tenía dos empleos de carpintero y soldador-, se casó, compró casa y auto y se convirtió en el papá de los dos hijos de su esposa Guadalupe, de 13 y 9 años.

“No soy un peligro para la sociedad. No soy una amenaza para este país”, dice por teléfono a la AFP, tras permanecer un año detenido en ese centro del ICE, donde trabaja limpiando baños y pisos por tres dólares la hora.

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A veces, confiesa, se siente “deprimido, frustrado porque abandoné a mi esposa y a mis hijos”. “Nos tratan como una escoria”, lamenta.

“Lucho por salir adelante. He trabajado por este país que me ha dado muchas cosas, y le doy gracias porque me ha tratado bien. He tenido mucho trabajo”, dice.

“Batalla psicológica y económica”

La justicia sellará su futuro el 27 de enero en un juicio en apelación después de que el 3 de diciembre un juez decretara su expulsión a México, tras pasar más de la mitad de su vida en Estados Unidos.

En el primer juicio, el juez consideró que “no cumple los requisitos ya que sus hijos no tienen problemas médicos graves y la madre podría demandar al padre biológico para que la ayude”, explicó a la AFP su abogada Kathrine Russell, de la ONG Raíces, que asumió su defensa legal.

“Tenía que probar que sus hijastros iban a sufrir ‘dificultades excepcionales y extremadamente inusuales’ si lo deportan”, precisa la abogada.

Ahora, Reyna “confía en que el juez va a tomar una decisión favorable para mi, para mi esposa y mis hijos”, dice.

“Mis hijos lo aman, lo adoran, lo miran como a su papá”, señala su esposa Guadalupe Martínez, de 32 años, a la AFP en conversación telefónica.

Cuenta que tras la detención de su esposo, con quien se casó en 2016, “empezó una batalla dura para mis hijos y para mi, tanto psicológica como económicamente”.

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“Lo poquito que hemos construido ha sido aquí. Hemos comprado una casa y la estamos pagando”, dice esta mexicana que lleva 20 años viviendo en el país, también indocumentada y con hijos nacidos en Estados Unidos, lo que no impide a priori su expulsión.

“Muy duro, cuesta pasar por estas situaciones. Para él es muy difícil, un año ya fuera de casa”, resume, no sin recordar que hay muchas familias pasando por el mismo calvario.

Tras recabar 2.500 firmas y cientos de cartas para pedir al ICE que libere a Juan Reyna, Raíces ahora apela al congresista Lloyd Dogget, un demócrata del distrito de Austin, para que presione al ICE y deje a Juan Reyna regresar con su familia. 

Doggett no respondió a la llamada de la AFP.

Terroristas y criminales

Según las últimas disposiciones del gobierno de Biden, Juan Reyna no debería estar detenido.

El 30 de septiembre pasado, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de origen cubano, instruyó a las autoridades migratorias y policiales para que se centren en la expulsión de las personas sospechosas de terrorismo, que hayan cometido delitos graves o aquellos que hayan cruzado recientemente la frontera de forma ilegal.

Sin embargo, según datos de la ONG Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), el 74,6% de las 20.623 personas que estaban en centros del ICE el 19 de diciembre de 2021 -un 8,5% más que el año anterior- no tenían registros criminales.

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El pasado año, los jueces emitieron 1,.480 órdenes de deportación. Los guatemaltecos encabezaban la lista de expulsados.

A los tribunales llegaron 201,143 nuevos casos, de los que se resolvieron 66,045.

A finales de diciembre de 2021, había casi 1.6 millones de casos activos en los tribunales migratorios, según TRAC.

En el ambicioso programa social de Biden, “Reconstruir mejor”, cuya aprobación por el Senado no está garantizada, se incluye un apartado sobre inmigración que podría cambiar la vida de hasta siete millones de inmigrantes indocumentados. 

Estos podrían solicitar permisos de trabajo, viajar al extranjero y sacar licencias de conducir, en tanto estarían protegidos contra la deportación durante un periodo de hasta diez años.

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