Los familiares de presos políticos siguen denunciando violaciones a sus derechos humanos y a los de sus familiares detenidos. LA PRENSA/ ÓSCAR NAVARRETE

Familiares de presos políticos califican como «inaguantable» la situación que enfrentan

"Hoy pedimos que puedan hacer eco de la injusticia, la impotencia, los abusos a sus derechos humanos y el dolor que estamos viviendo", denuncian a través de un comunicado.

Como inaguantable, calificaron la situación que atraviesan los familiares de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega, y denunciaron el impacto económico y psicosocial que enfrentan.

«El primero (de dos mensajes) es dar a conocer de primera mano la inaguantable situación en que se encuentran nuestros familiares de presos y presas políticos. Comenzando por las condiciones altamente vulnerables en que se encuentran y el impacto económico y psicosocial que esta situación tiene en ellas, ellos y en nosotros y nosotras, como familias. Hoy pedimos que puedan hacer eco de la injusticia, la impotencia, los abusos a sus derechos humanos y el dolor que todas y todos estamos viviendo», denuncian a través de un comunicado.

Desde el 28 de mayo, el régimen ha detenido a 26 personas. Entre los secuestrados están precandidatos presidenciales, líderes opositores, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un exdirectivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y un cronista deportivo que mantenía activa crítica a la función pública. No obstante, en el marco de las protestas sociales de abril de 2018, aún están detenidos más de 120 reos de conciencia.

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El sostén económico de la familia

La gran mayoría de los presos políticos está en los diversos sistemas penitenciarios de Nicaragua. Sus familiares denuncian que estos viven en una situación precaria y que «el 78 por ciento son adultos de 25 a 59 años, la mayoría padres y madres de niños y niñas; son el sostén económico de sus hogares e incluso de sus familias ampliadas, lo cual ha agravado su situación económica. El 35 por ciento de las personas presas políticas fueron capturadas entre 2018 y 2019, algunos con casi tres años presos. El periodo promedio que llevan en prisión las personas capturadas, luego de 2018, es de 405 días y muchos han sido juzgados dos veces por el mismo delito», refiere el comunicado.

Señalaron que las personas encarceladas padecen de males crónicos, adquiridos o provocados durante su situación de cautiverio. Denunciaron que algunos reos de conciencia han sufrido padecimientos, pero no reciben atención oportuna ni se les permite el acceso a los medicamentos que sus familiares les llevan.

Indicaron que ante la pandemia del Covid 19, el país —y los penales en particular— sigue sin contar con políticas para evitar la propagación del virus. «No existen ningún tipo de medidas implementadas para protegerles. Esto es de suma preocupación para nosotras y nosotros, ya que sabemos que el contagio podría ser grave para nuestros familiares injustamente encarcelados», manifestaron.

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Denuncian visitas condicionadas

A diferencia de los 26 presos políticos capturados a partir del 28 de mayo de este año, a quienes fueron encarcelados entre el 2018 y el 2019 les permiten ver a sus parientes y el ingreso de alimentos; no obstante, sus familiares denunciaron que son coaccionados.

«A familiares y presos políticos nos hacen firmar documentos en que afirman que han recibido un buen
trato, de lo contrario se nos niega el derecho a las visitas. Sabemos que esto no es cierto y es una táctica
más de represión, desgaste y chantaje de la dictadura», denunciaron.

Parientes de presos políticos recuerdan que entre las personas encarceladas hay diez que fueron secuestradas antes del contexto de 2018, quienes ya llevan 2,527 días encerradas en celdas de máxima seguridad. Destacan que incluso entre ellos hay una rea que lleva 3,650 días en una celda de máxima seguridad, en el sector conocido como el Infiernillo, en el Sistema Penitenciario Nacional La Modelo.

Relataron que algunas familias tienen más de un familiar preso político encarcelado y los sistemas penitenciarios les asignan fechas distintas para las visitas, por lo que se ven obligadas a ausentarse de sus viviendas y trabajos durante varios días, lo que les ocasiona consecuencias económicas, físicas y emocionales.

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