El líder opositor Juan Guaidó fue ratificado este lunes por la fracturada oposición como “encargado de la presidencia” de Venezuela, una figura que este dirigente adoptó en 2019 con apoyo internacional para intentar desplazar del poder, sin éxito, al presidente socialista Nicolás Maduro.
Diputados del Parlamento de mayoría opositora elegido en 2015, cuyo período acabó en enero de 2021, aprobaron su “continuidad (…) hasta por doce meses continuos a partir del 4 de enero de 2022”, manteniendo su línea de desconocer las elecciones presidenciales de 2018 y las legislativas de 2020, procesos que denuncian como “fraudulentos”.
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“El presidente de la Asamblea Nacional actuará como encargado de la presidencia” de Venezuela “a los efectos de defender la democracia y dirigir la protección de los activos del Estado en el extranjero”, señaló, refiriéndose a fondos estatales bloqueados a la administración de Maduro en Estados Unidos y otros países, un acuerdo aprobado cerca de la media noche en una reunión por la plataforma Zoom.
Reformas
Se reformaron, sin embargo, atribuciones del llamado “gobierno interino” con la promesa de mayores controles en el manejo de recursos públicos y se eliminaron cargos en esa estructura.
“(Es) una reforma que representa, en este momento, poder no solamente rendir cuentas de manera más transparente al país, sino ser más ágiles”, celebró Guaidó, que sortea de este modo divisiones entre los principales partidos opositores en torno a su estatuto.
Después de desconocer la reelección de Maduro en 2018 en unas votaciones en las que los principales partidos opositores se negaron a participar al calificarlas de fraude, Guaidó se autojuramentó como presidente interino frente a una multitud en una plaza en Caracas.
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El grueso de la oposición también boicoteó y desconoció las legislativas de 2020, en las que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) retomó del único poder que no controlaba el chavismo en este país caribeño en crisis.
Estados Unidos, el principal aliado de Guaidó y uno de los más de 50 países que reconocieron su “interinato”, le dio control de activos de Venezuela bloqueados a la administración de Maduro en el extranjero. Denuncias de corrupción y malos manejos han saltado en los últimos meses, lo que profundizó fracturas entre distintos sectores de la oposición.