CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.En enero de este año, doña Argentina Nájera pasó consulta en el Hospital Alemán Nicaragüense —unidad de referencia nacional ubicada en Managua— con el fin de calmar el malestar que sentía en ese momento. El diagnóstico requería tan solo de una pomada para tratarse, sin embargo, la doctora no se la podía recetar porque no estaba en la lista de medicamentos disponibles del Ministerio de Salud (Minsa). Prescribir medicinas fuera de la cobertura del Minsa está prohibido.
«Usted puede ponerse una pomada», le dijo la doctora a la paciente durante la consulta médica. «Ya me venía (salir de consulta) y la doctora no me decía el nombre de esa pomada, entonces le pregunté cuál era esa pomada y ella asustada me contestó que no podía decírmelo porque no la tenía el Minsa y la podían hasta correr si me daba el nombre», comparte doña Argentina, de 70 años.
«Y entonces cómo me voy a tratar y para qué me dice que me puedo poner una pomada si no me dice cuál es», le cuestionó en ese momento la paciente a la doctora. «Bueno, le voy a dar el nombre pero no le diga a nadie, ni le enseñe a nadie el papel donde le voy a escribir el nombre de la pomada», le contestó la médica.
Al despedirse doña Argentina, la doctora le insistió: «Que nadie se dé cuenta que le receté esa pomada».
La insistencia de la doctora se debe a que el Minsa ordenó a todos los médicos del sector público no recetar ningún medicamento que esté fuera de la lista oficial de la institución, aun cuando las farmacias de las unidades de salud llevan meses sin ser abastecidas de esos fármacos oficiales y los pacientes con recursos podrían obtenerlas en farmacias privadas.
Fuentes médicas que laboraron en el sector público aseguran a LA PRENSA que si no cumplen esa orden, son sancionados e incluso despedidos. Con esta medida se deben alinear al discurso del régimen de Daniel Ortega: «Medicina para los pobres, medicina para los trabajadores, medicina para el pueblo”. Su lógica es que recomendar fuera del alcance de la institución sanitaria, evidenciaría el desabastecimiento de medicinas y el raquítico presupuesto que destina el Estado para este ministerio.
Despido injusto
La doctora «María» —nombre que se usará para evitar represalias contra la profesional— es víctima de esa orden dictada por el Minsa. Fue despedida a inicios de este año por recetar dos medicamentos fuera de la cobertura de la institución. Actualmente está en un proceso de demanda laboral.
«Yo soy una médica que fue despedida de manera injusta (…) La lista del Minsa no cubre el total de medicamentos de las especialidades y qué pasa, que está prohibido salirse de la lista básica, a sabiendas que no están en su totalidad los medicamentos de esa lista. En mi caso, receté cuatro fármacos, dos estaban en la lista y dos no —aprobados a nivel internacional—, y por eso me aplicaron una falta muy grave, por salvar la vida del paciente», lamenta la doctora.
Lea además: Dictadura ha sacado del sistema de salud a al menos 16 médicos especialistas durante la pandemia
De acuerdo con el Formulario Nacional de Medicamentos, edición 2014, el Minsa contaba para ese año con más de 200 medicamentos para las distintas especialidades, como neumología o dermatología. Aunque se desconoce la lista actual, la doctora menciona que los fármacos corticoides o los macrólidos (antibióticos) son medicamentos esenciales del Minsa, pero las unidades de salud carecen de ellos.
«Soy despedida por haberme tirado las trancas, yo sabía que me podía costar el trabajo pero lo decidí (…) Aquí van contra los valores morales, humanos, éticos y científicos, pero nadie tiene el valor de decirlo», manifiesta la doctora, quien describe el ambiente laboral dentro de los hospitales públicos como «hostil».
Ocultar la realidad
Según el infectólogo Carlos Quant, despedido en junio de 2020 del hospital público Manolo Morales por denunciar el mal manejo de la pandemia, la orden del Minsa se da luego de los casos —en gobiernos anteriores— de pacientes que solicitaban en vía pública, hasta medios de comunicación, la compra de medicinas que no tenía el sistema de salud.
«Con el cambio de gobierno, ese tipo de cosas la empezaron a prohibir con la finalidad de aparentar que el sistema de salud estaba abastecido y que no tenía problemas. A los médicos se les prohibió extender recetas que no existieran en el sistema», explica el especialista.
«Si dentro de la lista básica no estaba el medicamento moxifloxacino (para tratar infecciones) y yo consideraba que este medicamento era importante que el paciente lo recibiera, en realidad ya no se podía hacer una receta formal, porque eso implica una sanción para el médico (…) Hay muchos medicamentos que están en la lista básica pero no están disponibles, nunca los compran», agrega.
El doctor Quant ejemplifica la situación con los fármacos que necesitan recibir las personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), como la pirimetamina, que «tiene años de no existir en el sistema público». «Es un medicamento esencial y aunque el paciente podía comprarla, el médico no podía extender la receta porque lo sancionaban», comparte. Entre las sanciones están turnos extras y hasta el despido.
Lea también:Doctores denuncian que el Minsa obliga al personal médico a cambiar el diagnóstico Covid-19 por otras causas
De acuerdo con la revisión exhaustiva que realizó LA PRENSA en septiembre de 2020, se reveló que hasta el 2019 el Estado destinaba por persona 19 córdobas mensuales en compra de medicina. Es decir, 228 córdobas anuales, un promedio que está por debajo de lo que el Minsa gastaba en el 2015.
Falso discurso
Aurora Castellón, de 36 años, llegó de emergencia al Hospital Manolo Morales el domingo con «punto de infarto». Luego de aplicarle una inyección y pasar un par de horas en observación, el doctor le dio de alta. No hubo mayores indicaciones hasta que la paciente preguntó: «¿No me enviará nada de medicamentos?». —No puedo recetarle más nada —le contestó el doctor de turno. —¿Ni siquiera esas aspirinitas? — interrumpió Castellón. —Puede tomarse una pastilla de ácido salicílico —le expresó el galeno.
Las experiencias de doña Argentina y Castellón no son las únicas en el país, quienes se quedan esperando al menos la receta del medicamento para poder comprarlo en alguna farmacia privada. De igual forma, la doctora María considera que su despido no es el primero ni el único que se da por esta causa dentro del sector público, pero está consciente de que tampoco es fácil identificar estos casos porque el gremio médico tiene miedo de hablar, más aún de denunciar.
En Estelí, otra doctora que fue despedida en junio de 2020 —quien omite su nombre por temor a represalias— confirma la vigilancia que hay entre el mismo personal de salud respecto a este tema.
«Una vez yo le envié metronidazol a un niño y la despachadora de farmacia se fue con la receta a buscar al subdirector (del hospital) a quejarse por que era de 250 miligramos y el del Minsa es de 125», relata la médica, quien declara que hasta llegó a anotar los nombres de los medicamentos en las manos de los pacientes «para no dejar evidencia».
«Lo que sucede en Nicaragua es que todo es populismo, burocratismo (…) Las ministras de Salud hablan maravillas, que están haciendo un hospital, que están haciendo esto, pero tenés que bajar realmente a la población, a lo que realmente está recibiendo. Usted va a los centros de salud y salen solo con su receta… hay anomalías enormes y nadie las señala», reprocha la doctora María.
Puede interesarle: “Medicina para el pueblo”. Lo que Ortega no dijo el 19 de julio
Raquítico presupuesto
En 2020, el régimen orteguista dispuso 44.07 millones de dólares en gasto de medicinas, lo que significó 6.79 dólares al año por persona, equivalentes a 234 córdobas al cambio oficial. Es decir que pese a la pandemia, el gasto per cápita en medicina siguió estancado como en 2019.
Para este año, el presupuesto destinado al Minsa fue de 16,852.4 millones de córdobas, un leve aumento si se compara con el año anterior, que fue de 16,022.8 millones de córdobas.
El doctor José Luis Borgen —otro despedido en el 2018 por no alinearse a la política del Minsa— manifiesta que el problema es que hay muchos medicamentos que son costosos y el presupuesto destinado al sistema sanitario no cubre esa necesidad de comprar dichos fármacos.
«El Producto Interno Bruto y el porcentaje de presupuesto destinado al sector salud no es suficiente para acceder a la cantidad de medicamentos que necesitan los pacientes», declara Borgen, quien asegura que la situación de represión contra los médicos es igual en las unidades de salud del Seguro Social.
«Si mira que ahora (las personas) ya no andan pidiendo con una receta, no es porque el sistema sea maravilloso y no haya escasez, y esté funcionando maravillosamente, no. Lo que se sucede es que si el doctor indica, está expuesto a una sanción», destaca por su parte el doctor Quant.
Recetas clandestinas
El doctor Borgen coincidió que la prohibición de recetar medicamentos fuera de la lista del Minsa se da con el regreso de Ortega al poder y desde entonces los médicos emplean —clandestinamente— diferentes maneras de recetar medicinas a los pacientes, como es el uso de papel común.
«Los médicos recomiendan a los pacientes lo que deben comprar, y otros se arriesgan a recetar en un hojita, pero no se atreven a firmar o mucho menos ponerle su sello, porque pueden ser despedidos (…) A pesar de que los medicamentos son de uso cotidiano, no están en esa lista (del Minsa)», refiere Borgen.
Quieren ocultar incapacidad
A criterio del doctor Borgen, el objetivo del régimen es ocultar la incapacidad del sistema de salud para cubrir la demanda de los nicaragüenses. «El gobierno no quiere que se exhiban las evidencias de que el Ministerio de Salud es débil, que no tiene la capacidad de resolver los problemas de salud y que todo lo del discurso es pura demagogia», expone.
El infectólogo Quant plantea que la falta de recursos del Minsa muchas veces desencadena más gastos para la institución y paciente. Aunque reconoce que hay medicamentos de altos costos que imposibilitan adquirirlos, señala que el Minsa debería actualizar la lista o guía para un mejor funcionamiento y efectividad.
«Voy a poner un ejemplo en el Manolo Morales, que por muchos años no tuvo laboratorio de microbiología clínica, hasta hace poco empezó a desarrollarse un poquito pero con muchísimas restricciones, una cantidad limitada de cultivos. Entonces, muchos médicos para tratar un caso, no pueden mandar un cultivo y tienen que hacerlo de forma empírica, esto implica más gasto para la institución (…) Si el paciente me viene con una diarrea, no puedo hacer una citología fecal, una cosa que es simple, barata y económica que puede ayudar a orientar un manejo, no existe. De tal manera que cuando llega un paciente, (el médico) se ve sin remedios y le ponen antibióticos y un montón de cosas que a la larga implican más costos», explica el especialista.
Por su parte, la doctora María señala que dentro del personal de salud hay «mucho miedo», el cual termina llevando al médico a ser un cómplice del discurso de Ortega. «Yo he trabajado en el Ministerio de Salud durante cuatro gobiernos y en ninguno me sentí tan restringida de poder recetar lo que la ciencia dice y está establecido a nivel mundial (…) ¿Perder un empleo o ir en contra de tu ética? Prefiero perder un empleo. Lo que está pasando en Nicaragua es que están botando al gremio médico. Ellos creen que con ese control es al médico que están perjudicando (…) el daño se le está haciendo a los pacientes», expresa.
