En medio del incremento de asaltos y robos con violencia o armas que denuncia la ciudadanía desde las redes sociales, el régimen Ortega Murillo anunció la liberación de un nuevo grupo de reos comunes a quienes les otorgó el beneficio de convivencia familiar.
“Hoy viernes 20 (de agosto), 828 varones y 72 mujeres, para un total de 900 personas, fueron favorecidos por nuestro gobierno, en una política que viene desarrollándose desde hace varios años para promover convivencia en el hogar, en las familias de las personas que han cometido errores y que están plenamente comprometidas a vivir, a renacer, a vivir una existencia útil para su familia, útil para ellos mismos y sobre todo útil para la patria”, dijo Rosario Murillo en su habitual reporte del mediodía a través de los medios de comunicación oficialistas.
Según Murillo, estas excarcelaciones de personas que “han cometido errores” demuestran el interés del régimen de promover la convivencia y la reunificación familiar. Pero no mencionó si estos excarcelados pasarán por algún proceso de seguimiento o reintegración social al tratarse de personas que han cometido delitos.
De los novecientos excarcelados a los que se les permitió regresar a sus hogares, 342 varones y 29 mujeres guardaban prisión en los centros penales de Tipitapa; 156 varones y 11 mujeres en Granada; 111 varones y 19 mujeres en Chinandega; 123 varones y 5 mujeres en Matagalpa; 68 varones y 6 mujeres en Juigalpa, Chontales; 17 varones y una mujer en Estelí; y 11 varones y una mujer en Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
La tónica de «unir a la familia» desde 2018
Desde el inicio de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018, se ha vuelto costumbre que el régimen Ortega-Murillo libere a grandes grupos de reos comunes en un contexto de inseguridad social, acoso político y violencia delincuencial.
Medios oficialistas informaron que en un encuentro con representantes de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), nacionales y extranjeras, realizado el 25 de agosto de 2020, la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, confirmó que en “los últimos meses” habían otorgado el beneficio de la convivencia familiar a 22,567 privados de libertad.
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Sin embargo, una investigación que realizó LA PRENSA en septiembre de ese año, reveló que entre el 21 de diciembre de 2018 y el 12 de septiembre de 2020 el Migob había otorgado convivencia familiar a un aproximado de 16,607 reos comunes. Esto indica que los números presentados —en un corto periodo— por la ministra no concuerdan con los registrados por los medios de comunicación independientes, que se basan en los mismos datos oficiales, ni concuerdan con la capacidad de las cárceles en el país, además que eso significaría que las cárceles superarían por mucho su capacidad.
Mientras, sin dar información de reos políticos
Los cuatro presos políticos beneficiados con la convivencia familiar en diciembre de 2020 eran parte de un grupo de más de cien presos políticos que había en ese momento. Grupo que a la fecha se ha incrementado a más de 150, entre los que se encuentran 33 que sus familiares han declarado como desaparecidos.
El 25 de marzo de 2021 el Ministerio de Gobernación (Migob) anunció la liberación de 800 reos comunes, 747 hombres y 53 mujeres. No había ningún reo de conciencia en ese grupo.
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Mientras Murillo asegura que promueven la convivencia y la reunificación familiar, a estas 33 personas encarceladas por cuestiones políticas y supuestamente investigadas bajo la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, estarían siendo investigadas por supuesto lavado de dinero y traición a la patria.
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Desde que fueron secuestrados por agentes de la Policía Nacional, sus familiares no han podido verlos para confirmar dónde y cómo se encuentran. Tampoco sus abogados han podido establecer comunicación con ellos para garantizarles la defensa a la que tienen derecho.
En este grupo los que llevan más tiempo de desaparecidos son: Marcos Fletes y Walter Gómez, exempleados de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro que es investigada por el supuesto delito de lavado de dinero. Fletes y Gómez cumplieron este 20 de agosto 84 días desaparecidos. El más reciente integrante del grupo es el secretario de la Junta Directiva del Diario LA PRENSA, Juan Lorenzo Holmann, quien lleva seis días desaparecido, sin reportes oficiales de dónde y cómo se encuentra.
