Rodolfo Gaitán habla despacio mientras relata las horas de agonía que pasó cuando el coronavirus sacudió su salud. Está vivo de milagro y porque afortunadamente sus hijas en el extranjero le enviaron dinero para atenderse, “de lo contrario se hubiera muerto”, asegura su esposa.
A la pareja de avanzada edad no le quedó de otra que asistirse el uno al otro, porque sus hijos están fuera del país y no hubo enfermera que los atendiera. No fue posible encontrar una. Es por eso que cerraron las puertas de su casa que se ubica a pocos metros del cementerio principal de La Concepción, en Masaya, y en los días más críticos y en medio de la soledad pensaron en dejarse morir.
Gaitán y su esposa gastaron más de 2,000 dólares entre exámenes, consultas, tanques de oxígeno y medicamentos, que se llevó la mayor parte de sus ahorros. Del Ministerio de Salud solo recibieron una visita prohibiéndoles la salida de su casa, más la entrega de un sobre de ibuprofeno y azitromicina. Nunca más supieron de las autoridades, pese a que ellos eran personas de alto riesgo.
En julio, mientras Gaitán acababa de superar los estragos del virus en su cuerpo, en el corazón de la Plaza de la Revolución, en Managua, en una tarima frente a un enorme pentagrama Daniel Ortega se declaraba victorioso ante la pandemia, que ni siquiera los países industrializados han podido detener su propagación y que hasta en ese momento más de 600 mil personas en el mundo habían muerto. En Nicaragua, el Ministerio de Salud fijaba en 91 los nicaragüenses fallecidos, aunque registros independientes contabilizaban 2,087 vidas arrebatadas.
Un Ortega eufórico, que desde que comenzó la pandemia ha minimizado la incidencia del virus en la población y que ha sido un buen aliado del Covid-19 para su propagación mediante la promoción de eventos donde hay aglomeración de gente, atribuía su victoria al modelo de salud que ha promovido, pero sobre todo a la inversión que ha hecho en casi 15 años de administración gubernamental. “Medicina para los pobres, medicina para los trabajadores, medicina para el pueblo”, exaltó en medio de la ovación de los selectos miembros de la Juventud Sandinista (JS), que asistieron a este acto exclusivo.
Lo que Ortega no dijo y Gaitán —sobreviviente del Covid-19— no sabía es que en los últimos cinco años, es decir antes de la pandemia, el Covid-19 sorprendió a los nicaragüenses con un gasto público en medicina prácticamente estancado y en descenso. Tanto así, que hasta el 2019 el Estado destinaba por persona 19 córdobas mensuales en compra de medicina. Es decir, 6.79 dólares (229.76 córdobas) anuales, un promedio que está por debajo de lo que el Minsa gastaba en el 2015.
Los informes presupuestarios del Ministerio de Hacienda son claros, contundentes y de acceso al público. No dan espacio a la objeción, aunque la maquinaria “gobelista” del régimen de Ortega apunte a otro objetivo: más y mejor salud para todos.
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Pero ¿qué implica esa reducción en el gasto público de medicinas para la población ? En el 2018 el Estado dirigió 7.73 dólares al año por persona para compra de medicinas y en el 2019 se redujo a 6.79 dólares, alejándose de la barrera de los ocho dólares, según una revisión exhaustiva realizada por LA PRENSA de los informes presupuestarios del 2015 al 2019, es decir cinco años antes de la pandemia.
En términos reales, el año pasado se destinó 229.76 córdobas al año, 19 córdobas al mes, 0.63 córdobas al día por persona. El problema es que las enfermedades crónicas que afectan a la población son costosas. Según el Mapa de Salud, del mismo Ministerio de Salud, los males que más aquejan a los nicaragüenses son hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades reumáticas, asma bronquial y enfermos cardíacos.
Lo grave es que Nicaragua tiene una tasa de prevalencia de diabetes de las mayores en el mundo y cuya enfermedad es altamente costosa de tratar. Pero además, estas personas son de alto riesgo ante el contagio del Covid-19. En número más exacto, el 11.4 por ciento de la población nicaragüense de entre 20 y 69 años de edad padece de diabetes y eso equivale a 437,823 personas en riesgo ante la pandemia, explica un economista, quien prefiere no ser citado por temor a represalias gubernamentales. Estos números son del Banco Mundial.
Este año, en medio de la crisis la situación ha sido más difícil. El régimen de Ortega dispuso 44.07 millones de dólares en gasto de medicinas, eso significa 6.79 dólares al año por persona, equivalentes a 234 córdobas al cambio oficial. Es decir que pese a la pandemia, el gasto per cápita en medicina siguió estancado.
El doctor José Luis Borgen Rayo, de la Unidad Médica Nicaragüense, admite en entrevista con LA PRENSA que el Minsa destina muy poco para medicamentos, lo que provoca que al final el paciente termine asumiendo ese costo, pese a que más de un tercio de los nicaragüenses vive en pobreza y la gran mayoría no logra ni siquiera cubrir la mitad del costo de la canasta básica de 53 productos.
“Lo que siempre hemos dicho es que el Gobierno está destinando una cantidad muy precaria en medicinas, de hecho hace un año se firmó un convenio internacional para que los gobiernos aumentaran el 1 por ciento del gasto público en relación al Producto Interno Bruto, sin embargo en Nicaragua esto no se ha hecho”, dijo Borgen.
Y muestra de que no existe el pregonado “Medicina para los pobres”, es que la lista oficial de medicamentos del Minsa es de 300, es decir la medicina que debería tener en su inventario para la población, pero en la actualidad solo se abastece el 40 por ciento de los fármacos, lo que se puede observar en las quejas continuas de la población nicaragüense.
“Lo que se gasta es insuficiente y eso sucede desde el 2007 que Ortega retomó el poder, se ha constatado el desabastecimiento de la lista básica de medicamentos, de 300 solamente se ha garantizado el 40 por ciento en las instituciones. En la actualidad con la pandemia este dato ha disminuido aún más y los nicaragüenses siguen aportando dinero de su propia bolsa para solventar su problema de salud, eso afecta fuertemente a los pacientes crónicos, con diabetes, hipertensión, asma bronquial, porque no están recibiendo el medicamento necesario en los hospitales, solo están dando analgésico como acetaminofén e ibuprofeno, pero el medicamento específico, el paciente lo tiene que comprar”, explica.
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Para Carlos Hernández, especialista en Salud Pública, el gasto de bolsillo de medicamentos de la población es un indicador catastrófico. “Hablando de medicamentos no es cierto que el sistema de salud sea gratis, en la última encuesta de nivel de vida se reveló que el 18 por ciento de la población que buscó los servicios públicos tuvo que hacer gastos en medicamentos, por esa razón y otras, Nicaragua forma parte de los tres países que tienen menos gasto en salud en el continente”, dijo Hernández a este Diario.
El galeno señala que el 35 por ciento del gasto de las personas va dirigido a compras de medicinas, secundariamente a exámenes, diagnósticos y cirugías.
De hecho un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que el porcentaje de gasto médico que pagan de su bolsillo los nicaragüenses es del 37.54 por ciento, superando el promedio de América Latina que es del 33 por ciento, siendo el décimo país de la región donde los población debe invertir más para atenderse.
“Para darte un ejemplo, va el hipertenso o el diabético a pasar consulta, le dan atención médica, le hacen exámenes, pero le dan 10 tabletas, cuando él necesita 30 para el mes y le dan cita para dentro de tres meses, entonces el resto él tiene que buscarlo en la farmacia privada”, afirmó Hernández.
Camuflan el discurso oficial
El raquítico gasto en medicina, que está dentro del gasto corriente del Minsa, ha obligado al régimen de Daniel Ortega a ordenar a los médicos del sector público a que no emitan recetas oficiales del Minsa con nombre de medicamentos, que si bien están en la lista oficial del ministerio, no hay en existencia, esto con la idea de no afectar el discurso oficial: “Medicina para el pueblo”. Habrían demasiadas quejas de pacientes.
“Para camuflar la situación le prohibieron a los médicos que den receta para comprar medicamentos fuera del hospital, pero por humanismo los doctores lo que hacen es en una hoja blanca escriben el nombre del medicamento que (el paciente) debe buscar, esa hoja no lleva sello, porque está prohibido recetar lo que no está en la lista básica, porque si lo hacen pueden ser despedidos, esa es la realidad de nuestro país, por eso la gente no tiene confianza en el sistema de salud y eso se observó con el coronavirus que toda la gente se quedó en su casa y se automedicó”, expresó Borgen.
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Para el sociólogo y economista Óscar René Vargas la inversión en medicamentos está privatizada, “porque es la gente que paga los medicamentos y el porcentaje de gasto privado es mayor que la inversión pública en medicamentos, es decir que eso es una limitante para la salud de la población, que es pobre, sin recursos; eso deteriora la salud de la gente porque muchos no pueden comprarlos”.
Documentos oficiales revelan estancamiento en contratación de médicos
Además de la escasa disponibilidad de medicina, por cinco años de estancamiento en este gasto del Minsa, la pandemia sorprendió a los nicaragüenses con una limitada capacidad estatal para atender sus necesidades de salud, situación agravada por la represión del régimen orteguista contra el personal médico que se dispuso a atender a los heridos de la violencia de 2018 y los que en el 2020 han denunciado la falta de insumos de protección en los hospitales.
El régimen de Ortega hizo circular desde Cancillería este mes un reporte denominado Avances del proyecto cristiano y solidario del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. En el documento en poder de LA PRENSA el Gobierno afirma que Nicaragua cuenta hoy con más personal de salud al servicio del pueblo nicaragüense.
El aumento parece abrumadora simple vista. Según el reporte elaborado por Paul Oquist K., secretario privado para políticas nacionales de la Presidencia de la República, en el 2006 el Minsa contaba con 22,083 personal sanitario, de los cuales 2,715 eran médicos. Hasta el 2020 este aumentó a 36,649 trabajadores de la salud, de los cuales solo 6,045 eran médicos.
Ortega no dice en su reporte que en los últimos cinco años no ha habido un aumento en la contratación de médicos, principalmente en los últimos tres años de represión y que el sistema arrastra un fuerte rezago en el personal médico. Eso es lo que deja ver el documento del secretario privado de la Presidencia comparado con las cifras que el Ejecutivo admitió ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener un préstamo de 43 millones de dólares.
El Gobierno informó al BID que hasta el 2015, el Minsa tenía 5,794 médicos para atender a la población y Paul Oquist K. dice que hasta el 2020 esa planilla se había elevado a 6,045 médicos, eso indicaría que en seis años el régimen ha contratado solo 251 médicos (sin incluir otro personal sanitario) versus los más de 400 médicos que ha expulsado del sistema de salud, según registros de Human Rights Watch.
A eso se suman los 105 trabajadores de la salud (incluido médicos) que hasta el 29 de agosto del 2020, el Observatorio Ciudadano registra como fallecidos sospechosos de Covid-19, lo que explicaría entonces por qué el régimen le dijo al BID que requería financiamiento porque apenas tenía, entre otras razones, 1,762 médicos en los 19 hospitales designados para atender la pandemia.
Personal médico mal pagado y politizado
Lo que Ortega tampoco dijo aquel 19 de julio es que mantiene al personal médico sanitario con salarios raquíticos, principalmente los que no simpatizan con el partido. Los números del Ministerio de Hacienda revelan que en el 2015 en promedio al personal de salud (incluye médicos) se le pagó mensualmente 210 dólares, cinco años después el salario subió 25 dólares más.
Aunque pareciera suficiente en términos cordobizados, lo cierto es que Borgen señala que es muy poco y que son los puestos de la alta jerarquía los que están en mejor situación salarial en estos momentos, pero sobre todo los médicos que son fervientes seguidores del partido.
“Los directivos, ministros y jefes de áreas andan con salario arriba de los 2,000 dólares, pero eso no es todo, también tenés a todos los que están ejerciendo labor política en los hospitales, que están en sindicato del Fetsalud, que su trabajo es vigilar a los médicos que no acatan las órdenes del Gobierno, entonces si son cargos de confianza y reciben un salario semejante al que tiene mayor rango, hay secretarias que tienen salario de más de mil dólares”, explicó Borgen, quien fue el primer médico despedido del Hospital Lenín Fonseca en el contexto de la pandemia.
La fractura en el personal médico, es decir los que son declarados sandinistas y los que optan por no definir su afinidad política, ha creado una profunda desigualdad en el gremio. Borgen lo describe así: “El Ministerio de Salud desde el 2007 implementó jornadas de 4 y 8 horas, las de 8 horas son asignadas a médicos del partido sandinista, ellos devengan en promedio 1,200 dólares en nómina, a eso le suman un porcentaje de antigüedad, de tal manera que algunos de estos médicos están ganando aproximadamente 60 mil córdobas mensuales, pero los doctores que son necesarios, pero no son precisamente del partido, la contratación es por 4 horas y con las deducciones que se hacen no llegan ni siquiera a los 600 dólares de salario”.
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Pero más grave aún es que en Nicaragua el peso político cuenta más al momento de buscar una plaza en el Estado, más allá de la especialización o trayectoria del profesional. Hernández explicó que ninguna persona puede entrar a los hospitales del Minsa si no es con aval político.
“Eso tiene consecuencia en la calidad de la atención, sabemos que si el doctor no es bueno, pero es un activista del partido y participa en todo, no importa si no brinda atención de calidad, ahí lo mantienen, no hay una evaluación de desempeño, pero tampoco tenemos un estudio de eso (sobre impacto en la calidad )”, dijo.
Atención médica insuficiente
Y mientras el régimen procura la división del gremio médico en Nicaragua, Ortega destacó durante su discurso del 19 de julio que en su gobierno se han brindado millones de consultas médicas.
De hecho los datos del Minsa indican que en el 2019 se brindaron 11.6 millones de consultas en primer nivel, lo que equivale en promedio a dos consultas por persona. Pero ¿qué significan esos números?
Una doctora que prefirió fuera omitido su nombre, por temor a represalias, explicó que la atención primaria se refiere a consultas básicas, que no requieren de hospitalización y considera que “en términos generales que se hayan dado 11 millones de consultas es muy poco, porque por lo menos un niño requiere ir al médico una vez al mes, y eso es un niño sano”.
Es decir, eso significa que un niño en promedio necesita 12 consultas médicas de primer nivel en el año, pero tomando en cuenta los números del Minsa, este solo va dos veces, lo que es insuficiente.
Para el doctor Hernández esos datos no dicen nada, “que me digan para qué han servido, que han dado 20 o 50 millones de consultas, qué importa eso, que me digan cuánta mortalidad evitaron, porque ellos no te permiten hacer una evaluación de políticas”. En esto coincide la exministra de Salud, Dora María Téllez.
“Lo que es relevante es saber la morbilidad y mortalidad, si hay más niños que mueren de diarrea o infecciones generales, esos son datos de impacto”, dijo Téllez. El problema es que en Nicaragua esos datos no son divulgados por el Minsa de manera desagregada, para valorar el impacto de esas atenciones médicas en la población.
Asimismo los números del Minsa indican que el año pasado se dieron 9.09 millones de consultas en enfermería, un millón más que el año pasado. La fuente que no quiso ser citada, detalla que las consultas de enfermería son básicas. “En las comunidades son las enfermeras las que tienen a cargo las unidades de salud, vos llegás a una casa materna y quien dirige es una enfermera, quien te cura la herida es la enfermera, quien te sutura, en las comunidades así funciona, aquí quien te pone una vacuna es una enfermera, quien te toma la presión y el peso, esas son las atenciones de enfermería. El detalle es que nueve millones de consultas es como la mitad de consultas de un año, ese número es muy bajo”.
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Programa insignia, no es prioridad pese a discurso propagandístico
Otra deficiencia del Minsa es su propio programa insignia de atención a la población. Pese a que el régimen pregona a los cuatro vientos que la salud y la educación han sido los sectores mimados, destacando programas asistenciales como “Todos con vos” o el “Programa Amor”, la verdad es que el alcance de estos programas ha sido bastante limitados, según reflejan datos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Por ejemplo, el programa “Todos con vos” que comenzó en el 2010, trayendo brigadas médicas cubanas para brindarle asistencia a las comunidades y barrios tiene poco alcance. En el 2015 se captó 215, 752 personas, eso significa apenas el 3.3 por ciento del total de la población nicaragüense.
“Esto tiene menos alcance que ‘Usura Cero’, que llega al 12 por ciento de la población y el 3 por ciento de la población es nada, no, ni un barrio de Managua, este es un programa de clientelismo político para llegar a su base social, pero impacto no tiene”, expresó el sociólogo Óscar Vargas. Al menos el Gobierno no ha explicado hasta ahora el alcance de este programa, que financia con recursos presupuestarios y cuya cobertura hasta el 2019 se mantenía estancada.
El opaco manejo del fondo de becas del Minsa
Otro grueso del gasto corriente del Minsa son las becas, que según el informe de Hacienda, el Minsa destinó el año pasado 692 millones de córdobas a este fondo (20.90 millones de dólares al cambio oficial de ese año), casi la mitad de lo que asignó para el gasto de medicinas y cuya tendencia se mantiene lineal a lo largo del quinquenio analizado (Ver infografía).
Pero Borgen aclara que el Minsa en sí no tiene programa de becas y cree que esta asignación millonaria es para cubrir realmente el salario de los que lograron conseguir un aval político para obtener una beca en los bolsones de beneficios de este tipo que ofrecen otros gobiernos a Nicaragua para la especialización de estos profesionales.
“Todo lo que se refiere a becas es asignado de forma partidaria, los médicos se van a realizar cursos de especialización con sus propios recursos o porque accedieron a una beca, pero hay que aclarar que el Gobierno no da estas becas, sino otros países como Taiwán, Estados Unidos, México; pero para poder acceder a estas el Gobierno de Nicaragua impuso como requisito un aval, eso provoca que todos los años se pierdan, precisamente porque los médicos deben de contar con eso para llegar a las embajadas de los países a inscribirse, entonces se pierde la asignación de cuotas de becas que podría mejorar la capacidad y calidad de preparación de los nicaragüenses”, indica Borgen.
“Todas esas becas incluyen alojamiento y estipendio, es una doble pérdida porque el Gobierno no puede mandar a los médicos a estudiar, y segundo porque están perdiendo el dinero que están asignando estos gobiernos de estos países, es decir por un aval político se pierde el regalo de los países”, añadió.
Es por eso que el especialista en urología y trasplante dice que ese fondo que aparece en el presupuesto puede ser para mantener el salario promedio de los médicos mientras están estudiando su especialidad. “El salario básico de un médico ronda entre los 8,000 y 10,000 córdobas y eso se le garantiza durante un tiempo, pero no te garantiza que al regresar te mantengan la plaza porque el Gobierno por razones políticas se ha comprometido con Cuba, que si son adeptos le tienen que abrir sus plazas y así garantizan el clientelismo político”.
La versión de Borgen coincide con la del doctor Carlos Quant, quien explicó que algunas de estas becas son parciales y es por eso que el Minsa tiene ese fondo para garantizar al profesional el salario mínimo del gremio mientras estudia, “pero no es que sea una gran inversión, es casi simbólico, estamos hablando de 100 a 150 dólares, ni tampoco es una gran cantidad de estudiantes que aplican, entonces en realidad yo no sé para dónde va el grueso de ese financiamiento”.
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Más allá de los millones en vacunas
Pero además el régimen en su discurso celebra la aplicación de millones de dosis anuales de vacunas. De hecho, en el 2019 se aplicaron 2.5 dosis para inmunizar a la población. ¿Qué alcance real tiene la cifra del orteguismo? ¿Es suficiente?
La fuente que no quiso ser citada explica que esto solo abarca un porcentaje de la población que no tiene cobertura en el Seguro Social, pero además detalla que esto está más dirigido a los niños y adultos mayores.
“Hay personas que no reciben vacunas en el año, pero sí los niños después de los cinco hasta los 12 años se vacunan una vez al año y los adultos mayores. Por ejemplo los trabajadores de la salud tenemos que ponernos por ley vacuna para la hepatitis, el neumococo, si estamos en lugares de alto riesgo vacunas de la rabia y la del tétanos por la mordedura o cortadura con objeto oxidados”, sostuvo.
Asimismo explicó que la mayoría de las vacunas que aplica el país son regaladas a nivel mundial, tales como la rubéola, sarampión, varicela, incluso la de la influenza, por tanto el gasto no debe ser muy alto.
Dora María Téllez, quien fue ministra de Salud en 1980, manifestó que no se puede medir la efectividad por el número de vacunas, “porque es como medir una guerra por el número de tiros, porque puede ser que el soldado tire para todos lados, pero no gane ningún combate, porque puede aplicar diez millones de vacunas, pero pueden estar mal puestas o no tener resultados, aquí lo importante es que ellos expliquen qué porcentaje de niños se ha inmunizado”. Ese dato el Gobierno no lo divulga.
Lo cierto es que los números indican que la inversión en salud se ha estancado desde 2018, cuando comenzó la crisis sociopolítica y se agudizó con la pandemia, afectando a los más vulnerables, como Rodolfo Gaitán y su esposa, quienes al menos sobrevivieron para contar su historia.