El sector privado cerró fila este miércoles a favor de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios y los periodistas que están siendo perseguidos por la justicia orteguista y advirtieron que las arbitrariedades que se están cometiendo pueden profundizar aún más el desempleo en Nicaragua y aumentar la incertidumbre y desconfianza por parte de los inversionistas.
«Es un atropello a las libertades y derechos del pueblo nicaragüense y las consecuencias pudieran sentirse por toda una generación en desempleo y pobreza. porque ahuyentaría aún más la confianza y la inversión local y extranjera que tanto se requiere para el progreso económico y social en Nicaragua», advirtió la Cámara de Comercio Americana (AmCham), la mayor cúpula empresarial con vínculos comerciales con Estados Unidos.
Para AmCham las acciones que se ejecutaron desde ayer por parte del Ministerio Público de «girar orden de captura, allanar su casa, e inhibir a Cristiana Chamorro tiene connotaciones mucho más a la de prohibir a una persona de ejerce r su derecho constitucional a ser elegida en una elección popular».
Es por eso que la cúpula empresarial dijo que «espera que se revoque la persecución penal en contra de Cristiana Chamorro y los demás hombres y mujeres de prensa. y que prevalezca el respeto, la prudencia y la cordura por el bien de todos los nicaragüenses».
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Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) denunció la cadena de violaciones de derechos constitucionales no solo de Chamorro sino también de María Lilly Delgado Talavera, María Lourdes Arróliga Vanegas y Guillermo José Medrano, para quienes la Fiscalía, en un intento por acorralar a Chamorro Barrios, pidió medidas cautelares.
El Cosep señala que es está «claro» que la intención del régimen de Daniel Ortega es inhibir a Chamorro para evitar que esta, en claro ejercicio de su derecho constitucional, pueda participar en las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre. Esta situación «evidencia la falta de voluntad del gobierno de realizar elecciones libres, justas, transparentes, competitivas y observadas en nuestro país y así obtener ventajas partidarias que les permita mantenerse ilegítimamente en el poder», indicó.
El sector privado señala que todas estas acciones emprendidas por el Ministerio Público y ejecutadas por el Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias Circunscripción Managua, constituyen una violación a los artículos 47 y 51 de la Constitución Política de Nicaragua. «También vulnera expresamente el Código Procesal Penal que no contempla la inhabilitación como una medida cautelar en sus artículos 166, 167 y 168».
Es por esa razón que el Cosep reclama al Ministerio Público que cumpla con el principio de independencia para «actuar sin subordinación a ningún poder del Estado ni autoridad ninguna», tal como lo ordena su ley orgánica y la Constitución Política de Nicaragua.
«Es nuestra obligación denunciar ante la nación y la comunidad internacional que las actuaciones del Sistema Judicial Nicaragüense se están ejecutando con objetivos políticos en beneficio del partido de Gobierno y constituyen acciones graves que impiden la solución a la actual crisis sociopolítica, el restablecimiento de la paz y la democracia en nuestro país», alertó el Cosep.
El régimen mantiene una férrea persecución contra Chamorro Barrios tras abrirle una investigación por supuesto lavado de dinero en la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que durante 20 años apoyó la profesionalización del periodismo nacional y promovió iniciativa ciudadana en favor de la democracia.
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Chamorro en febrero decidió cerrar la fundación en protesta por la decisión del régimen de Daniel Ortega de obligar a las organizaciones sin fines de lucro, que reciban cooperación internacional, a inscribirse e impedir que estas reciban fondos externos. La dictadura busca evitar que la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, que derrotó a Ortega en las elecciones de la década de los noventa, corra en los próximos comicios.
Cadin en permanente sesión
La Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) también se pronunció esta tarde y expresó su respaldo a Chamorro Barrios, al tiempo que condenó el proceso de inhibición que la dictadura impulsa contra esta, así como el allanamiento a la casa de la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, acto que «violenta los derechos constitucionales, civiles, políticos y humanos de la precandidata opositora».
Cadin considera»que estos actos son un atentado a la democracia y libertad, que impide el desarrollo de elecciones libres y transparentes». Igualmente rechazó el ataque contra la prensa independiente y en especial contra María Lilly Delgado, a quien se le aplicó medidas cautelares.
«Acciones como estas van contra el desarrollo de la nación y causan inestabilidad social e inseguridad jurídica que traerá consecuencias y sanciones de la comunidad internacional poniendo en riesgo el empleo», alertó.
Es por eso que llamó al Gobierno a mostrar «una verdadera voluntad política y garantías necesarias para que el país se encamine a un proceso electoral verdaderamente democrático».
Ante esta inestabilidad, Cadin se declaró en permanente sesión para dar seguimiento a la situación.
