Si bien, en los últimos años la minería metálica en Nicaragua ha crecido en producción y exportaciones, este sector no solo deja poca contribución a la actividad económica del país, sino que en términos socioambientales genera un impacto en los ecosistemas: suelo, cuerpos de agua superficiales y subterráneos, aire y biodiversidad, por lo que es importante que se promueva la moratoria de la minería, aseguró un experto del Grupo Cocibolca, quien plantea los puntos medulares de la agenda ambiental urgente que debe asumir Nicaragua para frenar la destrucción y garantizar el cuidado y preservación del medioambiente.
La Libertad, en Santo Domingo, Rancho Grande y Río San Juan son algunos de los lugares donde la minería a cielo abierto o subterránea ha cobrado altos costos a las riquezas naturales que poseen estas comunidades, asegura Mario Sánchez, filósofo del Instituto Interdisciplinario de Ciencias de la UCA, con relación a este tema de Agenda Ambiental propuesto por el Grupo Cocibolca.
«La minería genera más costos que beneficios a la actividad económica. No es una dinámica que distribuye beneficios, sino más bien despoja bienes naturales, territorios y oportunidades de desarrollo. Por otro lado, genera costos fiscales ya que son empresas trasnacionales que tienen subsidio y beneficios fiscales, tanto de su país de origen como el de destino, y Nicaragua es uno de esos países que genera muchos beneficios a esas empresas ya que renuncia a esos costos fiscales, así que es una actividad que no favorece mucho», explicó Sánchez.
Afectaciones al medioambiente
Pese a que el artículo 64 de la Ley 387, Ley Especial sobre exploración y explotación de minas, prohíbe el vertimiento de residuos o desechos resultantes de la producción minera hacia cuerpos de aguas, el experto explicó que esta actividad es de alto riesgo para el medioambiente porque se utilizan químicos como cianuro o mercurio que «genera un efecto negativo en la cadena alimenticia de peces y otros animales. También hay un riesgo de contaminación con estos materiales que pueden afectar aguas superficiales como cuencas», expresó el filósofo.
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El Grupo Cocibolca en la propuesta de Agenda Ambiental afirmó que actualmente no hay un inventario o registros detallados por parte del Gobierno de cuántas concesiones se encuentran en territorios comunitarios, ancestrales o de los pueblos indígenas, en áreas protegidas, zonas de biosfera, refugios silvestres «e incluso las que se encuentran próximas y tendrían un impacto potencial en dichas áreas».
«Sobre este inventario actualizado, se deben definir mecanismos que rectifiquen o reviertan la autorización de esas concesiones, dada la ilegalidad e irregularidad administrativa en la que se ha incurrido por las contravenciones cometidas», sugirió.
Restablecer principio de autonomía
Para encontrar una solución a esta problemática que afecta principalmente al medioambiente, el experto señaló que el Gobierno debe de replantear su modelo de desarrollo. Sugiere restablecer el principio de autonomía de los gobiernos locales, «es decir, a la hora de aprobar un proyecto que tenga un impacto, se debe de tomar en cuenta la vocación del territorio y el principio de autodeterminación de las comunidades, ejemplo, hacer consulta previa e informada a la población sobre extracción minera y su impacto», explicó.
Asimismo agregó que debe de haber una coordinación entre las distintas instancias para construir una agenda de desarrollo exitosa, que involucre a la economía y el medioambiente «donde se tome en cuenta a la sociedad civil, la academia, sector privado, comunidades y organizaciones sociales, y no como se hace actualmente donde solo se involucra el Gobierno y el sector empresarial privado», finalizó.