La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) instan al Estado de Nicaragua a dejar de cometer actos que intimidan y hostigan al personal de salud de Nicaragua: “En este sentido, la CIDH y Redesca condenan el uso de prácticas intimidatorias o de hostigamiento mediante el uso del derecho penal, laboral o administrativo que tienen como efecto silenciar o infundir temor en integrantes del gremio médico y de la salud”, anunció el organismo de derechos humanos mediante un comunicado de prensa.
El personal de salud se ha visto seriamente afectado, no solamente por la crisis global por el Covid-19, sino también por la persecución que han experimentado a raíz de esta y la represión que el Estado de Nicaragua ha instaurado en contra de la sociedad nicaragüense.
También registran diversos discursos de parte del Estado de Nicaragua en contra del sector salud. Entre otras denuncias se encuentra el Decreto de Cancelación de Personerías Jurídicas presentado el pasado 22 de julio ante la Asamblea Nacional “[…]tendría como objetivo suspender la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales, incluyendo gremios médicos de distintas especialidades al considerar que habrían ‘desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuado contra ley expresa'», puntualizó el organismo mediante el comunicado de prensa.
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Denuncias de hostigamiento
El comunicado de prensa reveló que la CIDH y Redesca han recibido por parte de defensores de derechos de la salud, profesionales de la salud y comunidad científica la información que es de dominio público. Entre las denuncias recabadas se encuentra el hostigamiento que han recibido los integrantes —particularmente de la directiva o adscritos— de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) por parte de los agentes del Estado. Y reiteraron que la junta directiva, debido a los altos niveles de hostigamiento, tomó la decisión de darle clausura a la sede de UMN y proceder a las teleconsultas.
Entre las acciones de carácter represivo que el organismo registra está la del pasado 22 de julio del presente año, cuando el Ministerio Público emitió una citatoria al médico internista e infectólogo Carlos Quant y el médico Jorge Miranda el 26 de julio, quienes activamente han estado brindando informes respecto a la situación del Covid-19, que contradicen en su gran mayoría las estadísticas e información oficial del Estado de Nicaragua.
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Al igual que los anteriores y citando la Ley de Ciberdelito, el pasado 12 de julio del año en curso, el Ministerio Público emitió una citación al médico José Luis Borgen, quien también forma parte de las muchas otras personas despedidas en el año 2018 por realizar una activa y firme denuncia en contra del actuar del Ministerio de Salud (Minsa).
CIDH y Redesca urgen cese a la represión
De manera reiterada Redesca ha hecho diversos llamados acerca de la preocupante situación en la que se encuentran los profesionales de la salud en Nicaragua, y esta ocasión no fue la excepción pues el comunicado finalizó con lo siguiente:
“La Comisión Interamericana y su Relatoría Especial hacen un llamado enfático al Estado de Nicaragua a cesar todo tipo de hostigamiento e intimidación en contra de las personas del sector de la salud, así como de la sociedad civil y comunidad científica, instando a que asegure la construcción de contextos y ambientes libres de hostigamiento o amenazas, sin obstaculizar el ejercicio de la medicina y a cumplir con su deber de garantizar los derechos de personas profesionales y trabajadoras de la salud en el contexto de la pandemia”.
