Jon Piechowski, subsecretario de Estado Adjunto de Estados Unidos, indicó que este país está siguiendo con «bastante atención y preocupación» los acontecimientos en Nicaragua y analizan la posibilidad de tomar medidas como incrementar la solidaridad con los activistas y presos políticos nicaragüenses, señaló en declaraciones recogidas por El Nuevo Herald este jueves.
«El Gobierno de Estados Unidos ha estado siguiendo los acontecimientos en Nicaragua con bastante atención, bastante preocupación. La imposición de nuevas leyes ha aumentado la represión de la sociedad civil, son leyes importadas de países autoritarios como Rusia. También la continua detención arbitraria de activistas, precandidatos políticos, es algo muy espeluznante, algo que nos preocupa mucho y vamos a seguir reclamando una mejora de la situación», señaló Piechowski.
Agregó que analizan si aumentar «la presión a Ortega y Murillo» porque consideran que la fecha de las elecciones presidenciales, el 7 de noviembre, se ve como «una línea», porque todas las medidas que han empleado hasta el momento son para continuar en el poder y es algo que les preocupa.
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«Estamos trabajando estrechamente con las democracias, sea de la región de Europa, a través del mundo, en parte queremos aumentar la solidaridad con los activistas democráticos, con los presos políticos, pero también quiere decir que podemos aumentar el aislamiento, la presión, a través de medidas como sanciones. Creo que hemos visto sanciones llevadas a cabo por la Unión Europea, son medidas importantes porque aumentan la presión a quienes son responsables de la represión en Nicaragua para que haya rendición», afirmó Piechowski.
Las sanciones de la UE
Las sanciones a las que hace referencia Piechowski son las aplicadas a funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, por considerar que están implicados en la violación de derechos humanos, de acuerdo con argumentos brindados al aplicar estas medidas.
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El Consejo de la Unión Europea (UE) sancionó a inicios de agosto a ocho funcionarios del gobierno orteguista, entre ellos: miembros de la familia presidencial y funcionarios de la Asamblea Nacional, la Policía, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por ser «responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua».
