A pocos días de finalizar el mes de abril, la Contraloría General de la República (CGR) publicó en su sitio web oficial el Informe de Gestión Anual correspondiente año 2020, en el que proyecta su quehacer institucional. La doctora María José Mejía García, presidenta del Consejo Superior, informó que estamos “comprometidos en seguir implementando las mejores prácticas internacionales en materia de fiscalización y auditoría gubernamental, coadyuvando con la administración pública en la mejora continua de la rendición de cuentas; fomentando la transparencia en beneficio de nuestra ciudadanía y de nuestro país”.
Por tercer año consecutivo, el informe no establece si la institución recibió denuncias ciudadanas a pesar de que existen una “Normativa Procedimental para la Tramitación de Denuncia Ciudadana”, que tiene por finalidad establecer mecanismos que faciliten a los ciudadanos interponer denuncias y regular los lineamientos normativos y procedimentales para la recepción y trámite de las denuncias ciudadanas por parte de la CGR, sobre actos irregulares en el uso de los bienes y recursos del Estado. En 2016 la institución recibió 18 denuncias y para el año 2017 fueron 13 denuncias ciudadanas.
¿Por qué la principal institución de fiscalización de los bienes públicos no recibió denuncia ciudadana en 2020? ¿Es acaso que la ciudadanía no conoce los procedimientos para denunciar? ¿Existe desconfianza en los resultados de las investigaciones que efectúa la institución? ¿Los ciudadanos tienen miedo a futuras represalias? o en el mejor de los casos, ¿se debe a que en las instituciones públicas no existe ningún tipo de actos de corrupción, aunque Transparencia Internacional ubicó a Nicaragua como el tercer país más corrupto de la región?
La CGR es el órgano rector del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado. Las asignaciones de la institución son: 1. Establecer el sistema de control que de manera preventiva asegure el uso debido de los fondos gubernamentales. 2. El control sucesivo sobre la gestión del Presupuesto General de la República. 3. El control, examen y evaluación de la gestión administrativa y financiera de los entes públicos, los subvencionados por el Estado y las empresas públicas o privadas con participación de capital público.
La presentación del informe proyecta que la CGR cumple exitosamente los preceptos de la Constitución Política y que fiscaliza correctamente las 252 entidades que conforman el sector público (99 instituciones gubernamentales y 153 municipalidades), pero si comparamos los datos y cifras respecto a los años anteriores, visualizaremos que la institución encargada de auditar y fiscalizar la cosa pública no cumple con sus asignaciones específicas.
En el año 2016, la Contraloría no fiscalizó a 29 entidades, cifra que mantuvo en 2017. Para el año 2018, las entidades no fiscalizadas fueron 68. Sin embargo, para el año 2019, la cifra en vez de disminuir siguió incrementando y así llegó a 82 instituciones del Estado sin fiscalizar. Recientemente la Contraloría informó que en 2020 dejaron de fiscalizar 104 instituciones. Lo que equivale a 75 instituciones sin fiscalizar respecto al año base 2016.
Los funcionarios de la institución no lograron cumplir con las metas de fiscalización y control en las instituciones públicas, que se evidencia en el incremento estrepitoso de instituciones sin fiscalizar. Es importante mencionar que los servidores públicos activos de la CGR ascienden a 428, de ellos, 2 poseen título de doctorado (1 %), 57 maestría (13 %), 197 nivel universitario (46 %), el resto de servidores se encuentran ubicados en un nivel de técnico, bachillerato y primaria.
En el caso concreto, cuando un país carece de un ente autónomo y profesional encargado de fiscalizar y auditar los bienes del Estado, la consecuencia directa es el incremento de los niveles de corrupción. Recientemente, Transparencia Internacional presentó el 28 de enero de 2021 el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2020, y refleja que Nicaragua, Haití y Venezuela son los países que obtuvieron el peor desempeño en materia de corrupción pública, con 22, 18 y 15 puntos, respectivamente, (el Índice se mide en una escala de 0 a 100. Los países que se aproximan al 0 son los más corruptos y los que se acercan al 100 son los que poseen menores niveles de corrupción).
La autora es abogada e investigadora.
