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CONTENIDO EXCLUSIVO.En la comunidad de Pueblo Nuevo, municipio de Laguna de Perlas, Costa Caribe Sur de Nicaragua, interponer una denuncia de violación sexual o de embarazo forzado en niñas y adolescentes es un acto que requiere de fe. Ahí no hay estación policial donde acudir y las pocas personas que deciden denunciar un abuso deben ir a Laguna de Perlas, en panga, y dejar ahí la acusación junto a todas sus esperanzas para que los casos puedan ser resueltos. Casi nunca se logra, cuentan los pobladores.
Esta es la realidad en Pueblo Nuevo y sus comarcas vecinas, pero también la de un centenar de comunidades rurales donde el Gobierno no hace llegar la educación, los derechos ni la justicia, menos si se es mujer, adolescente o niña. En ese contexto de abandono fue que murió la adolescente E.L.B.D., de 13 años, originaria de La Quinta, comunidad «a una hora en caballo» de Pueblo Nuevo, referencian sus habitantes. La menor murió desangrada luego de dar a luz a su bebé, el pasado 30 de julio. Cumpliría 14 años este octubre, y el padre de su hija ronda los 20 años.
De acuerdo con el Código Penal de Nicaragua, toda relación sexual con una persona menor de 14 años —resulte o no embarazada— y aún cuando ella declare o alegue su consentimiento, es catalogado como delito de violación. El mayor de edad que haya sostenido relaciones carnales con niña, niño o adolescente debe ser denunciado, procesado y pagar una pena en prisión de 12 a 15 años. Nada de esto pasó cuando José Abel Soza, señalado por la madre de la menor, se la llevó de su casa para sostener una relación de abuso donde producto de una violación —que nadie en la comunidad llama bajo ese nombre— ella resultó embarazada.
Un delito «naturalizado»
Los embarazos en niñas y adolescentes son solo «la punta del iceberg» de esta problemática, detrás de ella existen diferentes causas que van desde la violencia sexual hasta el consentimiento del delito por parte de las familias, expone el Movimiento de mujeres Nidia White, con sede en Puerto Cabezas, Costa Caribe Norte.
Shira Miguel Dowms, directora de dicho organismo, trabaja de cerca con las comunidades de esa región para abordar, entre otros temas, la educación sexual y reproductiva. Desde ese espacio, la activista ha conocido la realidad que viven las niñas y adolescentes, además de sus familias: «Hay malas prácticas que son asumidas como cultura, que tiene que ver con que si las niñas ya le salen sus pechos o ya le bajó la menstruación, ya están listas para tener pareja o embarazarse».
La adolescente E.L.B.D. cumpliría 14 años el próximo 14 de octubre. Culminó el cuarto grado de primaria y vivía junto a su madre en la comunidad La Quinta, municipio de Pueblo Nuevo. A inicios del 2020, cuando era una niña de 12 años, José Abel Soza —en ese entonces de 18 años— se declaró como su novio y meses después se la llevó a casa de sus padres. No se habló de secuestro, nadie lo denunció como rapto; ahí se refieren a ese tipo de situaciones como «se la llevó» o «ella se fue», no se menciona como delito. E.L.B.D. regresó a la casa de su madre cuando tenía dos meses de embarazo. Durante su gestación, nadie se refirió al caso como una violación.
Miguel Dowms retoma el caso de E.L.B.D. para enfatizar tanto ese como muchos casos similares se trata de una violación y “se tiene que hacer hincapié en eso”, debido a que se ha ido «naturalizando» ese tipo de delito «bajo el nombre de cultura» pero que son «prácticas lesivas para las niñas».
«Aún hay mucho que hacer porque se llega a naturalizar este tipo de prácticas, entonces (los padres) no quieren establecer procedimientos legales aunque uno le explique cuál es el caso (violación sexual), que cuando una niña, aunque sea bajo su consentimiento, se violenta una norma y eso muchas veces los padres lo niegan», explica la directora del Movimiento Nidia White.
«Es una problemática normalizada, pero como sociedad y adolescentes no estamos preparados para enfrentar esos casos de embarazos no deseados. Es importante que la sociedad o la familia condene los embarazos no deseados como delito de violación, aún cuando los adolescentes se hayan ido con una pareja», remarca por su parte Marycé Mejía, de Enlace Nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia.
Violaciones que no se nombran ni se denuncian
La mayoría de los casos de violencia sexual en las zonas rurales no logran ser denunciados. El anuario 2019 —el último informe disponible— de la institución estatal Medicina Legal expone que en ese año el país registró 4,567 casos de violencia sexual. De ese total, apenas 459 casos corresponden a la zona del Caribe (ambas regiones). Los departamentos también reportaron mucho menos casos que Managua, lugar donde se contabilizó el mayor número de casos en todo ese año: 1,073.
Pero la disparidad de estos números no tiene que ver con que en el Caribe o en la zona rural se den menos los casos de violencia sexual, sino por la falta de acceso a la justicia y educación, más la pobreza y cultura machista, agravada en esos lugares. Sin mencionar que de parte del Gobierno no hay un organismo que se encarga de orientar a las mujeres en materia de derechos y procesos jurídicos, son las organizaciones de derechos humanos y grupos feministas los que trabajan con sus recursos para educar, sensibilizar y denunciar esta realidad.
Una problemática, múltiples causas
Nicaragua es uno de los países que encabeza la lista de los países con más uniones forzadas y embarazos en menores de edad producto de violaciones, lo que es considerado por los organismos como una «situación gravísima», donde la falta de políticas públicas, recursos y condiciones de salud y atención asistencial, agravan la problemática.
Miguel Dowms y Mejía coinciden que detrás de un embarazo forzado está una unión forzada, intereses económicos, pobreza, falta educación, entorno familiar, entre otros.
«Los embarazos en adolescentes se deben atender de manera integral, empezando por la familia a no normalizar que las niñas se unan a temprana edad con hombres y que salgan embarazadas (‘porque ya son mujeres’), porque agudiza la violencia y pobreza, se deriva enfermedades crónicas, trabajos precarios, desnutrición en la niñez, es un sinnúmero de problemas que hay que atender y la gente se ha vuelto indiferente porque se ha vuelto constante esta problemática», lamenta Mejía.
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Miguel Dowms destaca que hay muchos casos de adolescentes embarazadas en condiciones de abuso, pero no hay procesos legales porque cuentan con el consentimiento de los tutores o padres y no hay figuras institucionales dentro de las comunidades que denuncien el problema.
La directora del organismo Nidia White comparte que en muchas ocasiones le ha tocado notificar al Ministerio de la Familia o a las Comisarías de la Mujer los casos de embarazos forzados, pero lamentablemente muchas veces no progresan porque son los padres que deben testificar, pero la adolescente dice que la relación es bajo consentimiento de ellos.
¿Qué deben hacer las autoridades?
Hablar de embarazo forzado en menores de 14 años refiere de una violación agravada que puede ser cometida ya sea por el novio, familiar, profesor, líder religioso o cualquier conocido, expone una abogada, quien prefiere el anonimato por temor a represalias del régimen de Daniel Ortega.
Según explicaciones de la abogada, las autoridades no deben esperar una denuncia para investigar el caso de un embarazo en niñas o adolescentes. Si la familia no se presenta a las oficinas, quien debe dar referencia sobre tal caso es, en primera instancia, el centro de salud u hospital donde se atiende a la menor.
Estos dos actores deben informar al Ministerio de la Familia y este debe investigar el caso de la adolescente. De las conclusiones o resultados que arroje dicha indagación, este deberá reportarlo a la Policía, a través de la Comisaría de la Mujer, y luego al Ministerio Público.
Sin embargo, el problema radica, señala Miguel Dowms, en que en las comunidades —como por ejemplo las del Caribe Norte— no hay una unidad de salud sino puestos de salud que presentan serias limitaciones, por lo que las embarazadas son atendidas por parteras comunitarias.
Por otro lado, los centros de salud u hospitales quedan lejos de las comunidades por lo que movilizarse hasta ese lugar requiere un gasto extra para las familias, que en su mayoría son de escasos recursos.
Tal fue el caso de E.L.B.D., quien se vio obligada a viajar a Laguna de Perlas y Bluefields para que la atendieran en su parto. Para poder regresar a su comunidad se necesita tomar dos lanchas, y luego buscar caballos que los encaminen hasta La Quinta, donde no hay ni puesto de salud ni autoridad policial alguna.
«Hay puestos de salud en las comunidades, pero se debe tener una sede más completa, es por eso que la gente se moviliza, pero muchas veces no cuentan con los recursos económicos para poder acceder a esas sedes», dice la directora.
«En la mayoría de los casos no va a encontrar figuras institucionales dentro de las comunidades, lo que operan son las estructuras comunitarias que son las que garantizan de una u otra manera esa ruta que permita el acceso a justicia o servicios (…) Entonces los sistemas de referencia comunitario tienen que fortalecerse de tal manera que si capta la partera (a una adolescente) pueda remitir al sistema de salud y la niña pueda estar más segura dentro de su proceso de embarazo, prácticamente impuesto aunque se diga que es voluntaria», agrega.
Deben investigar el caso
Durante el embarazo de la adolescente E.L.B.D. no se conoció de alguna complicación de salud. Dio a luz a una bebé sana, pero una hora y diez minutos después de su labor de parto falleció desangrada. El Ministerio de Salud (Minsa), quien reportó la muerte materna, detalló las causas del deceso: «(…) Presentando posterior al alumbramiento, sangrado abundante, se aplican medidas para controlar la hemorragia, entró en shock severo. Causa de muerte: Shock hipovolémico, secundario a hemorragia posparto por desgarro uterino más atonía uterina».
De acuerdo con reportes médicos, este diagnóstico tiene que ver con una ruptura del músculo del útero, y aunque es una situación que es poco frecuente en el parto, es una complicación muy grave que produce hemorragia severa y podría provocar la pérdida del conocimiento de la madre por choque hipovolémico, paro cardiaco o respiratorio y alto riesgo de muerte.
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Para la abogada nicaragüense, las autoridades debieron procesar a la persona que cometió el delito de violación agravada, porque hay como resultado un embarazo, pero también analizar las circunstancias de su embarazo y «si fue oportuna la atención conforme a la Ley General de Salud».
«Habría que ver las circunstancias de los hechos, si hay violencia obstétrica habría que investigar», refiere la abogada.
Al respecto, la directora del organismo Nidia White reflexiona que aunque se esté claro que no hay condiciones emocionales, mentales ni biológicas para que las adolescentes tengan bebés a temprana edad, se debe fortalecer el sistema de salud y contar con procesos diferenciados para esta atención.
«Son niñas de 12 años, adolescentes de 13, 14 años, estamos hablando que biológicamente no están preparadas para un embarazo y mientras esto siga pasando, debería irse adecuando los servicios de tal manera que sean ajustadas a las realidades biológicas de las niñas», destaca Miguel Dowms.
La integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia lamenta que ni el mismo sistema de salud esté preparado para atender, desde el proceso inicial, estos casos, puesto que ha sido testigo de cómo criminalizan a las menores por tener un embarazo forzado.
«Esta niña que murió es un caso que te da un indicador que la educación sexual y reproductiva en Nicaragua está totalmente abandonada, no hay opciones para la mujer de decidir sobre su cuerpo, sobre la maternidad. Una maternidad saludable es cuando es deseada, pero una adolescente que no está en pleno desarrollo, en cuerpo, mente y emociones difícilmente se va a hacer cargo de otro niño, una adolescente lo que necesita es protección y cuido», reflexiona.
