El observatorio Urnas Abiertas reveló que en el período comprendido del 16 al 31 de mayo, en pleno contexto electoral, la Policía ejecutó 119 hechos de violencia política de manera individual y grupal contra los nicaragüenses en general, integrantes de organizaciones o partidos políticos. Con estas nuevas violaciones en solo siete meses —de octubre a mayo— se han registrado 721 casos.
Urnas Abiertas es un observatorio ciudadano, creado para el monitoreo del proceso electoral que entregará informes periódicos sobre justicia y riesgo electoral, con análisis nacionales, territoriales y temáticos relacionados con el desarrollo del proceso electoral 2021. Este observatorio precisa que a partir de la publicación del calendario electoral la violencia política se ha «profundizado».
De acuerdo con el informe de Urnas Abiertas, el 96.64 por ciento de los 119 hechos de violencia política se dieron de manera individual y grupal a la ciudadanía en general, hombres y mujeres de prensa, o integrantes de organizaciones políticos, y el otro 3.36 por ciento, de forma institucional, es decir, contra organizaciones, medios de comunicación y partidos políticos. Abril y mayo son los meses en que aumentaron las agresiones de carácter políticos.
Entre los hechos de violencia política que se registraron en los últimos 15 días de mayo y de forma categorizada se dieron 53 casos de hostigamientos, 23 judicializaciones, 21 retenciones, 7 detenciones, 7 agresiones, 5 amenazas y 3 agresiones o heridas.
De los 119 hechos de violencia, 97 se registraron en Managua, los 22 restantes se distribuyen en Granada, Masaya, Matagalpa, León, Chontales, Estelí, Madriz, Rivas y en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
📝 1/3 | Tercer Informe de @UrnasAbiertas, una radiografía de la persecución judicial contra la oposición de Nicaragua.
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— MonitoreoAzulyBlanco (@AzulyMonitoreo) June 16, 2021
«Los datos sistematizados hasta el 31 de mayo muestran un aumento en los hechos de judicialización, que incluye a personas con procesos penales en curso, con detención judicial o citados en calidad de testigos o investigados de manera arbitraria por el Ministerio Público», señala el observatorio.
Persecución judicial
También denuncia que hasta la fecha son cuatro leyes las que están siendo utilizadas en la «persecución judicial» contra opositores en Nicaragua: Ley N° 735, Ley de prevención investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados; Ley N° 1042, Ley especial de Ciberdelitos; Ley N° 1055, Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, y la Ley N° 1060, Ley de reforma y adición al Código Procesal Penal.
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El observatorio Urnas Abiertas identifica que la persecución judicial posee cuatro características:
- 1. Desvío de poder de la función judicial: el sistema de justicia ejerce sus funciones con una finalidad distinta a la correspondiente por ley, pues su objetivo es utilizar la ley para perseguir opositores.
- 2. Colusión entre el sistema de justicia penal y el poder ejecutivo: responde a una estrategia represiva sistemática evidenciada en el involucramiento de entidades descentralizadas como la Policía Nacional y el Ministerio Público que actúan como brazos coercitivos al servicio del Ejecutivo junto al poder judicial.
- 3. Persecución de magnitud relevante: la relevancia implica la persecución focalizada contra personas inscritas como aspirantes a la Presidencia, y liderazgos opositores, algunas precandidatas a diputadas. Esto es parte de las 134 personas presas políticas contabilizadas hasta el 14 de junio por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
- 4. Fines extrajudiciales: el fin principal de la persecución judicial es la inhibición de organizaciones y personas para participar en la contienda electoral, también eliminar toda posibilidad de que la oposición pueda acceder a los mecanismos institucionalizados para la disputa del poder.
Proceso electoral carece de «mecanismos» democráticos
Sobre el proceso electoral, a solo cinco meses de que se realicen las elecciones presidenciales, Urnas Abiertas insiste en remarcar que «carece de mecanismos» que promuevan y garanticen la justicia electoral y democráticos.
«Es conveniente resaltar que las evidentes intenciones del partido de Gobierno (junto con todas sus estructuras estatales cooptadas) de inhibir a las candidaturas y organizaciones políticas opositoras de participar activamente del proceso electoral, quebrantan toda naturaleza democrática de dicho proceso y elimina todo indicio de transparencia y competitividad electoral», denuncian.
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Enseguida el observatorio indica que a pesar de la persecución judicial y la violencia política que busca eliminar la competencia electoral, el partido gobernante en conjunto con el Consejo Supremo Electoral (CSE) «continúan ejecutando las actividades del calendario electoral pretendiendo que es posible el desarrollo de un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado», y señalan como ejemplo, el nombramiento y toma de posesión de integrantes de los Consejos Electorales y Regionales en conformidad a lo establecido en el calendario electoral.
