El Banco Mundial (BM) afirmó este miércoles (16.06.2021) que no puede ayudar a la implementación del Bitcoin en El Salvador debido a deficiencias medioambientales y de transparencia.
«Estamos comprometidos a ayudar a El Salvador de muchas maneras, incluyendo transparencia monetaria y procesos de regulación», dijo un portavoz del BM vía correo electrónico a la agencia Reuters. «Si bien el Gobierno se dirigió a nosotros para solicitar asistencia sobre el Bitcoin, esto no es algo que el Banco Mundial pueda apoyar dadas las deficiencias medioambientales y de transparencia», añadió la fuente.
El mismo día, el ministro de Hacienda salvadoreño, Alejandro Zelaya, informó que el país había solicitado asistencia técnica al BM en su intento de utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal paralelo al dólar estadounidense, que ha usado durante las últimas dos décadas. «Quiero anunciar que hemos solicitado la asistencia técnica al Banco Mundial para que, al igual que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), acompañe a El Salvador en la implementación y reglamentación del Bitcoin como moneda de curso legal», explicó Zelaya, en una conferencia de prensa.
#LeyBitcoin | “Quiero anunciar que hemos solicitado la asistencia técnica al @BancoMundial, para que al igual que el @BCIE_Org, acompañe a El Salvador en la implementación y regularización del Bitcoin como moneda del curso legal”: ministro de @HaciendaSV, @AlejandroZelay9. pic.twitter.com/EdZWGqPS3q
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) June 16, 2021
Junto a Zelaya participó en forma virtual en la actividad el presidente del BCIE, Dante Mossi, quien reiteró el apoyo técnico que esa institución dará para regular el uso de la criptomoneda. «El BCIE va a acompañar al Gobierno de El Salvador en este cambio de política y nos sentimos muy orgullosos de ser la primera institución financiera a la cual el Gobierno se acercó para buscar acompañamiento a este proceso transformativo», declaró Mossi.
#LeyBitcoin | “Acompañamos definitivamente la innovación (…) La innovación no nos debe asustar, debemos aprender de ella, manejarla y generar oportunidades”: presidente ejecutivo del @BCIE_Org, @DanteMossi. pic.twitter.com/ONLfSLHmVy
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) June 16, 2021
Por otra parte, el ministro salvadoreño calificó como «exitosa» una reunión que el Gobierno sostuvo recientemente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para discutir el tema. «El resultado de la conversación con el Fondo Monetario Internacional ha sido exitoso. Ellos han entendido, nos dicen ‘nosotros no estamos en contra, solo queremos dimensionar los impactos y los efectos que puede tener’, y cuando hablamos de esto también hablamos de lo positivo», aseguró Zelaya.
La semana pasada representantes del FMI sostuvieron una reunión virtual con el presidente Nayib Bukele, después de que el Congreso salvadoreño -controlado por el oficialismo- aprobó una ley por la cual «todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago». En ese momento, el portavoz del FMI, Gerry Rice, dijo que «la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal plantea una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales que requieren un análisis muy cuidadoso».
At today's press briefing, I provided updates and answered questions on @KGeorgieva's participation in the G7 Leaders Summit, Andorra's first Article IV consultation, Argentina, El Salvador, India, Lebanon, Tanzania, and more. Watch the replay here. https://t.co/lou2SgDQ9c
— Julie Kozack (@IMFSpokesperson) June 10, 2021
Ante esto, el Gobierno salvadoreño fue «enfático» ante el FMI en que no está «sustituyendo al dólar estadounidense como moneda de curso legal en El Salvador», sostuvo Zelaya.
La Ley Bitcóin establece la creación de un fideicomiso y, según Bukele, este sería de 150 millones de dólares y estaría siendo administrado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) y alimentaría la billetera digital gubernamental. Esta billetera sería desarrollada por los mismos creadores de la aplicación Strike, sin que se conozca si esto implicase algún costo para el Gobierno o si se realizó un proceso de licitación con más interesados.
