La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha violentado sistemáticamente a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, consideradas opositoras o críticas, concluyó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN) en un informe divulgado este jueves 18 de junio. El documento alerta sobre los graves riesgos que enfrentan las mujeres a manos del régimen en un retrato detallado de la represión y el horror a las que han sido sometidas.
La investigación sostiene que, desde el estallido de las protestas de abril de 2018, las autoridades nicaragüenses desarrollaron mecanismos represivos en los que el género desempeñó un papel determinante tanto en la selección de las víctimas como en los métodos utilizados para perseguirlas.
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«El gobierno de Nicaragua ha utilizado la violencia de género como arma de represión política contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+, con el fin de castigar y silenciar a miles de personas en todo el país», señaló el Grupo de Expertos.
Según el informe, cientos de mujeres defensoras de derechos humanos, feministas, periodistas, lideresas políticas, campesinas, estudiantes, indígenas, afrodescendientes y activistas LGBTIQ+ fueron víctimas de hostigamiento, detenciones arbitrarias, violencia sexual, campañas de difamación, desnacionalización y exilio forzado.
Foto: Tomada del sitio web / opendemocracy.net
Centenares de víctimas
Según el Grupo de Expertos, más de 5,000 personas fueron detenidas arbitrariamente entre abril de 2018 y abril de 2026. De estas, 988 eran mujeres, y de ellas, 233 eran defensoras de derechos humanos, activistas, feministas, periodistas, lideresas políticas y estudiantiles, académicas o promotoras culturales.
«Cientos de mujeres de todas las edades —defensoras, feministas, periodistas, líderes políticas, campesinas, estudiantes, así como mujeres indígenas, afrodescendientes y LGBTIQ+— han sufrido múltiples violaciones de derechos y persecución política, agravadas por la discriminación y estereotipos de género», afirmó Ariela Peralta Distéfano, integrante del Grupo de Expertos.
Peralta añadió que, a este tipo de violencia, se sumó el desmantelamiento de las organizaciones que mujeres dirigían para defender a otras mujeres.
«La detención arbitraria de mujeres, y en ciertos casos su desaparición forzada, ha interrumpido sus trayectorias profesionales y afectado su situación económica. También ha trastocado sus roles de cuidado, separándolas de sus hijas e hijos y desarticulando dinámicas familiares», indica el informe.
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos, destacó que el impacto de estas violaciones ha sido profundo, interconectado y diferenciado, según el género de la víctima.
«La represión política contra mujeres ha generado un impacto directo contra sus hijos e hijas, incluso menores de edad, en contravención del principio del interés superior de la niñez», agregó.
Estigmatización: «Malas madres» y «enemigas de la familia»
El informe documenta que la represión contra las mujeres estuvo acompañada de una estrategia de estigmatización basada en prejuicios y estereotipos sexistas, promovidos desde el aparato estatal.
«A medida que la represión se volvió más sistemática, las autoridades empezaron a reprimir a las mujeres y personas LGBTIQ+ con liderazgo en las protestas y en la crítica al Gobierno», señala el documento.
Los expertos concluyeron que «las formas de represión estuvieron moduladas por su género para incluir, en particular, violencia física y psicológica sexualizada, y campañas de desprestigio y estigmatización enfocadas en roles de género, en las que las víctimas eran tildadas de ‘malas madres’ y acusadas de representar un peligro para la familia tradicional».
Asimismo, las autoridades continuaron criminalizando a defensoras de derechos humanos y activistas políticas mediante calificativos como «agentes extranjeros», «traidoras a la patria» y «enemigas de la familia«, mientras aumentaban la vigilancia digital y las campañas de difamación sexualizada.
El Grupo también documentó campañas de descrédito, promovidas desde instituciones estatales y medios oficialistas, en las que las víctimas eran calificadas de «abortistas» o acusadas de atentar contra el modelo de familia tradicional.
En el caso de mujeres y activistas LGBTIQ+, los expertos registraron el uso recurrente de lenguaje homofóbico y degradante. El informe menciona que las autoridades y simpatizantes oficialistas utilizaron expresiones peyorativas para desacreditar y estigmatizar a personas opositoras.
La estigmatización se dirigió contra las mujeres y las organizaciones que ellas dirigían. Cerca de 300 organizaciones de mujeres y del colectivo LGBTIQ+ fueron canceladas por el régimen; de estas, al menos 27 trabajaban específicamente por los derechos de mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes.
Violencia sexual: Testimonios dolorosos
Uno de los hallazgos más graves del informe es la utilización de violencia sexual durante la represión. «La violencia sexual fue más frecuente en 2018 y ha variado en fases posteriores de la represión. Algunas prácticas prohibidas, como la desnudez forzada y el acoso sexual, han sido utilizadas de manera sostenida en el tiempo para denigrar, castigar y coaccionar a las víctimas», señala el documento.
El Grupo identificó a policías como perpetradores directos de estos abusos y documentó que muchos ocurrieron en las instalaciones de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote y Nuevo Chipote, además de delegaciones policiales y centros clandestinos de detención.
Una mujer entrevistada por los expertos relató: «Policías y paramilitares me llamaban ‘zorra’, ‘puta’ y otros insultos, en la calle, durante mi detención y después. Cuando me detuvieron fue junto con un grupo de hombres. Me tocaron los senos durante la requisa. Me amenazaron con abuso sexual, con violación. Mi mayor miedo dentro de la cárcel o en las estaciones de policía era sufrir un abuso sexual».
Desnacionalización, exilio y castigo por asociación
La investigación también documenta que la represión evolucionó hacia formas transnacionales que incluyeron la desnacionalización, la expulsión del país y la prohibición de ingreso a Nicaragua.
El Grupo registró la privación arbitraria de la nacionalidad de 452 personas nicaragüenses, entre ellas 84 mujeres, declaradas por las autoridades como «traidoras a la patria» tras procesos considerados injustos.
Asimismo, entre junio de 2018 y abril de 2026 fueron documentados 339 casos de personas a quienes se les prohibió ingresar a Nicaragua, de las cuales 180 eran mujeres, incluidas ocho niñas.
Entre estas víctimas figuran 81 familiares de opositores, 18 mujeres castigadas por haber participado o apoyado las protestas de 2018, 17 periodistas, 15 defensoras de derechos humanos, 14 empresarias y siete activistas políticas. Esto evidenció que las restricciones migratorias fueron utilizadas como un mecanismo de castigo político con un marcado impacto de género.
«Las autoridades han instrumentalizado vínculos familiares, roles de cuidado y relaciones sociales para reprimir, ampliando de manera importante el universo de víctimas y profundizando los impactos diferenciados por el género de las violaciones», concluyeron los expertos.
El informe denuncia que «al menos 280 organizaciones no gubernamentales que trabajaban en defensa de mujeres, niñez y personas LGBTIQ+ fueron canceladas… Según el Grupo, 27 trabajaban específicamente por los derechos de mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes», alertan.
Entre las organizaciones canceladas figura CEJUDHCAN. Su eliminación afectó a 97 comunidades indígenas beneficiarias de medidas de protección del Sistema Interamericano.
La contradicción con el discurso de Rosario Murillo
Los expertos consideran que existe una brecha profunda entre la narrativa oficial del régimen y la situación real de las mujeres en Nicaragua.
«Pese a avances formales en materia de representación política paritaria, las autoridades han impulsado reformas legales, políticas y discursos públicos que refuerzan roles tradicionales y estereotipos de género y limitan el ejercicio autónomo de los derechos de las mujeres», señala el informe.
Reed Brody, también integrante del Grupo, fue más allá al afirmar que «el Gobierno presume de paridad de género, pero las mujeres que nombra en sus instituciones se limitan a cumplir órdenes, no las dan».
Este es un tema en que ha sido cuestionada por sus críticos Rosario Murillo, quien es reconocida como la única mujer con poder de decisión en la dictadura.
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«Para las autoridades, la mujer ideal es madre, obediente y silenciosa. A las que desafiaron ese molde —defensoras, periodistas, lideresas indígenas, feministas— las presentaron como enemigas del pueblo y las persiguieron como tales. La igualdad pregonada por el Gobierno termina donde empieza la crítica», sostiene el documento del GHREN.
Ante estos hallazgos, el Grupo de Expertos instó a las autoridades nicaragüenses a cesar toda forma de represión y persecución basada en el género, la orientación sexual o la identidad de género, liberar a las personas detenidas arbitrariamente y poner fin al hostigamiento contra mujeres opositoras, defensoras de derechos humanos y sus familiares.
