El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, rechazó este martes los resultados de las elecciones presidenciales en Nicaragua, calificándolas como “elecciones ilegítimas” y compartió desde su cuenta en Twitter el “Informe Nicaragua”, en el que se plantea la eliminación de las elecciones de este reciente 7 de noviembre en el país.
El informe elaborado por la Secretaría de la Democracia de la OEA contiene un breve análisis de la situación que Nicaragua ha atravesado en los últimos cuatro años. Precisa, una violenta erosión democrática, que ha conducido, mediante un proceso viciado, al quiebre de su régimen democrático conforme a los principios y normas del sistema interamericano.
La OEA señala de manera categórica en su informe que Nicaragua “no estuvo en condiciones de celebrar elecciones con las mínimas garantías de un proceso electoral libre, justo y transparente, y renunció en los hechos a sus compromisos internacionales en materia de democracia y de protección y defensa de los derechos humanos”.
“Por todo lo anterior, la comunidad internacional debe exigir la anulación de las elecciones del domingo 7 de noviembre, y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral, con garantías, observación electoral y verdadera competencia electoral. Nicaragua debe implementar las recomendaciones que se han hecho en distintas instancias internacionales, para tener elecciones genuinas y auténticas, que permitan restablecer las libertades y el Estado de derecho, y únicamente a través de esa vía recuperar la democracia ya perdida”, orienta el organismo en el presente informe.
Almagro, a la vez instó a los países miembros de la OEA a responder a esta clara violación de la Carta Democrática durante la Asamblea General a realizarse del 10 al 12 de noviembre.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) orteguista asignó el 75.92 por ciento de los votos a Daniel Ortega y a su esposa y cogobernante Rosario Murillo, como resultado de las cuestionadas elecciones de este domingo 7 de noviembre, para gobernar al país por cinco años más, pese a la grave crisis social, política, económica y de derechos humanos que enfrenta el país desde abril de 2018.
La situación de Nicaragua fue incluida en el temario de la Asamblea General de la OEA, aprobado el pasado 26 de octubre por la Comisión Preparatoria de esa actividad. La crisis sociopolítica que enfrenta el país podría ser discutida en ese foro, el más importante de la OEA, que se realiza anualmente, y este año tendrá su sede en Guatemala, pero se llevará a cabo de forma virtual del 10 al 12 de noviembre.
Sobre el informe
La OEA reitera en el “Informe Nicaragua” que el pasado domingo 7 de noviembre Nicaragua celebró elecciones en el marco de un proceso que no cumplió ninguno de los elementos esenciales de la democracia, descritos en la Carta Democrática Interamericana: “… el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Y recuerdan que estos principios son de carácter obligatorio y constituyen el marco jurídico dentro del cual deben insertarse los regímenes políticos del continente, tal como lo ha reafirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A la vez lamentan que “a pesar de las diversas oportunidades para fortalecer el proceso electoral y brindar las garantías para comicios justos, libres y transparentes, el Gobierno de Nicaragua optó por el camino del autoritarismo, mintiéndole con ello a su gente y a la comunidad internacional respecto a su voluntad de trabajar para edificar un sistema electoral sólido“. En los últimos años, los países que integran el sistema interamericano han buscado, a través de los distintos mecanismos institucionales existentes, que Nicaragua regrese a la senda democrática. El gobierno nicaragüense, sin embargo, ha ignorado por completo estas iniciativas.
La Secretaría General de la OEA enumeró algunas de las graves condiciones con las que Nicaragua celebró “el proceso viciado del 7 de noviembre de 2021”:
1- Prisión de candidatos presidenciales y líderes opositores
Entre el 2 de junio y 24 de julio de 2021, siete precandidatos presidenciales fueron detenidos, en su mayoría bajo causas contenidas en la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
La primera precandidata detenida fue Cristiana Chamorro Barrios, quien cumple este martes 160 días bajo arresto domiciliario y es una de los aspirante presidenciales que tenía más simpatía que Daniel Ortega en las encuestas.
El segundo candidato detenido fue Arturo Cruz, seguido de Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
2– Cancelación de partidos políticos
Para la OEA, la cancelación del registro de los partidos políticos opositores al régimen fue otra estrategia que buscó eliminar la pluralidad y la competencia democrática en Nicaragua. El Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personería jurídica de las tres principales fuerzas políticas de oposición al gobierno actual: Partido Renovación Democrática (PRD), Partido Conservador (PC) y Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
3- Ataques a la libertad de expresión
Otro elemento de extrema gravedad del contexto nicaragüense son las violaciones a la libertad de expresión y las restricciones a la libertad de prensa. Esta situación ha sido denunciada por representantes de medios de comunicación y periodistas, así como por la comunidad internacional.
El pasado 18 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (Oacnudh), condenaron enérgicamente “los reiterados actos de persecución realizados por parte de las autoridades nicaragüenses en contra de medios de comunicación, periodistas, trabajadoras y trabajadores de la prensa registrados en el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre 2021”, recuerdan.
Esas mismas instancias han documentado que, en los últimos meses y ante la intensificación de la represión en el país, por lo menos 12 periodistas de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales, “se han visto obligados y obligadas a salir al exilio por temor a represalias en su contra”, agrega el informe.
Destacan que “la libertad de expresión y de prensa son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, tal y como lo establece en su artículo 4 la Carta Democrática Interamericana. En ese sentido, no hay elecciones libres y justas sin una prensa independiente que pueda informar a los ciudadanos nicaragüenses con veracidad”.
4- Organismo electoral al servicio del poder ejecutivo
El pasado 4 de mayo, la Asamblea Nacional llevó a cabo la elección de los magistrados y magistradas propietarios del Consejo Supremo Electoral (CSE). De las siete personas que fueron seleccionadas para conformar el Pleno del Consejo Supremo Electoral, cinco son del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La OEA sostiene que “tanto por su conformación, como por las actuaciones ya descritas en puntos anteriores, es evidente que el órgano electoral carece de independencia e imparcialidad, y responde, como en el pasado, a los intereses del poder ejecutivo”.
Recuerdan que la confianza en las instituciones es un elemento fundamental en todos los procesos electorales. “Lamentablemente, el Consejo Supremo Electoral actual no goza de la credibilidad, independencia ni autonomía para llevar a cabo unas elecciones democráticas, justas y transparentes. El régimen mantiene y acrecentó el control del poder electoral, con un accionar que es, a todas luces, la cooptación de la autoridad electoral”.
5- Reforma electoral insustancial
En mayo de 2021, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó un conjunto de reformas y adiciones a la Ley Electoral (Ley 331). La reforma fue un claro retroceso para el ejercicio de los derechos políticos de los nicaragüenses, al incorporar, entre otras, disposiciones contrarias a los estándares internacionales en materia electoral. “Esto constituyó un eslabón adicional en el propósito de silenciar a la oposición e impedir la libre competencia política para acceder a cargos de representación popular”.
- Restringió la libertad de expresión al prohibir, de manera expresa, las manifestaciones públicas de actores políticos que no pertenezcan a partidos o alianzas que se encuentren participando de un proceso electoral (Art. 95).
- Agregó nuevas causales de suspensión y cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos (Art. 74 y 63).
- Expandió las inhabilitaciones para la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular (art.81), incorporando restricciones establecidas en las leyes ya descritas anteriormente, como la que prohíbe la participación de actores políticos de oposición por considerarlos “Traidores a la Patria”.
- Eliminó la participación de la sociedad civil en el proceso para la presentación de nominaciones de magistradas y magistrados del Consejo Supremo Electoral, entre otras medidas restrictivas.
6- Cancelación de la personalidad jurídica de diversas ONG
En los últimos meses, más de 40 organizaciones no gubernamentales (ONG), nacionales y extranjeras, fueron despojadas de su personalidad jurídica. Ellas se suman a las nueve canceladas a fines de 2018, entre las que se contaban varias organizaciones de derechos humanos.
7- Crisis en materia de Derechos Humanos
Nicaragua vive una situación crítica en materia de derechos humanos desde la represión violenta a las protestas que iniciaron en el mes de abril de 2018. Hasta el momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha registrado al menos 328 víctimas fatales, más de 2,000 personas heridas, y más de 1,600 personas privadas de libertad de manera arbitraria a lo largo de distintos momentos.
La Comisión ha instado al Estado, en más de una oportunidad, a “poner fin inmediato a la persecución y las detenciones arbitrarias, y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas en el contexto de esta crisis”.
Al respecto, la situación migratoria se ha ido agravando con el correr de los meses. De acuerdo con un comunicado de la Agencia para los Refugiados de la Naciones Unidas (Acnur) sobre Nicaragua “la crisis social y política ha llevado a más de 102,000 personas a buscar protección en el extranjero”. Esta cifra es muy similar a la recogida por el Mecanismo de Seguimiento Meseni/CIDH y publicada en su boletín de mayo/junio.
La situación crítica que atraviesa el país en materia de derechos humanos también fue abordada en el último Informe de la CIDH sobre Nicaragua, publicado el 25 de octubre de 2021. Este documento describe, además, el proceso de concentración del poder en el país y el debilitamiento del Estado de Derecho, el cual se explica a partir de la cooptación por parte del Ejecutivo de los demás poderes e instituciones del Estado. El informe demuestra que el sometimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público hicieron posible que la respuesta estatal violenta a las protestas sociales del 2018 y las violaciones a los derechos humanos perpetradas quedaran impunes.
La CIDH concluyó dicho informe resaltando que: “Las elecciones generales programadas para noviembre de 2021 ocurren en este clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”.
8- Las elecciones del 7 de noviembre
Además del oficialista partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en las elecciones del domingo 7 de noviembre, también participaron el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Partido Liberal Independiente (PLI), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Alianza por la República (Apre) y Yatama. Agrupaciones políticas impedidas de participar en estas elecciones y analistas coinciden en que se permitió la inscripción de estos partidos con el fin de proveer una sensación de normalidad en las elecciones, cuando en la realidad se trata de colaboradores cercanos al Gobierno.
Además de los siete precandidatos presidenciales, y de los activistas y opositores al Gobierno que estaban en prisión o en arresto domiciliario, organizaciones políticas y de la sociedad civil denunciaron la detención de al menos nueve líderes territoriales de la oposición el día antes de las elecciones.
Debido al control que el FSLN ejerce sobre el CSE, la organización de las elecciones no contó con garantías mínimas de imparcialidad, equidad, libertad y transparencia, señala el informe. Además, en las elecciones no participaron misiones de observación electoral internacional reconocidas.
Añaden que, según los reportes de diferentes medios de comunicación, se registró poca afluencia a los centros de votación. Esto contrasta con un corte preliminar divulgado por el CSE, en el que Ortega recibía el 75 % de los votos.
Las elecciones del pasado domingo 7 de noviembre se llevaron a cabo en ausencia de garantías electorales mínimas, que no tomaron en consideración la resolución de la Asamblea General de la OEA, del 21 de octubre de 2020.
9- La figura de la reelección y su impacto en el proceso político nicaragüense
La OEA alerta que “la falta de limitaciones a la reelección conlleva el debilitamiento de los partidos y movimientos políticos que integran la oposición, al no tener una expectativa clara sobre su posibilidad de acceder al ejercicio del poder”. A su vez, señala que “la permanencia en el poder de un presidente por un largo período de tiempo, dependiendo de las competencias asignadas, afecta la independencia y la separación de poderes, dadas las capacidades que puede tener de nombrar a miembros de otros Poderes del Estado. Los efectos descritos se pueden apreciar en plenitud en el contexto de Nicaragua”.
Este domingo 7 de noviembre, Daniel Ortega se reeligió por tercera vez consecutiva, dio por concluido su plan para perpetuarse en el poder por cinco años más, para completar un periodo consecutivo de 20 años de gobernar Nicaragua con mano de hierro.
