El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, en el marco del Día Internacional del Periodista, a través de su informe «Persecución y criminalización del periodismo nicaragüense» denunció que en la actualidad el periodismo independiente en Nicaragua permanece bajo un «feroz ataque», como consecuencia de la sistemática represión impuesta por el régimen de Daniel Ortega.
«En los últimos tres meses sobre todo, se registra un incremento de las acciones de descalificación, persecución, hostigamientos, criminalización y judicialización como los principales mecanismos gubernamentales para generar censura y autocensura con el propósito de silenciar al periodismo y a la sociedad nicaragüense», remarca el organismo de derechos humanos. Asegura que la situación inició a agravar en mayo pasado con la implementación del combo de leyes represivas y la persecución judicial contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
El informe fue presentado este 8 de septiembre, Día Internacional del Periodista, establecido en homenaje a Julius Fucík, periodista y escritor checoslovaco ejecutado por los nazis en 1943.
El Colectivo en su informe destaca que el más reciente ataque al periodismo independiente se dio en agosto pasado, cuando el régimen impuso un nuevo bloqueo aduanero a la materia prima del periódico LA PRENSA que lo obligó a dejar de circular el pasado 12 de agosto, y un día después, se ejecutó la toma policial de las instalaciones, que a la fecha están tomadas. A lectura del Colectivo, dicha acción colocó en «la etapa de mayor restricción para el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión». Además, denuncia que por primera vez en un siglo «Nicaragua no cuenta con un medio escrito».
Tipos y niveles de represión
El Colectivo Nicaragua Nunca + destaca en su informe que desde noviembre de 2018 a la fecha, al menos 30 periodistas, comunicadores y trabajadores de medios de comunicación están sujetos a diferentes tipos de persecución y criminalización como represalia a su labor.
Partiendo de las acciones represivas, el organismo en su informe identificó al menos ocho tipos y niveles de represión que implementa el régimen contra la prensa independiente. En principio, denuncia la criminalización y judicialización, que se da desde la privación arbitraria de la libertad a periodistas independientes, la fabricación de expedientes judiciales, la citación a periodistas a través del Ministerio Público, los interrogatorios intensivos, repetitivos e intimidatorios a los que han sido sometidos personal de prensa y de medios de comunicación, la apertura de procesos judiciales arbitrarios como medida punitiva a la libertad de expresión y las amenazas de investigación o aplicación de Ley de Ciberdelitos, o Ley 1042.
Enseguida enumera, como segundo tipo de represión, los ataques a la integridad física y psicológica cuando se documentan las agresiones físicas en contra de periodistas o sus familiares, las amenazas en contra de la libertad e integridad personal, las burlas y ofensas a periodistas en redes sociales, las campañas de descrédito o desprestigio a periodistas independientes, los discursos de odio dirigidos por funcionarios públicos y periodistas al servicio del régimen Ortega Murillo, el aislamiento coactivo y la desaparición forzada temporal de periodistas, ya que por más de dos meses negaron información oficial de su paradero, esto en el caso de Miguel Mora y Miguel Mendoza, ambos detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial.
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Como tercer tipo de represión el Colectivo identificó el daño patrimonial a medios y periodistas cuando el régimen ordena la confiscación de bienes pertenecientes a medios de comunicación, periodistas y sus familiares, el robo y asalto de equipos periodísticos y daños a vehículos utilizados por periodistas.
Enseguida, enumera las violaciones a la libre movilización, circulación y residencia y negativa de otros derechos como las restricciones migratorias ilegales, el despojo arbitrario e inconstitucional de documentos de identidad como cédulas y pasaportes, el impedimento de manifestaciones públicas y obstaculización a la cobertura periodística de estas, la negación u obstaculización para uso de servicios públicos, como salud y educación, y la negativa de permisos de salida de menores de edad.
Entre los obstáculos para el ejercicio periodístico, el Colectivo identificó la retención de papel a LA PRENSA, la confiscación de equipos y ocupación de medios de comunicación, la negativa en el acceso a la información pública, impedimentos y agresiones a las coberturas periodísticas, la censura y autocensura en medios que han suspendido o reducido contenidos de denuncia de violaciones a derechos humanos y de periodismo crítico.
En el sexto tipo de represión señala la persecución fiscal y aduanera a medios impresos. En garantías de impunidad, sostiene que el Estado implementa una política de no investigación de delitos, promoviendo garantías de impunidad en perjuicio del derecho al acceso a la justicia de periodistas. Y finalmente, en el octavo enumera el desplazamiento forzado de periodistas, en alusión al exilio.
Sobre los exilios, el Colectivo registra que al menos 25 periodistas y trabajadores de medios de comunicación se han exiliado en diferentes países para proteger su vida y libertad personal. «Son las y los periodistas en Nicaragua y en el exilio uno de los gremios más afectados como resultado de la brutal represión», remarca.
Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH
El informe señala que muestra del «ataque feroz» es el seguimiento oportuno que está realizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en este año, y el alto número de medidas cautelares otorgadas a periodistas nicaragüenses durante los últimos meses.
«Hasta mediados de agosto de 2021 la Comisión Interamericana ha emitido 10 resoluciones para proteger la libertad de expresión y prensa en el continente, 7 de estas resoluciones están referidas a Nicaragua, incluyendo dos ampliaciones de medidas cautelares. Este resultado deja en evidencia el deterioro de los derechos humanos en el país y la prioridad de la CIDH sobre Nicaragua», remarca el Colectivo.
PEN América condena intentos por silenciar a periodistas
Este martes 7 de septiembre, PEN América condenó los continuos ataques a los medios de comunicación, la oposición política y la sociedad civil y los nuevos cargos que el gobierno de Daniel Ortega ha realizado contra periodistas nicaragüenses independientes, entre ellos el periodista y director de Confidencial, y los programas Esta Noche y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro,. Ante lo ocurrido PEN América exigió a la administración de Ortega que se «retiren los cargos por motivos políticos y que se ponga en libertad a los detenidos injustamente».
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Summer López, directora sénior de programas de libertad de expresión de PEN América, señaló que «los cargos contra Carlos Fernando Chamorro son parte de un esfuerzo transparente e insensible para silenciar a los periodistas y poner otro clavo en el ataúd de los medios independientes nicaragüenses.
López añadió que «lamentablemente no son una sorpresa, en el contexto de los amplios esfuerzos del régimen de Ortega para acabar con la oposición política, silenciar las voces independientes y castigar a quienes dirían la verdad sobre el descenso de Nicaragua al autoritarismo. El gobierno nicaragüense debe retirar estos cargos absurdos de motivación política, liberar a los detenidos injustamente y cesar sus ataques contra los medios de comunicación y la sociedad civil».
PEN América además denuncia que en las últimas semanas, el gobierno de Ortega ha aumentado la presión sobre las voces disidentes al acusar formalmente a diez opositores de delitos contra el Estado. Tres de los imputados son los hermanos Cristiana, Pedro Joaquín y Carlos Fernando Chamorro Barrios; todos los periodistas actuales o anteriores.
«Cristiana y Pedro Joaquín están detenidos, mientras que Carlos Fernando se ha exiliado meses después de enfrentar amenazas de muerte y prisión. La familia Chamorro está históricamente vinculada al periodismo en Nicaragua y en particular al diario La Prensa, que fue allanado y ocupado por la policía desde el 13 de agosto», indica PEN América.
Murillo arremete contra periodistas
En el Día Internacional del Periodista, Rosario Murillo arremetió contra periodistas y medios de comunicación diciendo que han utilizado los canales y las radioemisoras para promover la muerte.
«Seres no de bien, seres de mal, de maldad, que se dicen todavía periodistas sean capaces de usar las cámaras, las frecuencias que el mismo pueblo les garantizaba para transmitir a la muerte, anunciaban eventos, llegaban ellos primero con sus cámaras y se disponían a ver matar y morir. ¿Qué clase de cristianismo es ese? ¿Qué clase de buena voluntad es esa, de amor cristiano? Porque se dicen cristianos además. ¿Cómo puede alguien hacer uso de la comunicación que debe ser útil a los pueblos, estar al servicio de los pueblos, para ver matar y morir y difundir a su gusto y antojo, para trasladar la imagen de un país que ellos habían atacado?», remarcó Murillo.
