El régimen de Daniel Ortega negó la entrada al fraile salvadoreño Javier Lemus, de la Orden de Frailes Menores Franciscanos, quien desde el 19 de marzo de 2018 estuvo a cargo de la parroquia Inmaculado Corazón de María, en la Diócesis de Matagalpa, liderada por monseñor Rolando Álvarez.
Fray José Oreste Téllez confirmó a LA PRENSA que efectivamente «no le dieron la entrada» al padre Lemus, cuando el religioso regresaba de El Salvador después de sostener una reunión con la congregación a la que pertenece. «No sabemos los motivos, solo le dijeron que no tenía entrada en este país —Nicaragua—, él es salvadoreño, regresaba de una reunión a la que asistió», afirmó.
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El religioso a quien el Ministerio de Gobernación (Migob) le negó la entrada al país tiene 65 años de edad y tenía más de diez años de estar en Nicaragua, pero ahora fue nombrado en una parroquia en Honduras. Por su parte, la Diócesis de Matagalpa no ha emitido ningún pronunciamiento ante la situación.
El cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo metropolitano de Managua, al ser consultado por LA PRENSA dijo desconocer detalles de la situación. «Lamentamos verdaderamente, aunque no conozcamos todos los motivos, pero verdaderamente es triste que no lo dejen entrar», manifestó el alto jerarca.
Además comentó que se ha tratado de contactar con monseñor Álvarez para conocer detalles sobre la situación de fray Lemus, quien también estuvo a cargo de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Managua. «Yo lo considero un hombre bueno, él estuvo en Managua en la parroquia de Fátima», declaró monseñor Brenes.
Las expulsiones y cancelaciones de residencia nicaragüense a religiosos extranjeros no cesan y han sido consideradas como «actos de represalias» de parte de la dictadura de Daniel Ortega contra la Iglesia católica.
CEN analizaría casos
El también presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) aclaró que no han emitido reclamo oficial ante la Nunciatura Apostólica por la situación de sacerdotes extranjeros a los que el régimen orteguista les negó la entrada y por los otros a quienes canceló la residencia.
«Los obispos me han expresado algo, pero como Conferencia Episcopal no hemos hecho nada al respecto, a lo mejor será a nivel personal, pero como Conferencia no hemos hecho ninguna queja ante Nunciatura», declaró Brenes y no descartó que se puedan pronunciar al respecto.
«Tendríamos que ver los problemas como Conferencia y escuchar de los obispos alguna explicación al respecto y apoyarlos a ellos», mencionó. Añadió que tres sacerdotes hondureños que trabajan en la jurisdicción de la Arquidiócesis de Managua entraron sin problema alguno cuando regresaban de Honduras, pero que «les dijeron que sus residencias se mantienen y la tienen que renovar cada tres meses».
Otras expulsiones
El 31 de enero, las autoridades migratorias le impidieron el ingreso para continuar con sus funciones al fraile Santos Fabián Mejía, párroco y superior de la parroquia San Francisco de Asís de Juigalpa, Chontales. El fraile Mejía es de nacionalidad salvadoreña y tenía más de 12 años de laborar en parroquias nicaragüenses.
Durante su estancia tuvo residencia nicaragüense, pero al religioso no lo dejaron entrar bajo el argumento de que «no es apto para entrar» a Nicaragua. También le notificaron la suspensión de la residencia y la prohibición de ingresar al país.
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El 16 de octubre de 2020, el sacerdote colombiano Luis Arilio Carrillo —quien trabajó durante cuatro años en la Diócesis de Estelí, a cargo de monseñor Abelardo Mata— tuvo que abandonar el país por órdenes de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Un mes antes, las autoridades le habían suspendido al religioso su residencia permanente que era válida por cinco años, y que de acuerdo con la legalidad del documento vencía hasta el 15 de enero de 2022.
A inicios de septiembre de 2020, el régimen también le redujo el periodo de residencia al padre Julio César Melgar, de origen salvadoreño, quien también brindaba sus servicios sacerdotales en la Diócesis de Estelí. El padre Melgar tenía una residencia permanente que renovaba cada cinco años, pero aún está en espera después que la DGME decidiera mandarlo a renovar cada tres meses.
Su residencia tenía una vigencia de al menos tres años más, hasta 2023 le correspondía hacer la nueva gestión. El sacerdote confirmó a LA PRENSA que su situación migratoria continúa en el limbo. «Continúa en veremos, recen por mí», expresó Melgar.
