Las empresarias Victoria Cárdenas, Gabriela Cárdenas y la mamá de ambas, doña Victoria Lacayo, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las intenciones que tiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en confiscarles una propiedad y seis lotes de terreno de gran valor comercial, haciendo uso de sus operadores políticos en la Alcaldía de Managua orteguista, dominada por el secretario general, Fidel Moreno.
La Alcaldía de Managua (Alma) impuso un reparo fiscal millonario en contra de Victoria Cárdenas, por 9.5 millones de córdobas, por supuestamente no haber pagado impuestos debido a la venta de unas propiedades entre los años 2017 y 2019.
«Como los tribunales no nos han amparado y más bien pretenden subastar los bienes de mi mamá, hemos recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de queja y denuncia. El juez Octavo de Distrito es la autoridad encargada de subastar estos bienes. Nos restringen nuestra libertad individual, nos quieren prácticamente confiscar todos los bienes y tienen un doble estándar, valoraron una propiedad en 18 millones de córdobas, más del doble de lo que reclaman y ahora la quieren subvaluar con un perito no idóneo, por falta de imparcialidad. Mi familia considera que se está cometiendo una injusticia por razones políticas y económicas», denunció Victoria Cárdenas, esposa del precandidato presidencial por la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro.
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El pasado 15 de marzo, los magistrados de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) rechazaron un recurso de apelación interpuesto por el abogado Gustavo López Argüello a favor de las afectadas, sin ejercer su actividad revisora de las irregularidades cometidas por el juez de primera instancia en este caso. Ahora López solicitará a dichos magistrados le faciliten la certificación del expediente de segunda instancia judicial para luego introducir un recurso por denegatoria de admisión ante los magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el fin de que estos hagan una revisión de todo el proceso en contra de la familia Lacayo Cárdenas y se pronuncien.
Tribunales de justicia parcializados
La comuna capitalina reclama a la empresa Inmobiliaria Intermezzo un reparo fiscal por 9.5 millones de córdobas de impuestos entre los años 2017 y 2019. Las dueñas de la empresa catalogan el reparo fiscal como ilegal y como una especie de terrorismo fiscal.
«No ha habido tutela jurídica de sus derechos, ellas han presentado en nombre de la compañía toda clase de pruebas que han sido inadmitidas y eso fue inadmitido por el juez de primera instancia, por la Corte de Apelaciones e inadmitido para ir a la Corte Suprema de Justicia, de manera que los tribunales prácticamente han violado la Constitución, en su artículo 160, que los obliga a tutelar jurídicamente los derechos de las personas que comparecen, es decir, el derecho a defensa que ellas han tratado de ejercer no ha sido admitido… ¿quién está detrás de todo esto? El operador político de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, porque (allí) no se mueve una hoja sin la voluntad de la divina providencia», cuestionó López.
El 9 de diciembre del 2020, el juez orteguista Ramón Real Pérez, titular del Juzgado Octavo Civil de Distrito Oral de Managua, dictó una sentencia contra la oposición de ejecución interpuesta por el abogado López y falló a favor del reparo fiscal que interpuso Alma, a pesar de que presentaron pruebas que demuestran que no deben dinero a la comuna.
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El abogado explicó que el juez Real aún no ha ordenado subastar los bienes de sus defendidas, porque todavía están siendo valoradas por el perito nombrado para esa ilegal acción.
Empresaria culpa a la pareja dictatorial
A inicios de octubre del año pasado, una patrulla de la Policía, el asesor legal de Alma, Carlos Lazo y la juez Segunda de Ejecución de Embargo, Evelin Jiménez, se presentaron en las oficinas de la empresa, ubicadas al sur de Managua, para ejecutar el embargo de la casa de habitación de la empresaria Victoria Lacayo, un lote donde opera el pozo que abastece de agua potable a la urbanización Intermezzo del Bosque y cinco lotes más que estaban sin vender, propiedad de Inmobiliaria Intermezzo.
Doña Victoria Lacayo, de 73 años de edad, una de las afectadas y suegra de Chamorro, dijo que la confiscación que le pretende hacer el régimen la ha afectado física y emocionalmente. «Se están violando mis derechos humanos, la Alcaldía de Managua me quiere despojar de mis bienes, mi casa de habitación y mis terrenos, todo bajo el pretexto de una deuda inexistente… hay una persona detrás de esto que tiene interés en mis propiedades, ¿quién es el que manda en la Alcaldía de Managua? Todos lo sabemos… responsabilizo a la Alcaldía de Managua si me pasa algo, también Ortega y Murillo están detrás de todo esto porque ellos están conscientes y no hacen nada», alegó Lacayo.
Chamorro aseguró que el valor de las propiedades embargadas supera los 33 millones de córdobas, monto superior a los 9.5 millones que pretende cobrar la comuna capitalina. Detalló que las propiedades embargadas por Alma aún no han sido subastadas y para hacerlo deben esperar que concluya el proceso de casación en la CSJ.
«Estoy convencido de que la evidencia es tan contundente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a abrir las puertas eventualmente a un proceso formal en la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), porque la prueba es contundente, sabemos que esto va a tomar tiempo, pero la verdad va a estar de nuestro lado. Estamos luchando evidentemente para que no confisquen estas propiedades y vamos a luchar para agotar todos los procesos legales que se deben agotar», advirtió el precandidato presidencial.
