Algunos políticos y opinantes opositores culpan al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y su plataforma electoral Alianza Ciudadana, por la cancelación de la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD) y su derecho de participar —con sus aliados de hecho de la Coalición Nacional— en las elecciones de noviembre.
La dictadura también canceló la personería jurídica del Partido Conservador, porque este resolvió en principio no participar en las elecciones por falta de garantías y dejó la decisión final sujeta a la opinión de sus electores. Pero de este otro abuso de la dictadura no se ha culpado a CxL.
La acusación a CxL por la exclusión del PRD del proceso electoral, es festinada, no se basa en pruebas ni evidencias. Se funda en suposiciones inspiradas en la teoría conspirativa de que CxL y el sector empresarial que es su aliado, solo quieren participar en las elecciones para ser la segunda fuerza política y después reconstituir con el régimen de Ortega el modelo de diálogo y consenso, que se rompió en abril de 2018 pero es constitucional, está en el artículo 98 de la Constitución Política de Nicaragua.
La verdad es que Ortega tiene suficientes razones, todas perversas, para cancelar la personería jurídica del PRD y dejar sin casilla a la Coalición Nacional. De manera que no es ético buscar un chivo expiatorio, culpar a otro para absolver al dictador. Haciendo conjeturas sobre sus motivos, podría ser que el propósito de Ortega es no permitir —por revanchismo— la participación electoral de la izquierda y los exsandinistas democratizados, que están en la Coalición Nacional encabezada por el PRD. O alentar la abstención electoral que es muy conveniente para sus propios fines electorales. O no quiere pagar el costo de inhibir a candidatos opositores de mucho prestigio, personas que se destacaron por su liderazgo en la insurrección de abril de 2018 y en las marchas multitudinarias posteriores. O porque, como tirano absolutista y de calaña castrista que es, quiere eliminar toda competencia política real en su pretensión de reelegirse una vez más en los comicios de noviembre, etc.
En circunstancias normales la salida del PRD y sus aliados de la competencia electoral favorecería a CxL y la Alianza Ciudadana. Pero la situación de Nicaragua es anormal, aquí el único realmente interesado en eliminar la competencia política es Ortega. Y lo hace manipulando la ley, ya que no puede liquidar físicamente a sus adversarios como seguramente quisiera, pues en su mente está en guerra contra el pueblo y a los dirigentes democráticos los ve y trata como enemigos bélicos.
Ante el avance de la maquinaria dictatorial orteguista demoliendo instituciones, libertades y derechos, la existencia legal de CxL y su participación en las elecciones de noviembre también están amenazadas. No hay que olvidar que para las elecciones de 2016, el partido político antecesor de CxL fue cancelado arbitrariamente por el régimen, y sus más de 20 diputados expulsados de la Asamblea Nacional. Ahora le podría ocurrir lo mismo a este partido democrático, a pesar de que sus detractores lo acusan de estar confabulado con la dictadura.
