Este martes 15 de junio se cumple una semana desde que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo apresó arbitrariamente a los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. Sus esposas, Victoria Cárdenas y Bertha Valle, respectivamente, junto al abogado que los representa a nivel internacional, Jared Genser, denunciaron que éstos están desaparecidos y sus derechos humanos y constitucionales siguen siendo violados.
El pasado 8 de junio Maradiaga asistió a una cita en la Fiscalía orteguista donde fue interrogado sobre aspectos relacionados a su trabajo, pero al salir del lugar fue golpeado y capturado por oficiales de la Policía del régimen, quienes se niegan a que sea visto por sus familiares y su abogado, mientras que Chamorro fue detenido en su vivienda, ubicada en residencial Intermezzo del Bosque, ese mismo día. Según sus familiares éste se puso de rodillas para evitar que los uniformados lo golpearan.
Valle aseguró que el régimen ha impulsado un campaña de desinformación que ha puesto en riesgo la vida de Maradiaga y lo ha acusado de crímenes absurdos. “Él ha tenido amenazas constantes, ha sido golpeado en varias ocasiones, pero aún así él ha estado comprometido con la causa y su compromiso le ha llevado a estar técnicamente desaparecido, tememos mucho por su bienestar porque sabemos, en base a antecedentes, que en esas cárceles (celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el nuevo “Chipote”) del régimen hay torturas, violaciones, no se respeta ningún tipo de derecho y por eso que esta mañana demando al Estado de Nicaragua mostrar a mi esposo, permitirnos verlo, saber cómo está y también al resto de presos políticos”, solicitó.
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Cárdenas: “Estamos viviendo un infierno”
En las últimas semanas el régimen Ortega Murillo detuvo a 11 opositores. Las últimas detenciones ocurrieron este domingo 13 de junio y esta vez su blanco fueron los dirigentes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes conocida como Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Los detenidos son: los exguerrilleros Hugo Torres Jiménez y Dora María Téllez, ambos fueron arrestados en sus casas. También fueron capturadas Suyén Barahona, presidenta de Unamos; Víctor Hugo Tinoco y Ana Margarita Vijil, ambos miembros de este partido y Tamara Dávila Rivas, apresada en la víspera, la noche del sábado 12 de junio.
Cárdenas consideró que su esposo ha sido secuestrado y que su desaparición ha generado sufrimiento en la familia. Indicó que el régimen Ortega Murillo lo mantiene incomunicado, por lo que teme por su seguridad. “A él se le ha negado el derecho a la defensa, se le están violando los derechos humanos. Él es un patriota y siempre ha luchado por Nicaragua, exigimos su liberación, que lo liberen a él y a los más de 130 presos políticos. Amor, aquí estamos peleando por ustedes, por sus derechos, por los derechos de todos los presos políticos… lo que estamos viviendo literalmente es un infierno”, explicó.
Cárdenas enfrenta un embargo judicial de siete propiedades por parte del Poder Judicial orteguista, que falló a favor de un reparo fiscal arbitrario impulsado por la Alcaldía de Managua dominada por el régimen. Asegura que actualmente no está bajo arresto domiciliar a como se especuló cuando fue detenido su esposo. Desde hace un año hay una orden de captura judicial en su contra.
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El abogado Genser recordó que Nicaragua es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que permite que la comunidad internacional se asegure de que este país cumpla con sus responsabilidades y obligaciones. En el caso de Chamorro y Maradiaga, indicó que éstos han sido víctimas de al menos 10 violaciones a sus derechos en el marco del derecho internacional.
“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos supercede la ley nacional nicaragüense, por eso el gobierno de Nicaragua puede decir lo que quiera, pero ningún abogado internacional estará de acuerdo con que las acciones del gobierno de Nicaragua van de acuerdo a sus obligaciones con el Pacto Internacional, así como también con su Constitución doméstica. Para añadir, vamos a introducir casos al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria en la Organización de Naciones Unidas (ONU), una jurisdicción legal para presentar estos casos”, aseguró Genser.