Hay fechas o efemérides de significado universal. Como la toma de la Bastilla en 1789, ícono de la Revolución francesa, o el descubrimiento de América de 1492. Ayer, 4 de julio, fue el turno de una de esas que trascienden fronteras y se convierten en patrimonio de la humanidad: la declaración de independencia de Estados Unidos (EE. UU.), en 1776. Si influencia ha sido tal que inspiró los movimientos independentistas de Hispanoamérica, incluyendo obviamente a Nicaragua, así como las constituciones de innumerables países.
245 años después, el documento continúa siendo tan revolucionario como actual. Una de sus primeras afirmaciones dice así: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables…”
“Inalienable”. ¡Qué concepto más importante! Porque sencillamente proclama la verdad básica, fundamental, que todos los seres humanos, sin excepción, poseen derechos que no les son dados por ningún poder o convención humana, sino que provienen de Dios, y que, por tanto, son sagrados, y de paso irrenunciables. No son negociables ni pueden ser negados por ninguna autoridad terrestre, precisamente porque son anteriores y superiores a ella.
Entre estos derechos la declaración menciona, “entre otros”, el derecho a la vida, a la libertad, y a la búsqueda de la felicidad. Existen pues otros, derivados en gran parte de los anteriores, como el derecho a la integridad física, a la libertad de expresión y asociación, etc., derechos que serían más tarde proclamados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano, de la Revolución francesa, y, contemporáneamente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La proclamación de derechos humanos inalienable implica, de entrada, una limitación tajante a la autoridad de los gobernantes: estos no pueden infringir los derechos individuales. Pero la declaración de 1776 va más allá al afirmar: “Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos”. Es decir, que la única razón de ser de la autoridad, lo que la justifica, es proteger dichos derechos. Y si esto no fuese suficientemente revolucionario, el documento añadió otro principio, base del republicanismo: que los gobiernos “derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados”. Es decir, que la base de toda legitimidad es el consentimiento popular; que sin él un gobierno no tiene derecho a mandar ni a ser obedecido; todo lo contrario. La declaración de nuevo va más allá: “cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno…” Y, para remacharlo añade que hacerlo constituye hasta un deber: “cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad”.
Como puede verse, un eje central de la declaración es la defensa contundente de la dignidad humana ante cualquier tiranía. Los padres fundadores de la nueva república eran muy conscientes de los peligros del poder. Pesaba en ellos los atropellos que las colonias habían sufrido bajo el rey inglés Jorge III y, en forma muy particular, la peculiar religiosidad de la Norteamérica de entonces. Uno de los primeros en notarlo fue De Tocqueville: “En Norteamérica la religión es la que lleva a la luz, y la observancia de las leyes divinas es la que conduce al hombre a la libertad”. El cristianismo, con su doctrina sobre la falibilidad humana incitaba a limitar la potestad de los poderosos y ya, desde 1750, el pastor Jonathan Mayhew predicaba el deber cristiano de resistir la tiranía.
Ojalá fuese la declaración de independencia de EE. UU. lectura obligatoria en todas las escuelas del mundo. La necesidad de proclamar la dignidad humana ante los abusos del poder es, en el siglo XXI, tan necesaria como lo era en 1776.
Es el siglo XXI y el llamado a defender.
El autor es sociólogo e historiador. Autor del libro En busca de la tierra prometida. Historia de Nicaragua 1492-2019.
