Los líderes opositores y otros ciudadanos que permanecen detenidos por la dictadura de Daniel Ortega no han sido presentados por la Policía ni las autoridades judiciales, por lo cual los jueces del Poder Judicial estarían cometiendo el delito de desaparición forzada —considerado de lesa humanidad—, valora el abogado Yader Morazán.
“Si hablamos de desaparición forzada, el Poder Judicial es parte de eso. Los jueces estarían delinquiendo y es delito de lesa humanidad”, comenta Morazán, que también fue funcionario del Poder Judicial durante ocho años.
Hasta el momento, la Policía solamente ha informado mediante notas de prensa que mantiene detenidos a los más de 30 presos políticos, pero no ha dejado que sus familiares y abogados tengan contacto con ellos y les han negado información para conocer sobre su estado de salud. Esto es considerado como una “desaparición forzosa”, expone Morazán.
Uno de los abogados defensores de los detenidos, quien pide anonimato por temor a represalias, explica que este impedimento de la Policía repercute en el Poder Judicial, porque una vez que el reo es puesto a la orden del juez, la Policía pasa más bien a ser un auxiliar en el caso. “Por eso es que se llama Dirección de Auxilio Judicial”, comenta.
La desaparición forzada está considerada como un delito de lesa humanidad por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). En diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Nicaragua) mencionó la desaparición forzada como uno de los métodos represivos de Daniel Ortega en contra de los opositores.
Larga lista de detenidos
Los familiares de los opositores han interpuesto recursos de exhibición personal ante el Poder Judicial a favor de sus parientes, pero ninguno ha sido admitido. Otro defensor de los detenidos, quien también habla en condición de anonimato, asegura que a pesar de que algunos ya han sido acusados formalmente como los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, “ninguno de los abogados hemos tenido acceso ni se nos ha citado ni hemos podido estar presentes”.
Otros de los detenidos que también han sido acusados formalmente son los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez; así como el conductor Pedro Vásquez, el dirigente del partido Ciudadanos por la Libertad, Pedro Joaquín Chamorro; además de la comandante guerrillera Dora María Téllez y la integrante del partido Unamos, Ana Margarita Vijil.
A estos se suman el empresario José Adán Aguerri, el político José Pallais, las dirigentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco —Violeta Granera y Tamara Dávila— y el precandidato presidencial Arturo Cruz. En las acusaciones se incluyeron al periodista Carlos Fernando Chamorro y al analista político Manuel Orozco, pero estos dos permanecen fuera de Nicaragua.
A criterio de Morazán, el Poder Judicial es consciente de que está faltando gravemente en estos casos y buscan desvincularse de estos procedimientos irregulares. “El Poder Judicial sabe que está comprometido en ese sentido, porque al menos en el caso de María Oviedo le han dado trámite a los recursos de exhibición personal por detención ilegal. Saben que están cometiendo grandes atrocidades. Yo pienso que están tratando de lavarse las manos. El día de mañana ellos no pueden decir, “no, es que no sabíamos”, porque (los detenidos) están a la orden del juez”.
Presentación ante medios oficialistas
Para 2018, cuando se dio la primera gran ola de detenidos por manifestarse en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los opositores que la Policía apresaba eran presentados frente a la batería de medios oficialistas, lo cual no ha sucedido en estos casos.
Sin embargo, uno de los defensores expone que los actuales presos políticos no deberían ser presentados de esta manera, porque “ninguno ha cometido delito, por lo que esa presentación (frente a los medios) sería humillante”.
Lo ideal sería que los detenidos tengan acceso a sus abogados y familiares, así como médicos que valoren sus estados de salud, indica el abogado anónimo.
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Otro de los defensores, que también habla en condición de anonimato, expone que los procedimientos en que se están llevando a cabo las acusaciones no han sido legales.
Por su parte, Yader Morazán explica que no existe una regla para que la Policía presente a los detenidos frente a los medios de comunicación. “Esa es una práctica que hacen los gobiernos para visibilizar que están cumpliendo, pero no es una práctica propia del proceso”. Sí lo es brindar información y permitir el contacto o comunicación con sus familiares y abogados defensores.
La Policía puede presentar a los detenidos mientras son investigados para efectos de publicidad, pero cuando ya pasan a la orden del juez, “es este el que decide y de alguna manera responde por lo que pase con ellos”, explica el exfuncionario del Poder Judicial.
