Representantes de la sociedad civil y organismos internacionales compartieron y expusieron la situación de impunidad que existe en Nicaragua en el Marco de la 51 Asamblea OEA. Resaltando la situación de vulnerabilidad de las personas presas políticas y los aspectos después del proceso electoral realizado el pasado domingo 7 de noviembre.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), expuso en su intervención que, a tres días de un llamado proceso electoral, se siguen produciendo nuevos hechos de represión que aún no se han podido documentar. También señaló que la represión entre los días 5, 6 y 7 de noviembre dejó un saldo de 32 personas detenidas en proceso de investigación al margen del debido proceso.
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Persecución, robos, retenciones y agresiones físicas fueron parte de la violación a la libertad de prensa que ocurrió en este contexto electoral, agregándole que a corresponsales extranjeros le impidieron la entrada al país porque pretendían dar cobertura el día de las elecciones, expuso Núñez. “Nuestra ruta debe ser la defensa irrestricta de los derechos humanos en su dimensión política”, afirmó.
En esta conferencia también participó el periodista Carlos Fernando Chamorro quien comentó la situación que viven los más de 70 periodistas en el exilio, quienes reafirman su compromiso con informar porque siguen haciendo periodismo desde fuera del país. De igual manera, comentó, un fenómeno que se ha visibilizado desde la ola de capturas de liderazgos opositores, y es que las fuentes solicitan resguardarse en el anonimato por temor a las represalias.
El especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, Boanerge Fornos, comentó que en esta nueva fase de la represión las instituciones del Estado que han tenido un papel fundamental que son la Policía Nacional ejecutando las capturas, el Ministerio Público que se encarga de criminalizar y Tribunales de Justicia que validan todas las acciones en perjuicio de los derechos humanos de los liderazgos opositores. Un cuarto elemento es la Defensoría Pública, que obstaculiza la defensoría de los detenidos, todo lo anterior mencionado, explica el especialista que garantiza la impunidad de los actores que han participado en la represión.
La investigadora Elvira Cuadra fue parte de los panelistas y expuso que uno de los blancos específicos de la dictadura son activistas defensoras de derechos humanos. Menciona que una de las características importantes de esta represión es que ha sido profundamente patriarcal, existiendo aparatos que se dirigen a reprimir a las mujeres, no solo en términos políticos, sino de reforzar patrones de poder partidario. También denunció la situación que viven las presas políticas, resaltando que son sometidas a constantes interrogatorios donde se manipula el recuerdo de sus hijos e hijas para inculparlas y criminalizarlas. Igualmente, la defensora denunció que hasta septiembre de este año se han contabilizado 45 femicidios, según Católicas por el Derecho a Decidir.
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Wendy Flores, abogada y defensora de derechos humanos, denunció los impactos que genera el exilio, como consecuencia de la violencia y persecución en Nicaragua en contra de las víctimas directas y los opositores. Resaltó que el incremento de la ola de exilio incluye a más de 40 periodistas, así como “activistas y defensores integrados en distintos espacios y organizaciones. Esta nueva escalada ha provocado una nueva ola de exilio mayoritariamente hacia Costa Rica y Estados Unidos. Proyecciones basadas en las estadísticas oficiales de los principales países de destino indican que en 2021 habrán migrado hacia EE. UU. 60,000 personas y 35 mil hacia Costa Rica, una cifra sin precedentes que revela la gravedad de la situación y del cambio de destino del flujo migratorio que ahora se dirige hacia el norte, ruta marcada por la violencia y la inseguridad”.
Francisca Machado Dávila —madre de Franco Valdivia Machaco, asesinado en la ciudad de Estelí a lo 24 años de edad— forma parte de Madres de Abril y relató como se han dedicado a archivar los expedientes sobre los asesinados. Desde abril 2018 Nicaragua vive una escalada represiva y mencionó que ellas han recibido acoso, hostigamiento, agresiones físicas y detenciones. “La impunidad en estos años nos duele, no nos callaremos y resistiremos hasta alcanzar justicia”, afirmó.
El defensor de derechos medioambientales, territorios indígenas y afrodescendientes, Amaru Ruiz, en su intervención mencionó que las comunidades y las organizaciones ante las diversas arbitrariedades y por ello han sufrido represión por parte del gobierno de Ortega-Murillo. “Hemos detectado que lo que está sucediendo en los territorios indígenas es un modelo de saqueo, despojo y desplazamiento de estos grupos vulnerables”.
El presidente de la Fundación del Río relató las consecuencias que los guardabosques y liderazgos comunitarios, valiéndose de sus propios esfuerzos, han enfrentado para seguir documentando lo que sucede en sus territorios, que ha generado un modelo de asesinatos sistemáticos, denunció Ruiz.
En el segundo bloque, los organismos internacionales expusieron su perspectiva sobre la vulneración de derechos humanos en Nicaragua. Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo mención del reciente informe publicado por la Comisión, que habla del proceso paulatino de concentración de poder y menciona que la institucionalidad en las últimas dos décadas en el país ha decaído y como eso ha producido el quebrantamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. Urrejola también mencionó que el reciente informe publicado ratifica todo lo que los panelistas denunciaron en la conferencia.
