Al retornar al país las personas exiliadas se les vulneran los derechos humanos de manera macro, en las arias sociales, económicas, culturales y con especial énfasis, políticos. En Nicaragua, el pleno ejercicio de los derechos políticos no es una actividad que se respete; y si la persona que estuvo fuera del país en una condición de asilado impide de conformidad a las leyes que se respete su trabajo político, explicó el abogado defensor de Derechos Humanos que prefiere guardar el anonimato.
Un joven artista y activista, que estuvo en el exilio forzado por tres años, regreso al país por diferentes crisis que lo orillaron a tomar esa decisión sin importar el costo. “El exilio es una crisis dentro de otras crisis. Venimos acarreando la crisis que es el contexto sociopolítico, pero cuando migras te enfrentas a otras crisis como es la xenofobia, el desempleo, te enfrentas a un desprendimiento completo”, relato el joven.
El abogado defensor de DDHH, resalta que las personas que vivieron exilio forzado al retornar a su país no pueden tener libre movilidad, acceso a trámites legales y reinserción laboral. “Es importante mencionar la violación de los derechos sociales y económicos. No hay capacidad para que las personas que estuvieron en el exilio puedan acceder a la reinserción laboral. No puede ir libremente a postularse a una vacante sin que en el resultado final que presente la empresa se base en su condición anterior de exiliado”, explicó el abogado.
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El artista menciona que de regresar del exilio no sienta que goce de derechos básicos, explica que le ha costado acceder a la educación superior porque teme a la situación de vulneración de la seguridad e integridad de los jóvenes activistas dentro de los recintos universitarios estatales.
Además, otra de las graves vulneraciones que menciona el abogado es acerca de la relación ciudadano-Estado. “La interacción entre ciudadanos y las instituciones estatales, presenta una gran dificultad para las personas que retornan del exilio puede realizar los trámites necesarios que todo ciudadano común ejerce: solicitar una constancia judicial, tramitar un récord policial una serie de procesos que necesitan para un trabajo y estos son derechos sociales”.
El abogado también menciona que el control estatal es “sumamente robusto”, porque cuenta con bases de datos con los movimientos, acciones, antecedentes, entrada y salida del país en condición de exilio que, el Estado va documentado para oponerle barreras al momento de ejercitarse como sujeto de derecho, porque desde la posición gubernamental y estatal los opositores al régimen Ortega Murillo son tratados como sujetos despojados derechos, por ende su comportamiento jurídico va a estar determinado por las decisiones que más le convengan al Estado.
