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CONTENIDO EXCLUSIVO.La Alianza Cívica (AC) denunció ayer domingo que sus miembros continúan siendo objeto de represión y persecución política por parte del régimen de Daniel Ortega, luego de que el Ministerio Público citara a “una entrevista” para este lunes, 12 de julio, a la abogada María Asunción Moreno, en menos de 48 horas que esta confirmara su aspiración a la Presidencia. En ese contexto, analistas insisten en que no hay condiciones para que haya elecciones justas y transparentes, pero Ciudadanos por la Libertad (CxL) insiste en el voto masivo para derrotar a Ortega, un punto en el cual no hay consenso entre los consultados.
La citatoria del Ministerio Público llegó a Moreno el último sábado, horas después de confirmar que la Alianza Cívica presentará oficialmente en los próximos días la propuesta de su precandidatura a la presidencia del país ante la Alianza Ciudadanos por la Libertad (Alianza CxL).
“Una vez más los miembros de la Alianza Cívica continúan siendo objeto de represión y persecución política, hacia ciudadanos con vocación democrática y deseo de cambios en el país. Acompañamos y respaldamos a María Asunción Moreno Castillo, por ser una ciudadana íntegra, con valores éticos y morales que no ha cometido delito alguno”, manifestó el comunicado de la AC.
Esta nueva arremetida del régimen contra la oposición ocurre a cuatro meses de que se realicen las elecciones generales en el país, lo que confirmaría que las condiciones actuales con las que avanza el proceso electoral no cumplen con los estándares democráticos nacionales e internacionales. Distintos sectores de oposición y la propia comunidad internacional han advertido que de realizarse unas elecciones bajo las circunstancias actuales, se desembocaría en un gobierno sin legitimidad de origen.
En el último mes, el régimen de Daniel Ortega ha encarcelado a seis precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro, en arresto domiciliar desde el 2 de junio; Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena. Además de una decena de líderes opositores.
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Organismos independientes que monitorean el actual proceso electoral, también han señalado que desde la publicación del calendario electoral, el pasado 11 de mayo, se ha profundizado la violencia política ejercida por el Estado. Al respecto, el observatorio Urnas Abiertas ha reportado al menos 225 hechos de violencia entre el 1 y el 15 de junio, cometidos en el contexto electoral.
No obstante, pese al crítico escenario y trabas a las que se enfrenta la oposición en Nicaragua, la Alianza política Ciudadanos por la Libertad insiste en ir a las elecciones, teniendo a dos precandidatos oficialmente inscritos encarcelados: Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro.
“En este momento nosotros hemos sido muy claros como Alianza, estamos haciendo todo lo posible por llegar a ser esa opción que tenga el pueblo nicaragüense el 7 de noviembre, para poder cambiar la historia del país por la vía cívica. Creemos que el Gobierno está haciendo todo lo posible para desanimar a la población, para ahogar a las organizaciones políticas, sin embargo vamos a seguir avanzando hasta donde nos sea posible”, argumentó Alberto Dávila, presidente de la Comisión de Capacitación y Formación Política de CxL.
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Dávila reiteró que la vía democrática es la única opción que tienen para salir de la dictadura Ortega Murillo. “Sabemos que en las condiciones en las que estamos, jamás vamos a esperar de una dictadura condiciones reales para que se den estos cambios. Si nosotros como opción política no participamos (en las elecciones), si dejamos a merced las decisiones absolutas del gobernante, no estamos cumpliendo nuestra función y estamos dejando sin esperanza al pueblo de Nicaragua”, expresó.
Cómo se ve desde afuera el contexto electoral
El analista internacional y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo, opinó que “es evidente que a estas alturas, a cuatro meses de las elecciones, no hay forma de que haya elecciones libres en Nicaragua si hay participación de Ortega o de alguno de su círculo inmediato”.
Murillo sostiene que mientras haya alguien del orteguimo participando en las elecciones y no se cambien las reglas actuales del juego electoral, no hay posibilidad en noviembre de unos comicios justos. “Eso está muy claro. Y no es solo liberar a los candidatos y a los líderes políticos, es que tienen que cambiar el régimen en sí. Tiene que cambiarse el Consejo Electoral, tienen que establecerse nuevas leyes que garanticen que cualquier persona pudiera decir con total libertad sus opiniones políticas, porque con estas leyes que tiene en vigencia el régimen ningún candidato podría hablar en campaña electoral, porque sería detenido inmediatamente”, manifestó.
Alianza CxL apuesta al voto masivo
Por otro lado, Dávila reveló que desde la Alianza CxL se mantienen firmes en su posición de continuar siendo parte del proceso electoral porque confían en el voto masivo para evitar el fraude electoral, pese a que no hay unidad en todos los sectores de oposición. También descartó que le estén siguiendo el juego a la dictadura, como lo han señalado algunos críticos.
“Hay sectores en Nicaragua que lamentablemente no recuerdan los estragos de una opción que no sea la vía cívica, que quizás no han vivido lo que causa otro camino que no sea el camino democrático, cívico, en una elección. Nosotros estamos convencidos de que Nicaragua no necesita más confrontación, más derramamiento de sangre y más división entre hermanos; sin embargo, si nosotros como organización política decimos que aquí no hay nada que hacer, entonces realmente le estamos dando la espalda al pueblo y participar en una elección con todas estas circunstancias no es ser zancudo, es tener compromiso con la democracia”, agregó Dávila.
A la vez, reiteró que desde el voto masivo y el ejercicio de la verificación ciudadana este próximo 24 y 25 de julio “podemos mandar desde ya el mensaje tanto al Gobierno como al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional, que aquí el pueblo ya tomó su decisión de que vamos a salir masivamente a votar el 7 de noviembre, no hay fraude que pueda tolerar, resistir y aguantar el voto masivo de un pueblo que cívicamente va a tomar la decisión de cambiar la historia”.
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El riesgo: ¿quién contará y supervisará los votos?
Sin embargo, a juicio de Murillo, bajo las actuales leyes y el control de Ortega en el Consejo Supremo Electoral, no ve la posibilidad de que un voto masivo en contra de Ortega sea respetado por el CSE, mucho menos cuando el régimen ha dejado claro que no permitirá la observación electoral internacional e independiente.
“A no ser que fuera un escenario tan improbable como que, por ejemplo, el voto fuera 70 por ciento a favor de la oposición, y haya una oposición que va unida con un candidato o una candidata de peso y Ortega obtenga 30 por ciento de los votos, y que en cada mesa electoral haya fiscales que no sean orteguistas, que haya vigilancia internacional, que yo creo que no va a ser permitida la vigilancia internacional, no solo de la OEA sino de otras entidades, y que en todo momento se vigile el proceso electoral para garantizar que una vez que se recolectan los votos, no se va a alterar el resultado”, dijo Murillo.
Para Harold Rocha, abogado y experto en derecho internacional, “el voto masivo no logra compensar la falta de reformas mínimas y de condiciones habilitantes, menos cuando buena parte de los precandidatos han sido privados de libertad”.
También recordó que “la comunidad internacional, sobre todo a través de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), refrendó la hoja de ruta electoral diseñada por el Grupo Pro Reforma Electoral (GPRE) y otros. Recogió reformas y garantías mínimas, que no se cumplieron”.
UE a reunión clave este lunes
Tanto la Unión Europea como Estados Unidos, la OEA y otras instancias internacionales han presionado a Ortega para que cambie el rumbo del país y cese la represión contra los opositores; no obstante, en respuesta el régimen ha dejado en claro que no tiene la más mínima intención de ceder el poder, mientra intensifica la violencia y abusos de derechos humanos en el país.
Al respecto, ante su posición autoritaria y dictatorial, el régimen de Ortega está frente a unas posibles sanciones de niveles comerciales. Este lunes el Consejo de la UE analizará una reciente resolución aprobada por el Parlamento Europeo (PE), en la que demanda “estrictas sanciones” para Ortega, Rosario Murillo y su círculo íntimo. Además, los eurodiputados reiteraron el llamado para suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centroamérica y la UE.
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Mientras que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó el mes pasado el proyecto de Ley Renacer, que propone nuevas acciones para sancionar y presionar a la dictadura Ortega Murillo. Asimismo, exige revisar la participación de Nicaragua en el Trato de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta). A la vez, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió suspender a Nicaragua del organismo regional tras la “ruptura del orden democrático”.
Al respecto, Rocha comentó que “la comunidad internacional continúa apoyando al pueblo nicaragüense en su lucha para recuperar la democracia. Ahora, además de medidas políticas y diplomáticas, vemos que se intensifican las de carácter económico: sanciones directas, control de créditos multilaterales, control de cooperación al desarrollo, y hasta suspensión de beneficios arancelarios en acuerdos comerciales. Probablemente, toque ver qué medidas de esa índole se adoptan a nivel interno”.
Opciones que quedan, son limitadas
Por su parte, Murillo dijo que las opciones que quedan para presionar a Ortega son muy limitadas, porque las opciones que tiene la comunidad internacional son principalmente las sanciones de carácter económico. A su juicio, los países centroamericanos no quieren sanciones como suspensión de relaciones comerciales, que significarían un daño directo, no a los hijos y a los negocios de la pareja presidencial, sino al Gobierno y que afecten directamente al pueblo.
Además, “las otras sanciones serían suspender a Nicaragua de la OEA y dificultar las acciones en el marco del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) y parece que tampoco hay voluntad para avanzar en ese sentido, porque cuánto hace que la OEA adoptó la resolución condenando al régimen de Ortega y no pasó nada; siguen detenciones, siguen violaciones y la OEA no toma el paso siguiente, que sería convocar a la Asamblea General para suspender a Nicaragua”, cuestionó Murillo.
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Asimismo, refirió que “aun una sanción del Consejo de Seguridad de la UE, que sería una sanción de naturaleza política, no va a haber efecto”. Sobre la Ley Renacer, que está en trámites de revisión y discusión por la Cámara de Representantes y como último paso queda la firma del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que sus medidas entren en vigencia, Murillo dijo que eso significaría que los gobiernos centroamericanos tendrían también que adoptar medidas comerciales respecto a Nicaragua.
“Pienso que los gobiernos centroamericanos no apoyarían esa decisión (suspensión del DR-Cafta), y más bien le pedirían no suspender a Nicaragua”, según su interpretación.
“El problema que hay aquí (en Centroamérica) es que en el fondo el asunto termina en que no solo afecta a Nicaragua, sino que afecta a todos los países, porque prácticamente todas de las exportaciones de Costa Rica y Panamá hacia el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) tienen que pasar por territorio nicaragüense, y si Ortega cierra las fronteras, se paraliza el comercio centroamericano”, añadió.
Y es ahí cuando “les toca los bolsillos a muchos sectores centroamericanos y hasta los mismos sectores empresariales presionarían, no por el comercio con Nicaragua, sino por el comercio entre el resto de los países centroamericanos, porque no habría como transportar todas las mercancías que van desde Panamá y Costa Rica al resto de la región. Y sobre todo, no tanto de Panamá y Costa Rica, como desde la Zona Libre de Colón que va hacia los países del Triángulo Norte. Entonces el escenario es muy complicado en términos de sanciones comerciales y económicas por esa situación”, explicó Murillo.