Cristiana Chamorro Barrios, vicepresidenta de LA PRENSA y miembro de su Consejo Editorial, calificó como “acusación macabra” la imputación que le hace la dictadura de supuesto lavado dinero en la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), de la cual era su directora ejecutiva.
La acusación se extiende a Walter Gómez Silva y Marcos Fletes Casco, exadministrador financiero y excontador general, respectivamente, de la mencionada Fundación que se autodisolvió en febrero de este año, antes de que el régimen aprobara la Ley de Agentes Extranjeros que obliga a inscribirse como tales a todas las personas y organismos que reciban fondos externos para promover actividades sociales, humanitarias y democráticas. Este era el caso de la FVBCH, que promovía la defensa de la libertad de expresión y de prensa, el acceso a la información pública y el entrenamiento de los periodistas para una mejor práctica profesional del periodismo.
Después de ser interrogada por oficiales del Ministerio de Gobernación, que de inmediato pasaron la acusación a la Fiscalía de la dictadura, Cristiana rechazó ante los periodistas la maligna acusación de la dictadura. Y precisó que “seguramente es un proceso no solamente para inhibirme a mí (de una posible candidatura presidencial para enfrentar al dictador Daniel Ortega en las elecciones de noviembre), sino para impedir que los nicaragüenses puedan ir a votar en libertad el próximo 7 de noviembre; esto es parte de todo el proceso que está montando la dictadura para impedirnos tener ese derecho”.
Ayer, al presentarse ante la Fiscalía del régimen Cristiana declaró que llegaba “con la frente en alto”, porque la acusación no es contra ella sino “a todos los nicaragüenses queremos democracia, queremos libertad y queremos un cambio de sistema en las próximas elecciones”.
En realidad, se ve claro que la canallesca acusación contra Cristiana es para impedir que se presente como candidata presidencial única de la oposición, para lo cual tiene el mayor respaldo popular, según las encuestas confiables. Al mismo tiempo, la acusación de la dictadura contra Cristiana —que ocurrió de manera simultánea con un nuevo allanamiento policial y robo en las instalaciones de los medios de la revista Confidencial— es otra agresión directa contra la libertad de expresión y de prensa, por lo que ella representa como periodista y funcionaria de LA PRENSA.
La acusación contra Cristiana podría ser sustentada por la dictadura con una manipulación maliciosa de los informes financieros de la disuelta FVBCH, de la misma manera que la Policía ha plantado drogas y armas en viviendas y vehículos de muchos activistas de las protestas de 2018.
Esperamos que el régimen no llegue a ese extremo criminal en su acción contra Cristiana, mujer de gran prestigio nacional e internacional cuyas virtudes la acreditan como la mejor precandidata presidencial para enfrentar y derrotar a Ortega en las elecciones. Como lo derrotó doña Violeta, madre de Cristiana, en febrero de 1990, lo cual por su naturaleza rencorosa el dictador sandinista no puede olvidar ni perdonar.
