La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (Oacnudh), ante las recientes acciones por el gobierno autoritario de Daniel Ortega de cara a los comicios en noviembre próximo, manifestó su profunda preocupación y alertó que dichas “medidas adoptadas alejan la posibilidad de un proceso electoral con respeto de los derechos humanos”.
La Oacnudh mencionó como parte de esas acciones la acusación por el supuesto delito de “lavado de dinero” en contra de la candidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, la aprobación de una reforma electoral represiva, la conformación del Consejo Supremo Electoral (CSE) por aliados del partido gobernante, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la disolución de dos partidos políticos —Partido Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador (PC)— con la cancelación de sus personalidades jurídicas.
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“Lamento que, a menos de seis meses de las elecciones generales, el Estado de Nicaragua haya tomado estas medidas que alejan, en lugar de acercar, la posibilidad de un proceso electoral donde se respeten los derechos humanos de todas las personas a asociarse libremente en forma de partidos políticos, a postular sus candidaturas y a votar por las opciones políticas de su elección”, declaró Alberto Brunori, representante de Oacnudh.
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— OACNUDH (@OACNUDH) May 21, 2021
La Oacnudh demostró que está al pendiente de la situación que se vive en el país, menciona precisamente los hechos con fecha en contra de la familia Chamorro Barrios: tanto para la aspirante a la Presidencia, Cristiana, y el periodista Carlos Fernando.
“El 20 de mayo el Ministerio de Gobierno difundió una nota de prensa señalando a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y a su ex directora y ahora aspirante presidencial, Cristiana Chamorro, por presuntas irregularidades financieras y lavado de dinero. Ese mismo día, la Policía allanó las oficinas de la Fundación, que estaban vacías, y las instalaciones del medio informativo Confidencial, dirigido por su hermano Carlos Fernando Chamorro. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro permanece cerrada desde el 5 de febrero pasado, tras negarse a funcionar bajo los requisitos de la Ley de Agentes Extranjeros”, recopila la Oacnudh en su pronunciamiento.
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Reforma electoral contiene causales excesivamente amplias para inhabilitar candidaturas
El organismo internacional se refirió a la reforma a la Ley Electoral que fue aprobada el 4 de mayo por la bancada de diputados oficialistas afines al FSLN, “contiene causales excesivamente amplias para inhabilitar candidaturas, suspender y cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos, e incorpora restricciones a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y participación política que son incompatibles con la normativa internacional en materia de derechos humanos”, asesta.
Enseguida, sostiene que a la reforma se le incluyeron la mayoría de estas restricciones ya estaban previstas en las leyes de Agentes Extranjeros y de la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, aprobadas a finales del año pasado.
CSE mantiene dominado por el “FSLN”
Sobre el nombramiento de nuevos magistrados y magistradas del CSE que se hizo por parte de la Asamblea Nacional, la Oacnudh refiere que “donde el partido de Gobierno mantiene una larga mayoría, sin el proceso de consulta con las asociaciones civiles pertinentes, como contemplado por el artículo 138 y 139 de la Constitución nicaragüense. Ello pone en duda su independencia e imparcialidad”.
Cancelación de personerías supone una amenaza grave a la democracia
En cuanto a la cancelación de las personerías jurídicas del PRD y el PC por resolución del CSE, el 18 y 19 de mayo, respectivamente, el representante regional de Oacnudh, Alberto Brunori, afirmó que “la disolución es el castigo más severo que se puede imponer a un partido, y por lo tanto solo puede ser tomado cuando su mera existencia supone una amenaza grave a la democracia”.
Además añadió que “resulta problemático que el Consejo Supremo Electoral haya tomado esta medida contra el PRD por una supuesta separación de los principios bíblicos fundacionales del partido, siendo una causal que no se encuadra en ninguno de los supuestos aceptados por el derecho internacional de los derechos humanos para restringir la libertad de asociación”.
Oacnudh llama a modificar la ley electoral
Ante todo lo antes mencionado, la Oficina Regional hace un llamado al Estado nicaragüense a modificar la ley electoral para “alinearla con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, y a restablecer plenamente las garantías para el disfrute de los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y de participación política que resultan requisitos indispensables para un proceso electoral libre, creíble, equitativo y participativo”.