El gobierno de Daniel Ortega tiene hasta el próximo 4 de octubre para adoptar y responder por las medidas provisionales de protección que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó a favor de los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en octubre de 2019. El régimen ese día deberá presentar, según indica la resolución del tribunal, un informe sobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento a la misma.
El tribunal regional ratificó la vigencia de las medidas provisionales de protección y reiteró una vez más que el Estado de Nicaragua debe implementar de “inmediato” las medidas “que sean necesarias para proteger la vida y la integridad personal” de los beneficiarios.
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“El Tribunal recuerda que las medidas provisionales ordenadas por el Pleno de la Corte el 14 de octubre de 2019 tienen como objetivo garantizar eficazmente la vida y la integridad personal de las y los integrantes del Cenidh y de la CPDH, así como asegurar la continuidad de sus labores en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de hostigamientos, amenazas o agresiones”, indica parte de la resolución emitida este miércoles 22 de septiembre.
Defensora de la CPDH acusada y encarcelada
No obstante, el régimen de Ortega no ha dado muestra de cumplimiento de las medidas, puesto que el pasado 29 de julio encarceló a la abogada y defensora de la CPDH, María Oviedo, a quien en primer momento la Policía la detuvo supuestamente por infringir el artículo 1 de la llamada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. Este miércoles el Ministerio Público (MP) informó que Oviedo fue acusada formalmente por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
La defensora Oviedo cumple 56 días de permanecer encarcelada en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocidas como el nuevo Chipote. El MP informó que un juez —del que no menciona el nombre ni el juzgado que dirige— remitió a juicio a la abogada Oviedo, para que enfrente el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación”, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal y el artículo 30 de la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua.
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Según el comunicado, el juez mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para la defensora de derechos humanos.
Le exigen a Ortega que “cumpla con las medidas”
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, explicó a LA PRENSA que en esta resolución la Corte IDH le vuelve a exigir al régimen que “cumpla con las medidas” y le “recuerda que el informe es obligatorio” porque considera que la vida de los defensores está en “riesgo”.
Añadió que “han pasado casi dos años, donde se han hecho una serie de trámites y una serie de gestiones y ha quedado en evidencia la falta de voluntad del Gobierno de cumplir compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.
Vilma Núñez, defensora de los derechos humanos. LA PRENSA/Oscar Navarrete
Núñez también aseguró que en este caso ya el tribunal realizó una audiencia pública de supervisión en la que participó el Estado solamente para “insultar y hacer su intervención injuriosa”.
La titular del Cenidh sostiene que si el régimen no presenta ese informe el próximo 4 de octubre, “en el mes de noviembre se celebra la Asamblea General de la OEA y ahí la Corte IDH tendrá que informar el estado de incumplimiento del régimen de Ortega”.
Régimen ha incumplido con la Corte IDH
El régimen orteguista ha ignorado las resoluciones emitidas por el tribunal regional. A finales de agosto, no se presentó a una audiencia pública que convocó la Corte IDH para supervisar el cumplimiento de las medidas provisionales urgentes que otorgó a dos precandidatos presidenciales y tres opositores quienes permanecen encarcelado en el Chipote.
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Los beneficiarios son Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri, Tamara Dávila y Violeta Granera, y según la Corte IDH, el régimen debe liberarlos de “inmediato” y de la misma manera “proteger la vida, integridad y libertad personal de los líderes y de sus núcleos familiares”.
La Corte IDH es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana.