La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, pidió este martes al régimen liberar a los presos políticos, cesar todo acto de persecución, restablecer los derechos y libertades, y derogar las leyes restrictivas aprobadas el año pasado en Nicaragua.
Bachelet presentó un informe actualizado sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de este martes, donde afirmó que su oficina “ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos”.
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La alta comisionada advirtió que esto aleja la posibilidad de que los nicaragüenses “puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”.
“Desde hace más de tres años, este Consejo ha analizado en profundidad la crisis de derechos humanos, social y política que afecta a Nicaragua. Lamentablemente, debo informar que no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por mi Oficina al Estado de Nicaragua. Esta crisis no solo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, agregó.
Sobre las recientes acciones del régimen
Bachelet también recordó que del 2 al 21 de junio, la Policía y el Ministerio Público detuvieron a varios miembros de la oposición, entre ellos cinco precandidatos presidenciales, más de diez líderes políticos y dos dirigentes gremiales. “Sus detenciones, bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria, fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales. Al respecto me preocupa especialmente la situación de las mujeres y de las personas adultas mayores privadas de libertad”, manifestó.
A la vez señaló que estas investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas en julio de 2018 y en octubre de 2020, respectivamente. La “Ley Nº 977 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo” y la “Ley Nº 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”.
“Mi Oficina y varios mecanismos especiales de este Consejo ya habían advertido que estas leyes podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, como en efecto está ocurriendo”, reiteró.
Mencionó que las autoridades también han empleado una reciente reforma del Código Procesal Penal para detener a la gran mayoría de las personas mencionadas hasta por 90 días, en lugar del término constitucional de 48 horas. Mientras tanto, la Fiscalía continúa las investigaciones en perjuicio de sus derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y un recurso efectivo.
Canciller del régimen señala de agresores e intervencionistas a EE. UU. y la UE
Tras finalizar la presentación del informe sobre la crisis de Nicaragua, el canciller del régimen de Ortega, Denis Moncada Colindres, expresó que su presencia ante el Consejo se debe a que en los últimos días han vivido y enfrentado posiciones intervencionistas de parte de Estados Unidos y Europa, y pidió respetar el espíritu del sandinismo.
“Tenemos derecho a vivir tranquilos, tenemos derecho al respeto, tenemos derecho a la paz que con tanto empeño hemos venido construyendo entre siglos de agresión, intromisión, intervención de los Estados Unidos de Norteamérica y de las potencias europeas cómplices que han pretendido mantener dominio imperialista y colonial sobre Nicaragua”, expresó Moncada.
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“Nicaragua ha enfrentado la codicia indecente de Estados Unidos y Europa que se ha valido de todos los vicios de su propia decadencia para intentar desarticular y desmontar el honor nacional y el espíritu del sandinismo, y es que la inmoral y evidente avaricia imperial, colonial, norteamericana y Europa y neocolonial con sus pretendidos destinos manifiestos siempre ha perseguido y persigue nuestra estratégica y privilegiada posición geográfica”, justificó Moncada.
Asimismo, pidió a la presidenta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a los delegados “justicia y paz, el derecho a vivir sin intromisiones extranjeras”. También solicitó que se deje de reproducir “en organismos que supuestamente deben servir para la defensa de los derechos humanos el discurso imperial e intervencionista de quienes pretenden dictar nuestras leyes, nuestras decisiones anulando nuestra soberanía”.
Respecto a los precandidatos presidenciales y líderes opositores encarcelados, Moncada dijo que los Estados Unidos y Europa los han denunciado porque “las personas que están respondiendo ante la justicia nicaragüense son sus tristes y fracasados asalariados, desgraciadamente vendepatria de siempre que han cometido delitos contra la soberbia, la independencia, la seguridad y la paz en nuestra Nicaragua”.
Continuarán monitoreando crisis de Nicaragua
La alta comisionada expresó que su Oficina sigue y seguirá estrechando la coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la comunidad internacional para el monitoreo de la situación en Nicaragua. Y lamentó que el Gobierno sigue sin contestar a las comunicaciones enviadas por su Oficina.
Ante este escenario, “llamo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica, como mínimo: liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”, recomendó.
Asimismo, “reitero que es urgente que se autorice el regreso de mi Oficina a Nicaragua, así como de los demás mecanismos de derechos humanos, a fin de contribuir a superar la crisis que vive el país”, concluyó Bachelet.