Familiares de los detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo «Chipote», están a la espera de la respuesta de una carta remitida el pasado 5 de julio al jefe de este complejo policial, comisionado general Luis Pérez Olivas, solicitándole se respete el derecho humano de los detenidos para que éstos puedan ver a sus parientes y a sus abogados, pero hasta la fecha no han obtenido una respuesta, según informaron.
Josefina Dávila, hermana de la Tamara Dávila, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y sobrina de Ana Margarita Vijil, miembro del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos) y de Dora María Téllez, excomandante guerrillera, dijo que hasta el momento les han negado el derecho a la visita de sus familiares, por lo que ya tienen un mes y un día sin poder verlos y saber de ellos.
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«Tamara no padece ninguna enfermedad. Ana Margarita padece de anemia y tomaba medicamentos para eso, ahora no nos dejan pasar ningún tipo de medicamento si no es con una receta del doctor de allí, ayer (este lunes) nos pidieron vitamina C para Margarita, pero ella no tomaba ningún tipo de vitamina anteriormente, la pastilla que toma ella es ácido fólico y otra que ahorita no recuerdo, estoy segura que ya se le acabaron y (la Policía) no nos ha pedido más, ella padece de fuerte miopía, es decir que sin anteojos no mira. Uno de nuestros miedos es no saber si la Policía le quebró los lentes cuando la detuvo y cómo estará…Dora María tiene problemas en las rodillas y las manos, como una artritis, por lo que necesita una félula, le llevamos una, pero la Policía la devolvió sin ninguna explicación, no nos dijeron si le pusieron algo para compensar eso», denunció Dávila.
Preocupados por salud de detenidos
Desde el 28 de mayo, el régimen ha detenido a 26 personas. Entre los secuestrados están precandidatos presidenciales, líderes opositores, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un exdirectivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Social (Funides) y un cronista deportivo que mantenía activa crítica a la función pública.
Doña Jilma Herdocia, esposa del analista político y miembro de la Coalición Nacional, José Pallais, de 67 años, recordó que ya tiene 34 días sin poder ver a su esposo y por su edad avanzada manifestó preocupación por su estado de salud. «La situación sigue igual, seguimos llegando al Chipote y lo único que recibe es agua y excepcionalmente otra cosa y las medicinas cuando los médicos del lugar las piden, pero las piden en un papel de envolver y luego nosotros la llevamos. Al principio me pedían una medicina que él no usa, pero ahora sí me han pedido la medicina que él usa para la hipertensión. Seguimos con la misma incertidumbre, no sabemos si está allí en el Chipote desde que se lo llevaron de la casa, nadie lo ha visto. Sobre si lo llevaron a un hospital enfermo no lo pude comprobar, no sé si solo fueron rumores», indicó.
Maynor Curtis, abogado del precandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro, del cronista deportivo Miguel Mendoza, del exdiputado Pedro Joaquín Chamorro y de los exguerrilleros sandinistas Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, dijo que está a la espera que los jueces a cargo de los casos en contra de sus representados se pronuncien para poder entrevistarse con ellos, ya que se les ha negado este derecho constitucional hasta el momento.
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Fabiola Chávez, cuñada del precandidato presidencial, Miguel Mora, detalló que tienen 23 días sin poder ver a su cuñado y que «ningún familiar ha podido ver a ningún preso político, solo nos reciben agua en el Chipote en los tres tiempos que corresponde la comida. Miguel tiene un problema de alergia, he visto que la Policía entrega una receta médica a la familia del reo cuando necesitan que se le lleve medicamentos».
