La dictadura Ortega-Murillo, una vez finalizada la “Operación Limpieza” que desmontó los tranques y barricadas y liberó las universidades tomadas como señal de protesta contra su régimen, inició —incluso antes— una cacería de opositores y líderes territoriales sin precedentes en la historia contemporánea del país.
En los últimos días, las detenciones arbitrarias contra Cristiana Chamorro, Violeta Granera, Tamara Dávila, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, José Pallais, José Adán Aguerri y otros más, reflejan la falta de transparencia del proceso electoral, su ilegitimidad preanunciada y la ausencia de seguridad jurídica como condición fundamental para la inversión privada nacional y extranjera.
En principio, todas y cada de una de las detenciones son inconstitucionales, partiendo que el allanamiento domiciliar debe darse bajo orden judicial, o en los casos que la Constitución Política prescribe para violentar el domicilio. Segundo, la ampliación de la prisión preventiva más allá de las cuarenta y ocho horas constitucionales son sintomáticas de la ilegalidad de dichos procesos, así como la celebración de audiencias sin el reo y sin la defensa del mismo, son violatorias de las garantías del debido proceso, consignadas en el título IV Constitucional, así como en la norma penal sustantiva y adjetiva vigente en el país.
La persecución judicial que opera contra la oposición, auspiciada por la Fiscalía y las instancias judiciales que llevan la causa, determina lo que por años habíamos denunciado: en Nicaragua no hay independencia de poderes que garantice las reglas básicas de la democracia. En ese sentido, cobra perentoria necesidad citar la obra Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt cuando refieren que la negación de la legitimidad de los adversarios políticos es un indicador del comportamiento autoritario, del que Ortega ha demostrado de manera permanente.
Debemos estar claros que la escalada represiva continúa, al margen de la legalidad y obviando los compromisos de Estado cuando los instrumentos jurídicos internacionales explicitan el respeto a las personas privadas de libertad, titulares, en igualdad de condiciones, de los mismos derechos reconocidos a los demás miembros de la sociedad; que cada violación a las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos de parte del Estado de Nicaragua, son causas suficientes para cualquier medida diplomática que obligue a encarrilar al Estado al cumplimiento de sus obligaciones.
Esta represión ejecutada de manera selectiva contra liderazgos políticos y empresariales, confirma la necesidad (de la dictadura) de tener como rehenes este tipo de figuras ante una eventual negociación cuyo beneficio sea la amnistía y conservar el patrimonio sustraído del erario y de la cooperación venezolana.
Dependerá de nosotros permitir que la impunidad y la amnistía sean la base de una transición que menoscabe el derecho a la justicia de las víctimas, un imperativo moral innegociable para el pueblo nicaragüense.
El autor es nicaragüense exiliado.
