Después que el régimen de Daniel Ortega reafirmó su control en el Consejo Supremo Electoral (CSE), no cabe duda para los analistas independientes que se viene otro fraude electoral en noviembre.
Los ocho nuevos magistrados del CSE y dos reelectos, serán juramentados este jueves en la Asamblea Nacional. Seis de ellos son militantes sandinistas y el resto son conocidos por su afinidad con el régimen o desconocidos que fueron propuestos por diputados que son de partidos minoritarios, que no gozan de la credibilidad de la ciudadanía y cuyo proceso de postulación en las siguientes 24 horas de la elección ya había sido cuestionado.
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El politólogo José Antonio Peraza manifestó que Ortega y su círculo de poder tienen claro que su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FLSN), no ganará unas elecciones verdaderamente justas, libres y transparentes, por eso no quieren permitir un proceso competitivo.
“La dictadura ha decido que ellos a través de elecciones libres no pueden sobrevivir, por lo tanto están haciendo todo para asegurarse el control del Consejo Supremo Electoral, para que no haya una voz discordante en el momento que haya una elección y ellos puedan perder. Por eso están asegurando y consolidando su base diciendo -nosotros vamos a ir a fondo y vamos a salir con esta victoria cueste lo que cueste”, dijo Peraza.
El politólogo también señaló que Ortega está claro que este clima de desconfianza electoral abona a su favor, debido a que habrá contradicciones sobre participar o no participar en las elecciones.
“La lógica es demostrar que está en control de todo y que va a ganar sí o sí, y eso lo que va a provocar es que se divida más la oposición en sus propias contradicciones, entre más se dividan es mejor, además de eso desmotivar a la gente para que no vaya a votar”, dijo Peraza.
La primera función de los magistrados electorales será realizar una sesión en pleno, para elegir a su Presidente y Vicepresidente. Peraza valoró que lo más probable es que los magistrados sandinistas reelectos, Lumberto Campbell y Mayra Salinas, queden a la cabeza del CSE. Sin embargo, el politólogo tiene dudas sobre la funcionalidad de Campbell, debido a que está sancionado por Estados Unidos, lo que lo limita en la ejecución administrativa y legal que tenía como vicepresidente del CSE.
La vicepresidencia del CSE pasó a tener las facultades administrativas y legales de esa institución en febrero de 2018, cuando la Asamblea Nacional, a través de una reforma a la Ley Electoral (331), le quitó esas funciones al cargo de Presidente, debido a que el titular de ese entonces, Roberto Rivas, fue sancionado por Estados Unidos por corrupción.
El presidente de Hagamos Democracia, Luciano García, también dijo que ha quedado claro que el régimen de Ortega hará otro fraude electoral para mantener su control y poder en el Estado.
“Queda claro y evidenciado que no existe ni transparencia, ni existe independencia en el poder electoral, lo que existe es un poder secuestrado por un dictador”, dijo García.
Ante eso, García propone la denuncia de ese fraude electoral, para dejar en evidencia la ilegitimidad de un nuevo gobierno de Ortega, porque está seguro de que habrá un nuevo fraude.
“Desde el punto de vista de la institución, las elecciones nos dan dos vías: o el triunfo de la oposición con elecciones libres y transparentes o la demostración hacia al mundo de que el régimen está cometiendo fraude. Dejarle al régimen el paso libre, lo que significaría es que se afiance de una manera más cómoda, por lo cual nosotros creemos que la participación de elecciones debe ser en la vía de la deslegitimación del régimen”, manifestó García.
Otra posición de las organizaciones que adversan al régimen, es llamar al no voto el día de las elecciones, para demostrar su rechazo al fraude electoral que se espera.