Aunque la primera sentencia a cadena perpetua dictada el 22 de mayo en Nicaragua —por el atroz asesinato contra Kenia Contreras, mujer transgénero, conocida como Lala— sentó un precedente en el país, el establecimiento de esta pena extrema no detendrá los crímenes de odio contra este segmento de la sociedad, manifiestan movimientos feministas y grupos de la diversidad sexual. Se necesita más que una pena, afirman, y señalan la importancia de una campaña y promoción educativa por parte del Gobierno que incida en el respeto e igualdad de derechos para todas y todos los nicaragüenses.
Ludwika Vega, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT), manifestó que esta sentencia no es aplaudible dentro de su organización, ya que solo se trata del cumplimiento de las demandas que como diversidad sexual han hecho. Con esta sentencia, dice Vega, espera que las mujeres trans sean visibilizadas dentro de la sociedad, y a su vez sean reconocidas en la misma.
«Nosotras no aplaudimos esta sentencia, solo es un cumplimiento de las leyes. Sin embargo, si se hizo justicia, esperamos que se cumpla (la cadena perpetua), porque no queremos que después digan que los condenados serán puestos en libertad por su buen comportamiento (…) También esperamos que esto sea un ejemplo para los asesinos y criminales que andan sueltos, que sea un precedente y se haga más visible la violencia contra las mujeres trans, e ir disminuyendo esta ola de crímenes, agresiones y discriminación», refirió la presidenta de ANIT.
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) refirió que esta condena a los asesinos de Lala será revisable una vez se haya cumplido un mínimo de 30 años, entonces se determinaría si siguen purgando cadena perpetua o no. Los dos sujetos fueron condenados por asesinato agravado y este delito, junto al femicidio y parricidio, son considerados crímenes de odio en la ley que establece la cadena perpetua como nueva condena máxima en Nicaragua.
«No se hizo justicia a Lala»
Pese a que la justicia orteguista estrenó la cadena perpetua contra los asesinos de Lala, a consideración de José Ignacio López, de la Mesa Nacional LGBTIQ, si bien se aplicó la ley como tal, «no se le dio justicia» a la mujer transgénero, puesto que la sentencia se dictó con base al nivel de atrocidad con que se cometió dicho crimen y no por ser reconocida como una persona de la diversidad sexual que al igual que el resto de la población tiene derechos.
«Es decir, la sentencia se sienta a partir del nivel de atrocidad del acto cometido contra la humanidad de esta persona, mas no se reconoce que existe el agravante de prejuicio por ser una persona transgénero, específicamente una mujer transgénero. La atrocidad motivada por los prejuicios de las personas agresoras hacia la identidad de género de la víctima», manifestó López.
Lala era una joven transgénero de 22 años, originaria de Somotillo, Chinandega. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, su vida terminó de forma violenta cuando Bernardo Pastrana y Jorge Mondragón —ahora condenados a prisión de por vida— la arrastraron atada a un caballo a lo largo de 400 metros, para posteriormente lapidarla.
¿Qué hacer para detener estos crímenes?
La presidenta de ANIT reconoce que erradicar la violencia contra las mujeres trans «es un trabajo bien complejo» y difícil de conseguir; sin embargo, cree oportuno que desde el Estado y organizaciones independientes se impulsen campañas y programas que permitan disminuir ese machismo que está arraigado dentro de la sociedad.
«Es importante educar a la sociedad desde las instituciones públicas y privadas, implementar nuevas leyes que reconozcan a la población LGBTI, en este caso a las mujeres trans; es decir, una ley que reconozca a Ludwika Vega como tal, una ley que tipifique los crímenes de odio, misma que no existe donde reconozca a las personas de la diversidad sexual. En otras palabras, nosotras valemos por nuestra identidad y los mayores casos de violencia son contra las mujeres transgénero», expresó Vega.
José Ignacio López coincide en que la única forma de detener el aumento de la violencia hacia las personas LGBTIQ+ en general, «y en particular, de las personas transgénero», es por medio de políticas públicas y el reconocimiento jurídico de la identidad de género de las personas transgénero.
«Esto incluye la creación del concepto de crimen por prejuicio y su tipificación, que permita la aplicación de los agravantes por las personas funcionarias del sistema de justicia. Eso sí sería un mensaje claro y directo», dijo enfáticamente el representante de la Mesa Nacional.
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«La discriminación es la máxima expresión de violencia que pueda una persona enfrentar. Por esto se requiere que el Estado en su conjunto actúe activamente y de manera coordinada para superar los prejuicios, mitos y tabú en torno a este fenómeno. Los discursos de rechazo y estigmatizadores de muchos liderazgos actuales que dicen respetar la diversidad pero que rechazan a las personas LGBTIQ+, tienen un impacto terriblemente adverso a la seguridad de la vida de las personas LGBTIQ+ en general y de las personas transgénero en particular, porque mientras más visible se es, en mayor exposición te encuentras», agregó López.
«No hay Estado»
Evelyn Flores, integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia, reconoce que en Nicaragua es difícil que se implementen estas políticas, puesto que en el país «no hay un Estado» que vele por esta población y donde las instituciones gubernamentales no están actuando conforme a derecho.
«Aquí es bien difícil, vemos que a las mujeres se les niega el derecho a poner denuncia, tampoco se investiga, hay un montón de femicidios en grado de frustración e impunidad. Entonces aquí se debería actuar conforme a derecho, pero no podemos porque no hay un Estado que esté funcionando. Por eso las mujeres y las personas trans viven en tanta inseguridad en las calles», refirió Flores.
Según la defensora de las mujeres y la diversidad sexual, para que haya un cambio lo primero que se debe tener son nuevos representantes en todo los poderes del Estado, de manera que se respete la Constitución Política y el marco legal del Estado. A nivel organizacional, Flores compartió las acciones que desarrollan para disminuir la violencia machista.
«Damos información y asesoría a las mujeres, les explicamos cuál es la ruta que deben cumplir para poder ir a denunciar, aunque está claro que cuando llegan a las instituciones públicas ahí no son atendidas y más bien son revictimizadas y no tienen acceso a la justicia, pero cumplimos con el deber de decir cuál es la ruta. Nosotras estamos a favor de los derechos de las mujeres, sea biológica o transgénero, sabemos que estos dos sectores viven en discriminación por el hecho de ser mujeres», dijo Flores.
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Aunque en Nicaragua la sentencia de cadena perpetua es cuestionada por la falta de precisión en su definición y por la persecución judicial que ha impuesto la dictadura de Daniel Ortega contra los opositores, por ahora quien celebra esta sentencia es Virginia Contreras, madre de Lala, quien reconoce que desde que se dio el crimen no se ha cansado de pedir prisión de por vida contra los asesinos de su hija.
«El abogado de los asesinos peleó por 25 años, pero yo siempre les enseñaba fotos de mi hija y yo le dije a la jueza que cómo iba a permitir eso, si ella —Lala— era una mujer que se convirtió en víctima, ella no se metía con nadie. Yo le pedía que los condenaran a cadena perpetua porque esas personas no pueden salir, serían terroristas si los sacan porque continuarían haciendo sus fechorías», refirió Contreras en una entrevista anterior con LA PRENSA.
