La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, presentó el informe sobre Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, por la grave situación de deterioro de derechos humanos en el contexto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, de cara a las próximas elecciones presidenciales que se realizarán este domingo 7 de noviembre.
Este informe fue publicado el 28 de octubre y presentado el 4 de noviembre ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. El informe menciona que la concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que el país se vuelva un Estado policial “donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales, avalado por los demás poderes, en concertación con las instituciones de control. “No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo”, menciona el comunicado de prensa de la CIDH.
La presidenta Urrejola mencionó que para entender la profunda crisis de vulneración se debe analizar el contexto de hace más de dos décadas, cuando por el llamado pacto “Alemán-Ortega” de 1999 se instauró el sistema bipartidista con el fin de facilitar la cooptación de los cargos de dirigencia de la administración pública que sigue vigente. “El proceso de concentración del poder en el Ejecutivo se intensificó en el año 2007 al asumir el presidente de la República, Daniel Ortega, su segundo mandato, y se consolidó a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018”, agregó el comunicado de prensa.
De igual forma, se mencionó que toda esta situación fue posible por el control de los órganos e instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como es la Policía Nacional, el Ejército y los aparatos que se han creado para el control de la ciudadanía, como son los conocidos Consejos de Poder Ciudadano (CPC). Esto fue evidenciado a inicios del estallido social con la respuesta represiva por parte del Estado.
“El gran desafío que enfrenta hoy Nicaragua es el restablecimiento de las garantías y libertades fundamentales de un Estado democrático de derecho que permitan retomar la democracia representativa y participativa, y la separación efectiva de los poderes. Para ello se debe garantizar condiciones para que las elecciones sean justas, libres y transparentes, conforme a los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana. En este contexto, en el informe la Comisión realiza una serie de recomendaciones al Estado de Nicaragua y a la comunidad internacional”, finaliza el comunicado de prensa de la CIDH.
