La Corte Iberoamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizó la Audiencia pública sobre medidas provisionales otorgadas a integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (Cenidh-CPDH), para conocer si el Gobierno de Nicaragua ha cumplido con ellas. El régimen dijo cumplir con las medidas con resguardo de la Policía, que ha sido señalada entre los agresores y acusó a las organizaciones mencionadas de proselitistas políticos y de no ser transparentes.
Las medidas fueron dictadas el 14 de octubre de 2019. La audiencia estuvo a cargo de la juez Elizabeth Odio Benito, presidenta de la CorteIDH.
El Gobierno de Nicaragua aseguró haber cumplido con las medidas provisionales en beneficio del personal del Cenidh y la CPDH, argumentando que se les ha enviado resguardo policial y justificó la cancelación de la personería jurídica del Cenidh por el incumplimiento de la entrega de informes financieros para garantizar la transparencia de la organización, misma situación que asegura está ocurriendo con la CPDH.
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Asimismo, Wendy Morales, Procuradora General de la República, acusó a las organizaciones defensoras de derechos humanos de hacer proselitismo político y participar en actos delictivos. “Lamentablemente fue reconocido y acreditado públicamente las actividades de algunas organizaciones de derechos humanos en Nicaragua que frecuentemente desempeñan activismo político, que en tal condición propiciaron la comisión de actos delictivos”, afirmó.
“Promovieron campaña de desestabilización en el país, incitando acciones para crear inseguridad ciudadana. Desde esta perspectiva el Estado de Nicaragua afirma que la motivación para la adopción de las medidas provisionales resulta insuficiente e infundada”, agregó Morales.
La representante de Nicaragua en la audiencia hizo un llamado a la CorteIDH a revisar estas campañas de parte de las organizaciones de derechos humanos mencionadas.
Campañas en internet mencionadas en audiencia
Durante sus intervenciones, Morales hizo mucho énfasis en las nuevas leyes aprobadas, como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos.
Por su parte el Cenidh y la CPDH mostraron campaña en contra de personas beneficiarias de las medidas, mostrando publicaciones donde se lee “se busca” con fotos de los beneficiarios de medidas provisionales y acusándolos de “ladrones, saqueadores y vendepatria”.
Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, resaltó la campaña en su contra por ejercer su derecho a vacunarse.
Las publicaciones presentadas son identificadas por los beneficiados de medidas provisionales con los usuarios y enlaces correspondientes.
Además, señalaron el uso de medios de comunicación ligados al Gobierno en los que se han transmitido estos mensajes. “En octubre 2019 transmitieron una entrevista en la que se me acusó de inventar los muertos causados en la represión de las protestas de 2018 y de ser negociante del manejo de los derechos humanos. Esas declaraciones de un funcionario estatal son un ataque directo del Estado estigmatizándome ante la opinión pública como una delincuente”, relató Núñez.
Aunque en reiteradas ocasiones la representante de Nicaragua mencionó la Ley de Ciberdelitos y presentó entre sus argumentos blogs y publicaciones que se encuentran en internet, sobre las fotos presentadas por los organismos de derechos humanos dijo: “No se puede tener control de todo lo que se estila y se escribe en estas redes sociales que son manipuladas y tergiversadas”.
Junto a Núñez participó Gonzalo Carrión, quien ahora forma parte del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, desde su exilio en Costa Rica. Comentó que él forma parte de los más de cien mil nicaragüenses que se exiliaron para salvar sus vidas, la mayoría de ellos en el país vecino.
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Por su parte Marcos Carmona, director de la CPDH y miembros de la organización defensora de derechos humanos, denunció ser víctima de ataque de civiles en presencia de oficiales de la Policía.
En los argumentos finales de los beneficiarios de las medidas provisionales dictadas por la CorteIDH, los defensores de derechos humanos hicieron énfasis en que no se puede enviar a la Policía nacional a dar cumplimiento a estas medidas, porque entre los agresores se encuentran oficiales de esta institución.
Policía mencionada entre agresores
Al finalizar la audiencia, Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó que el Gobierno de Nicaragua no ha cumplido con estas medidas y que al contrario los beneficiarios de las mismas se encuentran en un riesgo aún mayor.
“La CIDH requirió al Estado que garantice las medidas de protección, que se establezcan con la participación de las y los beneficiarios y se evite en la medida de lo posible que estas sean brindadas por funcionarios de seguridad, que según los beneficiarios están involucrados en los hechos”, relató Urrejola.
Agregó que la situación de riesgo continúa vigente y se ha incrementado. “La Comisión no ha identificado que el Estado (de Nicaragua) haya brindado información detallada y concreta sobre las medidas de protección adoptadas a favor sobre los y las integrantes de las organizaciones, en este sentido ordenadas por la honorable Corte”, dijo.
Urrejola cerró haciendo un llamado a la CorteIDH que reitere al Estado de Nicaragua su deber de implementar las medidas provisionales en favor de los integrantes del Cenidh y la CPDH.
Participaron en la audiencia además los jueces: Ricardo Pérez Manrique, Eugenio Raúl Zaffaron, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Humberto Antonio Sierra Porto, Eduardo Vio Grossi y Patricio Pazmiño Freire, junto a la presidenta Elizabet Odio Benito.
Esta audiencia forma parte del 141 período ordinario de sesiones de la CorteIDH, que concluye el 13 de mayo. El período ordinario de sesiones inició el 25 de enero.
En el caso de la audiencia sobre medidas provisionales a defensores de derechos humanos de Nicaragua la Corte podría emitir una resolución, aunque no existe un período establecido para ello.