Paradójicamente, el mismo dictador Daniel Ortega está contribuyendo con sus políticas electorales represivas y excluyentes, a unir a la oposición para participar en las elecciones del 7 de noviembre.
Los dirigentes de las dos principales plataformas de la oposición, Alianza Ciudadana y Coalición Nacional, cada una con su respectiva casilla, no quisieron unirse en una sola alianza electoral —como lo aconsejaban las circunstancias y el sentido común político— para inscribirla cuando aún era posible hacerlo. Al no lograrlo por falta de voluntad, quedó asegurada la división opositora en dos casillas distintas.
Sin embargo, por su afán represivo y para promover la abstención de la mayoría de quienes no lo apoyan a él, pero tampoco respaldan a ninguno de los partidos y alianzas opositoras, el dictador Ortega ordenó cancelar la personería jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD) y del Partido Conservador, dejando a la Alianza Ciudadana con su partido de cabecera, Ciudadanos por la Libertad (CxL), como única opción para que los ciudadanos independientes puedan votar contra la dictadura y por una sola lista de candidatos y fórmula presidencial, la que sea.
Ante los actos de la dictadura represivos y restrictivos en el proceso electoral, algunas personas que hacen opinión política pública han caído en el derrotismo y sostienen que por falta de condiciones apropiadas no hay que ir a votar, que se debe llamar a la abstención igual que se hizo para las elecciones de 2016, cuando Ortega se reeligió por tercera vez y segunda consecutiva.
Pero aparte de que la abstención no causó ningún efecto, en aquella ocasión no había por qué ni por quién votar. Antes de las elecciones la dictadura eliminó a la única alternativa opositora real a la candidatura de Ortega. El partido de oposición fue entregado a agentes del régimen por el poder electoral sandinista y como participantes en las elecciones quedaron el PLC y otros cuatro partidos comparsas del FSLN, que la ciudadanía no los percibió como opositores y el día de las votaciones se produjo la abstención masiva.
Fue una situación parecida a la de 1974, cuando no se permitió participar en las elecciones a ni un solo partido o alianza opositora real a la candidatura reeleccionista del dictador Anastasio Somoza Debayle. Por eso el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y otros 26 ciudadanos formaron el Movimiento de los 27 que proclamó No hay por quien votar. Y cabe recordar que por eso fueron acusados en los tribunales, pero un juez independiente (que los había en el somocismo, algo impensable con el orteguismo), los absolvió porque no encontró delito por el cual condenarlos.
Pero ahora, si la dictadura no cancela también la personería jurídica de CxL habría razón para votar, pues si la oposición ha decidido que la única forma de lucha posible es la electoral y la gente está de acuerdo, hay que practicarla hasta las últimas consecuencias. Y en este caso la casilla de CxL sería útil para que los ciudadanos vuelvan a repudiar en forma masiva a la dictadura, ahora en las urnas electorales.
Y también habría por quienes votar: por los candidatos de la Alianza Ciudadana. No es fácil participar en elecciones en una dictadura absolutista, cruel y tramposa, pero como dice Fernando Mires acerca de los opositores de Bielorusia, los que participan “son los héroes de nuestro tiempo”.
