El equipo de la organización Monitoreo Azul y Blanco documentó entre noviembre de 2020 y abril de 2021, un total de 1,150 incidencias en contra de opositores al régimen de Daniel Ortega, identificados como hostigamientos, los cuales han sido perpetrados en un 90 por ciento por la Policía, simpatizantes y miembros del partido de Gobierno.
Lo anterior equivale a un promedio de seis incidentes por día. Las principales víctimas son excarcelados, familiares de presos políticos, así como integrantes y líderes de movimientos sociales, políticos y territoriales; periodistas, defensores de derechos humanos, opositoras y manifestantes.
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De acuerdo con el equipo de activistas y defensores de derechos humanos del equipo interdisciplinario que realizó el análisis, el hostigamiento, en su mayoría policial, es la principal forma de represión de la dictadura Ortega Murillo, seguida de otras actividades represivas como detenciones, que según el estudio realizado en este mismo período se reportaron 161, judicializaciones 137, agresiones 132, amenazas 112, torturas y malos tratos 72.
“En la mayor parte de los casos los hostigamientos han sido en las viviendas, y por lo tanto la víctima no solamente es una de las personas a las que va dirigida, sino que también este tipo de actividad afecta a familias, amigos, vecinos y se convierte ya en un modelo de hostigamiento colectivo”, explicó Marlon Caldera, del equipo del Monitoreo Azul y Blanco.
¿Qué es el hostigamiento y por qué constituye violaciones a los DD. HH.?
Según el equipo de activistas y defensores de derechos humanos del organismo, el hostigamiento es un abuso constante que busca someter y condicionar a una persona o comunidad, puede constituirse en delito cuando atenta contra la vida, la libertad, la integridad moral, el honor, el patrimonio o la integridad física psicológica de una persona.
“Para este informe se entiende como hostigamiento todos aquellos actos de vigilancia, seguimiento, investigación, observación pública y/o intromisión ilegal en la privacidad que realiza la fuerza pública, órganos de investigación y/o Inteligencia del Estado o particulares sobre organizaciones y personas”, expresó Caldera, durante la presentación del informe.
Además explican que el hostigamiento constituye una violación a los derechos humanos de los ciudadanos, ya que, “al hostigar, el Estado de Nicaragua usa su poder coercitivo basándose en una categoría ilegítima que vulnera los derechos civiles, políticos y económicos de una persona, presentes en nuestra Constitución y en todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos por el mismo Estado”.
Apuntan que entre los derechos violados por el Estado de Nicaragua a través de su política de represión y hostigamiento continuo están: la integridad física, psicológica, libertad individual, libertad de movilización, opinión, expresión, circulación, pensamiento, derecho a participar en los asuntos públicos, a elegir y ser elegido, el derecho a la vida privada y la inviolabilidad del domicilio, entre otros.
Registro de incidentes reportados en 6 meses
Los meses con mayor número de hostigamientos registrados han sido abril de 2021, con 384 casos; un promedio equivalente de 12 incidentes por día, y diciembre de 2020 con 223 denuncias de hostigamientos, es decir un promedio de siete incidentes por día.
En el periodo analizado los incidentes de hostigamiento se registraron en 70 municipios, casi la mitad de los municipios del país (45.8 %). No obstante, “cabe señalar que dadas las limitaciones de información, existe la posibilidad de un subregistro de incidentes de hostigamiento u otras formas de violencia”, mencionaron.
Los perpetradores
Según la información de incidentes documentados por el Monitoreo Azul y Blanco, el principal grupo de perpetradores es la Policía. En 90 por ciento de los casos reportados las víctimas han señalado a oficiales de la Policía, solos o acompañados.
En otras ocasiones, según el informe, las víctimas han señalado a agentes policiales acompañados de simpatizantes del partido FSLN y trabajadores tanto del Estado como del poder judicial y distintas alcaldías.
Mientras que otro grupo de víctimas identifican a la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), quien despliega a sus agentes antidisturbios o antimotines para hostigar frente a las viviendas de las víctimas o frente a los locales donde se realizan reuniones de organizaciones sociales o políticas.
“La presencia de la Policía como perpetradores del hostigamiento ha sido generalizada en todos los departamentos y regiones autónomas del país”, denuncian los integrantes de este organismo.
El Monitoreo Azul y Blanco es un equipo interdisciplinario conformado por personas y organismos de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil, redes territoriales y activistas. También lo integran organizaciones de familiares de presos políticos y excarcelados.