Un día como hoy, pero de 2018, amigos, familiares y compañeros del joven Jimmy Parajón realizaron una marcha exigiendo justicia, tras haber muerto de un disparo cuando protestaba en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), en Managua.
Ante la constante represión del régimen, el Movimiento Campesino advirtió que endurecerían los tranques en las diferentes carreteras del país. La decisión fue que no desistirían de su lucha hasta que los dictadores respondieran a las demandas de la población, dijo Nemesio Mejía, uno de los líderes.
El malestar social seguía manifestándose. Pobladores derribaron un rótulo de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Granada. Este era el último que quedaba en pie, puesto que ya habían sido derribados los que estaban ubicados en los empalmes de Nandaime y El Guanacaste, mientras los universitarios en Monimbó reiteraban: «Exigimos la rendición de Ortega». Yubrank Suazo, miembro del Movimiento 19 de Abril de Masaya, dijo que la presencia de los jóvenes en Masaya fue una forma de levantar más el ímpetu de la población.
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El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reaccionaba mostrando un doble rasero con relación a la crisis política y social de Nicaragua. Por un lado, condenaba las muertes a manos del régimen, pero no llamaba a Daniel Ortega dictador.
Por su lado, el régimen seguía insistiendo a los opositores en la mesa del diálogo que se retiraran los tranques. En su intervención el canciller Denis Moncada insistió que para que hubiera un ambiente de paz y estabilidad se deben retirar las barricadas, lo cual fue rechazado por el sector estudiantil, campesino y empresarial.
La negativa de los opositores tenía fundamentos, ya que el régimen nunca dejó de atacar y reprimir. Ese día la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) denunció asedio orteguista a sus dirigentes e instalaciones. «La integridad física y moral de los dirigentes y colaboradores está siendo amenazada», denunciaron.
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También líderes de la Iglesia católica denunciaron descrédito y amenazas de muerte de parte del régimen y medios oficialistas. «A pesar de estas amenazas, recordamos a los agresores que somos un cuerpo colegiado y que si se ataca a un obispo, se ataca a la Iglesia, y no renunciaremos a acompañar en esta hora decisiva a los jóvenes estudiantes de nuestra nación», decía el comunicado de la Conferencia Episcopal emitido en ese momento, a la vez que informaban que se reunirían con una delegación de la OEA.
