El Ministerio de Gobernación de la dictadura interrogó largamente a Cristiana Chamorro Barrios —vicepresidenta de la Junta Directiva y miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA—, sobre supuestos “indicios de lavado de dinero” en los reportes financieros de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro en el período de 2015 a 2019.
Cristiana fue la directora ejecutiva de dicha Fundación, la cual se autodisolvió para no someterse a la represiva ley dictada por el régimen orteguista a fin de declarar agentes extranjeros a las personas naturales y jurídicas que reciban fondos del exterior para desarrollar programas y actividades de interés social, humanitario y democrático.
No hay que perder tiempo buscando lógica legal a esta “acción macabra” contra Cristiana y otras dos personas, que se desempeñaron como administrador financiero y contador general de la extinta Fundación creada por doña Violeta Barrios de Chamorro, primera mujer presidente de Nicaragua y la más democrática, humanista y pacifista de todas las personas que han ejercido el poder presidencial.
El único sentido de la acción del régimen contra Cristiana es político, intimidatorio y represivo, porque ella figura como una prestigiosa precandidata presidencial de unidad democrática nacional y las encuestas la perfilan con la mejor posibilidad para derrotar a Daniel Ortega en las urnas electorales. Esto en el caso de que las elecciones fuesen libres, competitivas, transparentes y observadas internacionalmente de manera independiente y confiable.
Ortega está eliminando toda posibilidad de riesgo para su cuarta reelección presidencial. Por eso dictó las leyes represivas como la que le están aplicando a Cristiana y otras igualmente antijurídicas, inconstitucionales y antidemocráticas. Por eso ha preinhibido de hecho, con algunas de esas leyes de proscripción, a posibles candidatos que se hubieran destacado de cualquier manera en la insurrección democrática de abril de 2018. Por eso ha cancelado la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), cabeza de la Coalición Nacional en la que participa la izquierda democrática y el antiguo partido de los sandinistas democratizados, antes denominado MRS y ahora Unamos, que es particularmente odiado por los Ortega y Murillo. Inclusive, en su frenesí liquidacionista el régimen canceló también la personería jurídica del Partido Conservador.
No cabe duda de que la dictadura “va con todo” para no permitir elecciones libres y limpias en Nicaragua, como manda la Constitución Política nacional y disponen la Carta Democrática Interamericana y todas las convenciones internacionales de derechos humanos y libertades civiles.
No hay que olvidar que la exsecretaria política del FSLN en el Banco Central, Ligia Gómez, denunció en Estados Unidos después de desertar de la dictadura de Ortega y Murillo, que el 19 de abril de 2018, el mismo día que estalló la insurrección popular democrática, el alto mando del régimen sandinista les bajó la orientación a todos los secretarios políticos reunidos en el Parque Japonés de Managua: “Vamos con todo. No vamos a permitir que nos roben la revolución”, les dijo el agente del régimen al anunciarles que habían declarado la guerra contra el pueblo.
Esa guerra contra los ciudadanos y la democracia continúa, trasladada al campo electoral. También ahora Ortega y Murillo “van con todo” para impedir la libertad electoral e imponerle a la nación otro quinquenio de nefasta dictadura.
