El ambientalista y presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, denunció ante el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, la acusación impuesta por la dictadura de Daniel Ortega en su contra por el presunto delito de «propagación de noticias falsas» y adelantó que elevará esta queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Naciones Unidas (ONU)
«Los antecedentes inmediatos a esta acusación sobre la Ley 1042 y artículo 30 que hace el Ministerio Público en contra mía y la orden de captura solo representa una actuación más del régimen Ortega-Murillo para acallar el trabajo y labor que veníamos realizando desde Fundación del Río y como defensor de derechos ambientales (…) hemos sido vigilados y nuestra labor ha sido cuestionada y hemos tendido medidas de represión frente a estas actuaciones», sostuvo Ruiz durante una conferencia virtual.
El pasado 8 de septiembre la Fiscalía presentó acusación formal contra Ruiz por la supuesta comisión del delito de Propagación de noticias falsas, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que sanciona el artículo 30 de la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. Según el régimen, el ambientalista mintió sobre los hechos ocurridos en 2020 y 2021 en las comunidades de la Costa Caribe Norte, donde indígenas fueron asesinados.
Lea además: Amaru Ruiz, una voz defensora de los recursos naturales que la dictadura quiere silenciar
«Estos hechos ocurrieron en estos territorios y a partir de ahí el actuar del Ministerio Público es tratar de detenerme y continuar con el proceso judicial en mi contra. Frente a este escenario nosotros hemos realizado las consultas necesarias para definir qué medidas vamos a tomar y nos han recomendado el establecimiento de denuncias que va a continuar hacia otras medidas a nivel internacional, tanto en el Sistema Interamericano como en el Sistema Universal», afirmó el ambientalista.
Con esta denuncia ante instancias internacionales, Amaru Ruiz asegura que busca contrarrestar la acusación arbitraria impuesta por el régimen en su contra y descartó la posibilidad de regresar a Nicaragua a responder por la misma debido a que el poder judicial está «coaptado».
«Sabemos que el sistema judicial está coaptado, sabemos que ellos han criminalizado tanto a personas de la oposición, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, entonces no es posible enfrentar esta acusación de manera personal en el país porque no hay garantías democráticas de un debido juicio, ni un debido proceso», señaló Ruiz.
Según aparece en el sistema judicial en línea, el caso de Amaru Ruiz está a cargo del juez Henry Morales, del Juzgado Sexto Distrito de lo Penal de Audiencia y según Amaru, hasta ahora se desconocen los pormenores de dicho proceso como las pruebas que presenta la Fiscalía como parte de la acusación en su contra.
Ley de Ciberdelitos viola Constitución Política
Por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos rechazó la acusación del régimen contra el ambientalista y afirmó que esta Ley de Ciberdelitos «viola» directamente el artículo 52 de la Constitución Política que establece que todo ciudadano nicaragüense tiene derecho a hacer peticiones, denunciar anomalías y recibir respuesta por parte de las autoridades.
«Todo ciudadano al denunciar una masacre —en este caso lo que denunció Amaru—, es con la finalidad de que a través de este mecanismo de petición lograr que se activen los procesos de acceso a la justicia que están negados ya que sigue la criminalización y la invasión en las zonas indígenas… es decir, es evidente que el propósito de esta acusación es acallar y evitar que los ciudadanos exijan la rendición de cuenta y perpetuar la impunidad», manifestó Carlos Guadamuz, integrante del Colectivo.
En enero de 2019 el ambientalista decidió exiliarse debido a las constantes amenazas por parte del régimen de ser procesado judicialmente, solo por denunciar abusos contra el medioambiente y los indígenas de la Costa Caribe del país.