La Dirección General de Migración y Extranjería notificó el pasado 30 de abril al sacerdote fray Damián de Cosme Muratori, de 76 años, que tiene un plazo de 90 días de estancia en el país, y se desconoce si una vez transcurra ese periodo le será quitada o renovada su residencia definitivamente. Muratori es el encargado del Santuario Franciscano El Tepeyac y vicepostulador de la causa de Beatificación del Siervo de Dios Odorico D’Andrea, en San Rafael del Norte
«Yo fui a Migración el 30 de abril porque me llamaron y me dijeron que ya estaba lista mi resolución de solicitud de renovación de residencia, y simplemente me dijeron que no, que la residencia no la tengo, que solamente me iban a dar 90 días para estar en el país, y un día antes de los 90 días me iba a decir el siguiente paso, en otras palabras no me dijeron que sí, ni no, así que no sé si me van a quitar definitivamente la residencia o me la van a dar», explicó el sacerdote Muratori a LA PRENSA.
Desde abril de 2018 la Iglesia católica en Nicaragua y sus principales líderes religiosos —algunos que desde sus púlpitos han denunciado las injusticias sociales—, han sido de las principales víctimas de persecución migratoria emprendida por la dictadura que no está a gusto con las denuncias de violaciones de derechos humanos ni críticas de ningún tipo.
Lea también: Residentes extranjeros en la mira del régimen: Migración les reduce validez de residencia
«Lo que yo espero es que me digan las razones del porqué están actuando así, de manera que uno también tenga el derecho de defenderse si algo es falso, porque después de haber servido a una nación por más de 40 años, que digan ‘te quitamos la residencia’, tampoco me parece justo, no le encuentro sentido», expresó el líder religioso.
Limbo migratorio tras 45 años de labor
Antes de esta notificación gubernamental, el religioso de origen italiano afirma que contaba con una residencia permanente, misma que renovaba cada año. Recuerda que su primera residencia la obtuvo hace 45 años y desde entonces no había tenido ningún inconveniente para renovarla. El misionero llegó a Nicaragua el 14 de marzo de 1976, y desde entonces se ha destacado por las diferentes obras ejecutadas en el norte del país.
«Prácticamente en Nicaragua he trabajado 45 años, comencé en la montaña de Matiguás, todavía con Somoza. Después me fui, pero retorné siempre trabajando en la zona del norte, como párroco y director del Santuario donde están los restos mortales del padre Odorico D’Andrea», relató.
A través de un comunicado, la feligresía y laicos de la parroquia externaron su preocupación e indignación en cuanto a esta situación, «dado a que este misionero italiano ha desgastado alma y cuerpo en distintas ciudades del país y desde el año 2000 ha trabajado arduamente en San Rafael del Norte como encargado del actual Santuario Franciscano El Tepeyac y llevando en sus hombros la causa de Beatificación del Apóstol del Norte en las montañas del norte de Jinotega, en cuya Diócesis goza de una excelente estima de la población del ámbito urbano y rural», escribió el Ministerio en su cuenta de Facebook.
«Esperamos pronto una aclaración por parte de las autoridades correspondientes que calme los ánimos de los sanrafaelinos que esperan sea resuelta positivamente la situación de fray Damián», agregó.
«Acción política»
En cuanto a la situación sociopolítica que vive Nicaragua, el sacerdote italiano reconoció que en reiteradas ocasiones desde el púlpito se ha pronunciado al respecto, pero aclara que lo ha hecho desde una perspectiva de reflexión y no de una forma «acusatoria» en contra del Gobierno, sin embargo no descarta que esto haya incidido en la decisión de suspenderle la residencia.
«Todos los domingos hablo sobre eso (situación política del país) pero no de una forma acusatoria, sino como reflexión. Puede ser una represalia, pero nunca se había dado (…) La feligresía ha manifestado que esto se puede tratar de una acción política contra mi persona, pero no es algo confirmado y creo que sería muy imprudente e inoportuno avalar esa teoría, pero la feligresía está indignada e inconforme con esto», sostuvo el religioso.
Agregó que esta decisión también podría ser una «amonestación» por parte del Gobierno para silenciarlo, «sin embargo no sé por qué, porque lo que yo he dicho no ha sido como opositor al Gobierno, sino aclarar la situación que está sucediendo y comentarlo desde el evangelio. Yo no puedo callar ante una situación que no me parece justa», aclaró el fraile.
Su Ministerio
Sobre el trabajo social que ha venido desarrollando en el norte de Nicaragua, el sacerdote destaca que ha contribuido a la realización de una planta potabilizadora de agua para casi la mitad de la población, también construyó una clínica que atiende a miles de pacientes y ha beneficiado a varias familias de recursos limitados con viviendas.
«Es decir, en el estilo que tuvo Jesús de unir el anuncio con la obra, que realmente hacen presente lo que uno dice con la palabra, pero estas obras se han hecho sin ninguna pretensión, sino de una forma de dar gracias a Dios, que a través de los bienhechores se han podido lograr estas obras sociales», señaló.
Otras expulsiones
Desde el 2020 hasta la fecha, al menos cuatro sacerdotes extranjeros han sido expulsados del país o se les ha negado la entrada, por el simple hecho de mantener una posición crítica contra la dictadura de Ortega.
A inicios de septiembre de 2020, el régimen le redujo el periodo de residencia al padre Julio César Melgar, de origen salvadoreño, quien también brindaba sus servicios sacerdotales en la Diócesis de Estelí. El padre Melgar tenía una residencia permanente que renovaba cada cinco años.
El 16 de octubre de 2020, el sacerdote colombiano Luis Arilio Carrillo —quien trabajó durante cuatro años en la Diócesis de Estelí, a cargo de monseñor Abelardo Mata— tuvo que abandonar el país por órdenes de la Dirección General de Migración y Extranjería. Un mes antes, las autoridades le habían suspendido al religioso su residencia permanente que era válida por cinco años, y que de acuerdo con la legalidad del documento vencía hasta el 15 de enero de 2022.
Lea también: ¿Quiénes son los sacerdotes extranjeros a los que el régimen ha quitado la residencia nicaragüense?
El 31 de enero, las autoridades migratorias le impidieron el ingreso para continuar con sus funciones al fraile Santos Fabián Mejía, párroco y superior de la parroquia San Francisco de Asís, de Juigalpa, Chontales. El fraile Mejía es de nacionalidad salvadoreña y tenía más de 12 años de laborar en parroquias nicaragüenses.
Por último, el pasado 16 de febrero el régimen negó la entrada al fraile salvadoreño Javier Lemus, de la Orden de Frailes Menores Franciscanos, quien desde el 19 de marzo de 2018 estuvo a cargo de la parroquia Inmaculado Corazón de María, en la Diócesis de Matagalpa, liderada por monseñor Rolando Álvarez.