Entre octubre 2020 y marzo de 2021, el observatorio ciudadano Urnas Abiertas, denunció que se han cometido al menos 323 hechos de violencia política de manera individual y grupal contra la ciudadanía en general y contra integrantes de organizaciones y partidos políticos, cometidos principalmente por la Policía.
Urnas Abiertas es un observatorio ciudadano, creado para el monitoreo del proceso electoral que entregará informes periódicos sobre justicia y riesgo electoral con análisis nacionales, territoriales y temáticos relacionados con el desarrollo del proceso electoral 2021. Este lunes 10 de mayo, presentaron el primer informe sobre análisis de coyuntura, análisis a la reforma electoral, recién aprobada por el orteguismo y la violencia política en el actual contexto electoral.
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De acuerdo con el informe de Urnas Abiertas, el 73.4 por ciento de los hechos de violencia política que se dieron en este período (del 01 de octubre 2020 al 31 de marzo-2021) fueron de hostigamiento, principalmente realizados por la Policía y en algunos casos con fuerzas de choques o grupos paraestatales.
«La forma de hostigamiento más frecuente fue la presencia de patrullas o motos policiales afueras de las viviendas de personas pertenecientes a organizaciones y partidos políticos, en algunos casos se evitó que las personas salieran de sus viviendas, implementando casa por cárcel de facto», señalaron los integrantes del observatorio durante el lanzamiento de su primer informe.
Estos hechos coinciden con los denunciados esta mañana, por el líder del Movimiento Campesino y exreo político Freddy Navas, a quien la Policía no le permitió salir de si vivienda, para participar en una reunión con el partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL). Navas dijo a LA PRESA, que tiene siete meses y 26 días de estar sometido a un aislamiento total, y que los oficiales tampoco dejan salir de la casa a su esposa.
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De acuerdo con el equipo de profesionales en temas políticos, electorales y de derechos humanos que integran esta iniciativa, los análisis que estarán presentando están basados en el reporte ciudadano, de las redes territoriales que trabajan en alianza estratégica con las iniciativas ciudadanas: Monitoreo Azul y Blanco y con el Independiente Observatorio Ciudadano Covid-19.
Nos concentraremos en la observación de la #JusticiaElectoral donde no todo es sobre el proceso institucional, también la protección de tus DDHH es parte esencial de este enfoque. pic.twitter.com/GajBTQ1fnl
— Urnas Abiertas (@UrnasAbiertas) May 8, 2021
Sobre la reforma a la Ley Electoral
Urnas Abiertas, alerta que la reforma a la Ley Electoral (No.331), atenta contra la libertad y el acceso de prensa, de opinión y de expresión, de reunión, asociación pacífica y movilización. Además señalan que atenta contra los principios de no discriminación e intimidación.
También indican que, al analizar la reforma electoral con enfoque de derechos humanos basado en estándares internacionales «el proceso electoral 2021 arranca con un clima generalizado de elevados niveles de represión política, incertidumbre social e inestabilidad económica, con altos indices de violencia generalizada, un importante deterioro institucional y la ausencia total del árbitro electoral».
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Asimismo advierten que si el Estado no soluciona la situación de violencia política «el proceso electoral puede desarrollarse en un clima de absoluta intimidación y persecución, que de manera sistemática y generalizada contra la población civil podrían volver a constituir crímenes de lesa humanidad.
«En este período preelectoral la violencia política principalmente ha estado enfocada en limitar el derecho a la libre movilización con el objetivo de restringir a través de esta y otras estrategias el derecho a la asociación y la reunión», apuntan.
«El cese a la represión y las violaciones a los derechos humanos debe ser una condición inexorable para el desarrollo del proceso electoral 2021, la observación internacional y nacional deberá tomar en cuenta los patrones de violencia política para emitir sus informes y recomendaciones, además del cumplimiento de estándares técnicos y políticos», insisten.
