En una declaración conjunta, compartida este miércoles por la Misión de Chile ante las Naciones Unidas en su cuenta de Twitter, los gobiernos de Canadá, el mismo Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y República Dominicana criticaron la situación del “rompimiento del orden democrático en Nicaragua” y pusieron en entredicho la validez y legitimidad de las elecciones del país.
Además, hicieron una serie de recomendaciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para que enderece la situación del país.
“Nicaragua traviesa una situación extraordinaria de deterioro del Estado de derecho, del orden constitucional y de ruptura de sus instituciones democráticas, evidenciada en la detención, el acoso y las restricciones arbitrarias que afectan considerablemente la participación política, así como el respeto y garantía de los derechos humanos”, asevera la declaración.
Sobre las elecciones
Esos países, reafirmaron en la mencionada declaración que las medidas que adoptó el régimen Ortega Murillo “no reúnen las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas a las que se han comprometido los estados miembros de la OEA, en virtud de la Carta Democrática Interamericana, lo que pone en tela de juicio la validez y legitimidad de las elecciones de noviembre tal como se están organizando actualmente”.
Con respecto a este punto, exhortaron al régimen a implementar medidas legislativas e institucionales consistentes con los estándares internacionales aplicables, con miras a la realización de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles.
En particular, señalaron que debe revisar la reforma electoral aprobada en mayo último, sobre la cual declararon que “no atiende las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional, al no incorporar salvaguardias para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales”.
A principios de mayo de 2021, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no sólo fabricó una Ley Electoral a su medida en la que incorporó las leyes represivas que aprobó antes para inhibir a los candidatos de la oposición, sino que se hizo con el control absoluto del Consejo Supremo Electoral, a través de magistrados sandinistas o allegados.
Además, en los últimos meses, el régimen ha encarcelado y acusado de diferentes delitos a los principales precandidatos presidenciales, que pretendían formar un solo bloque para derrotarlo en las urnas, y los mantiene en las cárceles del nuevo chipote o bajo prisión domiciliar. Asimismo, canceló la personería jurídica de los principales partidos políticos opositores.
Las mencionadas reformas electorales, además, anularon la observación electoral durante los comicios.
A menos de dos meses para ir a las urnas, el régimen sigue organizando las elecciones a su manera. Lo último que impuso, pese a que los principales contendientes están presos, fue que la campaña electoral se realice de manera virtual, prohibiendo manifestaciones multitudinarias con el argumento de que se ha tomado esa medida por la pandemia de la covid-19.
“Intimidación y amenazas”
Los ocho países que firmaron la declaración rechazaron “la intimidación y amenazas a los miembros de la oposición, la prensa y las personas defensoras de los derechos humanos, así como las prácticas restrictivas de participación política”.
Demandaron al régimen la “liberación inmediata y la restitución de los derechos políticos de los dirigentes detenidos sin debido proceso, de acuerdo a estándares internacionales”.
Desde el pasado 28 de mayo, esta dictadura ha encarcelado a 37 nicaragüenses, entre ellos los precandidatos presidenciales, líderes opositores, periodistas, entre otros.
Llamado a la comunidad internacional
De igual forma, los ocho países hicieron un llamado a la comunidad internacional para impulsar la observación del proceso electoral nicaragüense y la garantía de que se harán de una forma imparcial, que permita la participación de todos los candidatos presidenciales y de los partidos políticos.
Además, instaron a las autoridades nicaragüenses “a comprometerse con la comunidad internacional y aprovechar la asistencia técnica multilateral y regional para así ayudar a restablecer el diálogo y renovar la confianza en la democracia”.
Sostuvieron que “las y los nicaragüenses merecen unas elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, el respeto de sus derechos humanos y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país”, y con eso cerraron su declaratoria.
El régimen de Daniel Ortega acusa constantemente a los países que le señalan sus errores de intervencionismo.
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica desde abril de 2018, cuando la población se levantó en contra de Ortega y Murillo, pero estos respondieron con una represión desmedida, la restricción de las libertades públicas y el desmantelamiento de la democracia.