El séptimo informe del observatorio electoral Urnas Abiertas reportó que «entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de agosto de 2021 se han cometido 1,375 hechos de violencia política en el contexto electoral» de este año en Nicaragua.
La elección de presidente, vicepresidente, diputados nacionales y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) son el próximo domingo 7 de noviembre, a partir de mayo han sido detenido más de 30 ciudadanos, entre ellos siete aspirantes presidenciales, lo que ha provocado un clima de tensiones políticas.
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El informe de Urnas Abiertas reporta 84 detenciones en el período entre octubre de 2020 a agosto 2021. Agrega que el mayor número de hechos de violencia son los hostigamientos a los opositores, reportándose 727 denuncias de ese tipo en el período señalado.
El segundo hecho de violencia más denunciado son las agresiones con 132 reportes; las judicializaciones son 124; tortura y tratos crueles, 94; amenazas, 88; detención, 84 y retención 75, entre otras.
Críticas al sistema de justicia
El informe señala «el uso abusivo del sistema de justicia con fines partidarios, con el objetivo de eliminar la competencia electoral», según el organismo, debido a la influencia que tiene el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el aparato judicial.
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Además, el informe precisa que «hasta el 30 de agosto de este año se han registrado 35 personas detenidas arbitrariamente en el marco de la persecución judicial emprendida por el gobierno, con el objetivo de eliminar toda competencia electoral».
«Proceso electoral carece de legalidad y legitimidad»
El observatorio valora que el hecho de «que en un contexto electoral existan tantos atropellos a los derechos fundamentales y graves afectaciones a los derechos humanos, así como altas deficiencias en materia de justicia electoral, solo indica que dicho proceso electoral carece de legalidad y legitimidad y, por tanto, no debería reconocerse como un proceso electoral competitivo, libre, transparente y democrático».
El informe refiere que el poder electoral, el poder legislativo, el poder judicial son instituciones que actúan bajo los intereses del partido gobernante; también menciona la persecución a periodistas antes y después de 2018, la reelección presidencial inconstitucional inmediata e indefinida, construcción de un Estado familiar nepotista, Control de la Policía Nacional, control del Ejército de Nicaragua, desviación de fondos cooperación internacional, eliminación de la libertad de cátedra, crímenes de lesa humanidad, persecución política, represión policial y asedio, y excesivo uso de la fuerza.
214 hechos de violencia política en último mes
El observatorio también presenta un reporte particular del período comprendido entre el 16 de julio y al 15 de agosto de 2021, cuando se registraron 214 hechos de violencia política.
El reporte señala que un 97,66 por ciento, correspondiente a 209 hechos de violencia, fue cometida de manera individual o grupal contra la ciudadanía en general, periodistas o integrantes de organizaciones y partidos políticos.
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Señala el informe que se ha observado que la Policía ordena a sus agentes antidisturbios actuar con violencia y a la defensiva de forma grupal, para alejar a periodistas y opositores, mientras que los civiles armados, generalmente a bordo de motos o usando cascos de motorizados, cometen agresiones en solitario.
El restante 2,34 por ciento, correspondiente a cinco hechos de violencia, fue contra instituciones, es decir contra organizaciones, medios de comunicación o partidos políticos, sin generar víctimas individualizadas.
Los 214 hechos de violencia política que se cometieron de manera individual o grupal generaron la identificación de 122 víctimas, de estas 63,11 por ciento fueron hombres y 36,89 por ciento mujeres, según el informe.
Según el informe, la mayor cantidad de hechos de violencia política en el contexto electoral se han dado en Managua, capital del país, reportando 140 actos de violencia entre el 16 de julio al 15 de agosto de este año, principalmente contra personas detenidas arbitrariamente y desaparecidas forzadamente en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «el nuevo Chipote», y por el hostigamiento registrado durante la jornada de Verificación Ciudadana, especialmente en el departamento de Managua.
Urnas Abiertas es un observatorio electoral, creado para el monitoreo del proceso electoral y que entrega informes periódicos sobre justicia y riesgo electoral con análisis nacionales, territoriales y temáticos relacionados con el desarrollo del proceso electoral 2021.
Este séptimo informe explica que la recopilación de todos estos datos es un esfuerzo entre el equipo del observatorio Urnas Abiertas en colaboración con el Monitoreo Azul y Blanco. Particularmente el Monitoreo Azul y Blanco es una iniciativa ciudadana consolidada por un equipo interdisciplinario con información de organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, redes territoriales, activistas digitales, familiares de presos políticos, personas excarceladas y denuncias.
