El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, manifestó en una entrevista a LA PRENSA que la actual situación de derechos humanos en la región centroamericana y específicamente en Nicaragua es precaria, delicada y evidencia el abuso de poder de algunos gobernantes.
Sobre la crisis sociopolítica y de derechos humanos que se vive en Nicaragua desde hace más de tres años y que se ha agudizado en los últimos meses, tras la detención de líderes opositores, precandidatos presidenciales, periodistas y banqueros, HRW exhortó este martes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a aumentar su respuesta a las acciones autoritarias del régimen de Daniel Ortega.
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El informe presentado este martes por HRW titulado “Arremetida contra críticos en Nicaragua, persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones”, insiste urgentemente en que “los altos funcionarios de la ONU y los países miembros interesados en promover los derechos humanos podrían prevenir una crisis regional si aumenta la presión sobre Ortega para que ponga fin ahora a la represión.
Al respecto, en el marco del Consejo de Derechos Humanos e informes presentados por la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenando los abusos del régimen, Vivanco señaló que Naciones Unidas tiene un rol central que jugar sobre la grave crisis de Nicaragua.
¿Cuál es su valoración actual de la situación de derechos humanos en la región y específicamente en Nicaragua?
La situación en Centroamérica es muy precaria y delicada. Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, todos están arremetiendo contra la independencia judicial, en un esfuerzo por concentrar el poder y socavar el Estado de derecho. Por supuesto que es también el caso de la dictadura en Nicaragua, donde hemos sido testigos de cómo Ortega utiliza al poder judicial, Ministerio Público y la Policía para arremeter brutal y arbitrariamente contra críticos y opositores políticos.
Con base en su experiencia, ¿cuál es el análisis que tiene el organismo sobre la situación de Nicaragua actualmente, tomando en cuenta las detenciones de los precandidatos presidenciales y líderes opositores?
Es un flagrante abuso de poder. Ortega está burdamente sacando de la cancha a cualquiera que represente una amenaza directa a sus aspiraciones de reelección indefinida. El objetivo es competir sin opositores o con un candidato elegido por él mismo y aterrorizar al país. Todo indica que está dispuesto a pagar cualquier precio para lograrlo.
A su juicio, ¿cuáles son las acciones en materia de defensa de los derechos humanos que corresponden ponerse en práctica en Nicaragua en este momento?
La única opción es visibilizar estos hechos, documentarlos, denunciarlos y lograr que la comunidad internacional se active y redoble la presión sobre la dictadura de Ortega y Murillo. La OEA debe advertir al régimen que si no corrige y revierte sus prácticas represivas, Ortega arriesga ser suspendido de este organismo y tratado como un paria a nivel regional. Asimismo, hay que incrementar el número de jerarcas del régimen sancionados mediante el congelamiento de bienes y cancelación de visas. No solo por Estados Unidos, sino también por Canadá, las democracias europeas y latinoamericanas.
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¿HRW tiene planificado hacer contacto con el Gobierno de Nicaragua?
Lo hemos intentado, pero como usualmente ocurre con estas dictaduras, la arrogancia se impone y no hay posibilidades de diálogo alguno. Creo que la mejor manera de comunicarse con el régimen es hacerlo a través de la opinión pública nacional y mundial. Y por eso hoy hemos publicado un informe sobre detenciones arbitrarias y persecución de candidatos presidenciales, líderes de la oposición y otros críticos del régimen de cara a las elecciones. Nuestro informe detalla hostigamiento, detenciones y procesos penales arbitrarios y abusos en detención contra críticos y opositores, así como también el impacto de leyes abusivas que socavan derechos fundamentales.
¿En qué momento correspondería a instancias de las Naciones Unidas aumentar su rol para enfrentar la crisis que amenaza severamente los derechos humanos de un país?
Creemos que dada la gravedad y la escalada represiva de Ortega, Naciones Unidas tiene un rol central que jugar. Existen iniciativas en el marco del Consejo de Derechos Humanos e informes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos condenando los abusos. Por su parte, el secretario general António Guterres debería construir sobre esta base e incrementar la presión, específicamente invocando el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas y llevar esta cuestión al Consejo de Seguridad de la ONU. Esto se justifica no solo por los abusos desmedidos del régimen de Ortega, sino también por el impacto que genera esta crisis en materia migratoria y por el peligro que este precedente sea replicado por otros gobiernos autoritarios de la región.